En charla con GEN, el fiscal Néstor Coronel señaló que existen múltiples oficios enviados tanto al IPS como a la entidad bancaria, algunos de los cuales ya fueron respondidos parcialmente, aunque otros puntos siguen pendientes.

En particular, el Banco Atlas no aclaró aspectos vinculados a la inclusión de una cláusula específica dentro del contrato de fideicomiso, que posteriormente permitió la reasignación de recursos.

Coronel explicó que la investigación se encuentra en etapa de análisis documental, con revisión de contratos, borradores y órdenes de pago, en coordinación con información remitida por el IPS.

De acuerdo con los antecedentes, el fideicomiso estaba inicialmente orientado a la financiación de cuatro obras de salud: la terminación del Hospital Ingavi, la construcción de una policlínica, un hospital de día y un hospital hemato-oncológico.

Sin embargo, en el documento final se incorporó un quinto punto denominado “otros centros de salud”, lo que habilitó la redistribución de recursos hacia proyectos distintos a los originalmente previstos.

Varias auditorías del IPS señalan que esa modificación contractual derivó en la utilización de una parte significativa de los fondos en obras no contempladas inicialmente, algunas de ellas inclusive fueron obras fantasmas.

El fiscal indicó que la investigación busca establecer responsabilidades dentro del proceso de estructuración y ejecución del fideicomiso, aunque aclaró que aún no es posible atribuir responsabilidades individuales de forma definitiva. “Sería irresponsable adelantar conclusiones mientras seguimos analizando la documentación”, señaló durante la entrevista.

Añadió que el equipo fiscal continúa reconstruyendo el circuito administrativo y financiero del contrato para determinar cómo se aplicaron los recursos y bajo qué decisiones se realizaron las modificaciones.

Coronel sostuvo que tampoco es posible establecer un plazo exacto para la conclusión del análisis, aunque afirmó que el objetivo es avanzar en el menor tiempo posible.

Hay siete razones para rescindir el acuerdo leonino con Atlas y garantizar que los recursos se utilicen de manera correcta y transparente.

1. Desviaron gran parte del dinero a obras no presupuestadas:

El contrato tenía como objetivo financiar la construcción del Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día (Buongermini) y el Hospital Hemato-Oncológico. Solo el 26 % del dinero se destinó a estos proyectos, mientras que el 74 % restante se desvió a obras y refacciones bajo el ítem “Otros Centros de Salud”, incluido sin autorización del IPS.

Como consecuencia, dos de los cuatro hospitales no se concluyeron: el Hospital Día quedó con avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera fue iniciado con fondos del fideicomiso, obligando al IPS a destinar recursos propios para continuar las obras. Miles de asegurados quedaron esperando servicios que deberían haberse concretado hace años.

2. Falta de control: Atlas no informó al Banco Central, pese a ser su obligación legal.

El banco tenía la obligación de orientar y asesorar al IPS sobre las mejores prácticas para cumplir las cláusulas del contrato, pero no remitió los informes trimestrales al Banco Central del Paraguay (BCP).

Aquí surge una pregunta clave: ¿Qué control real tenía el IPS sobre los fondos?

3. Hubo un millonario beneficio indebido para el banco:

Una auditoría interna del IPS detectó que el contrato operaba con cuatro cajas de ahorro, una de las cuales no generaba intereses, manteniendo un saldo superior a G. 5.000 millones fuera de lo pactado. Además, un informe externo concluyó que Atlas no pagaba intereses sobre parte de los fondos fiduciarios, lo que representó un beneficio indebido para el banco y un perjuicio patrimonial para la previsional.

De acuerdo con cálculos estimativos, existirían alrededor de G. 803 millones que debieron haberse acreditado en concepto de intereses en la cuenta de ahorro. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿Cuánto ganó realmente el banco con este fideicomiso?

4. Se hicieron pagos con firmas no autorizadas:

De acuerdo con la auditoría, varios certifica­dos de obras fueron firmados por funcionarios no autoriza­dos del IPS. En documentos enviados al banco Atlas para el desembolso de dinero a las constructoras, se observa la firma del director de Man­tenimiento, cuando debe­ría ser el de Infraestructura quien rubrique el Certificado de Cumplimiento de Obra y Orden de Pago. Pese a la irre­gularidad, la entidad bancaria hizo el desembolso de dinero a las constructoras contratadas por la previsional.

5. Inacción de organismos de control:

Al estar involucrada una entidad bancaria, el Banco Central del Paraguay (BCP), como entidad reguladora del ecosistema bancario, debe intervenir. El propio IPS le solicitó formalmente un informe técnico y jurídico sobre el cumplimiento del contrato administrado por el Banco Atlas, en el marco de un arbitraje millonario iniciado por una constructora por los pagos que estaban pendientes por la construcción del Hospital Ingavi, uno de los cuatro hospitales previstos en el acuerdo de fideicomiso. Sin embargo, el BCP nunca respondió.

Una pregunta que aún no se responde es: ¿Por qué el Banco Central no intervino ante las irregularidades detectadas en las distintas auditorías?

6. Se pagaron obras fantasmas:

Con la auditoría interna del IPS se detectaron falencias que hacen suponer el pago por obras fantasmas, al constatarse diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto de alrededor de G. 1.760 millones. De la verificación en 24 hospitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria, se constataron irregularidades en 16 sitios.

7. Responsabilidad penal de directivos de Atlas:

De acuerdo con el contrato, el banco Atlas era responsable de la verificación documental, tal como se encargó en el contrato. La cláusula décimo primera establecía las obligaciones especiales del fiduciario, entre ellos: cumplir con todas las obligaciones que en virtud del Contrato de Fideicomiso se le imponen, realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, mantener actualizada y en orden la información y documentación relacionada con las operaciones realizadas para el cumplimiento de la finalidad señalada en el Contrato de Fideicomiso, entre otros.

En ese sentido, el banco Atlas debía velar por el buen uso de los recursos del IPS, sin embargo, lo que estaba expresamente presupuestado no se hizo y el dinero se esfumó.

Una vez más, el presidente Peña fue consultado acerca del incremento del sueldo mínimo que debe decretarse en junio y comenzar a regir desde el 1 de julio.

“No quiero adelantarme a la posición, esta es una conversación que hoy se da en la Conasam, siempre queremos que las decisiones salgan por consenso entre las partes, no voy a adelantar qué hará el Ejecutivo, queremos que haya un consenso”, respondió.

Reiteró que no le parece justo un incremento de apenas 60.000 guaraníes y pidió respetar los procesos que en este momento se desarrollan en dicha comisión.

Si bien no hubo ningún cambio de ley y el incremento se define por el porcentaje de inflación interanual acumulada, al punto que la Conasam se ha limitado a cumplir un rol de pasapapeles, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, anunció que ese patrón se romperá esta vez.

“Anteriormente se reunían esperando solamente la inflación de mayo con un envío de una nota del BCP, se firmaba el acta y se iba, era un pasamano, eso no va a ocurrir ahora, vamos a tener una real negociación”, afirmaba Recalde la semana pasada, en una visita al canal Gen.

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Recordó que la ley es clara, en el sentido de que el salario se define sobre la base del IPC, no en base al IPC, lo cual les otorga cierto margen para que las partes puedan negociar. Además, señaló que la Conasam no se rige solamente por el artículo 256 del Código Laboral, sino por un capítulo que va desde el artículo 249 al 259.

“Se va a trabajar realmente en una tripartita que pueda definir el salario real, ese va a ser el cambio, no esperar una nota”, subrayó.

El sector empresarial pide que se mantenga el sistema actual, los trabajadores exigen más del 20 % del reajuste y el Gobierno esperar encontrar una fórmula distinta que apunte a una verdadera compensación de la pérdida del poder adquisitivo.

La inteligencia artificial está revolucionando el mundo y necesita de dos elementos críticos para su crecimiento: la energía eléctrica y los microchips procesadores. Paraguay tiene lo primero y Taiwán lo segundo, destacó el mandatario Peña.

Bajo esta premisa se firmó el acuerdo para un proyecto muy ambicioso, tanto que Peña lo compara con la binacional Itaipú. Se trata de la construcción de un data center o centro de inteligencia artificial, pero no uno más, sino uno de los más grandes del mundo.

Mientras Taiwán cuenta con la tecnología más avanzada en IA, Paraguay es el único de los 12 países aliados que cuenta con energía hidroeléctrica, un insumo fundamental para alimentar a los procesadores de IA, los cuales, demandan una gran cantidad de electricidad.

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“Esto sería como lo que fue en su momento itaipú, en esa misma línea hoy estamos tomando una decisión ambiciosa que muchos dicen que no se puede hacer”, comentó Peña.

Peña detalló que este proyecto de infraestructura se desarrollará en tres fases, la primera, de 10 MW, la segunda de 100 MW y la tercera de 1GW.

Si bien la fábrica será prácticamente automatizada, se generarán miles de empleos, pues se necesitarán técnicos, electricistas, ingeniería, programadores, logística, construcción y servicios.

“El derrame económico para levantar el PIB del país es mucho más grande, son miles de millones de dólares. El recambio es muy rápido, la tecnología sigue avanzando y es una oportunidad enorme que no podemos dejar de aprovechar”, afirmó el titular del Mitic, Gustavo Villate.

Este será un caso sin precedentes, pues, por primera vez, una entidad binacional estará integrada por países que no son vecinos y que, geográficamente están muy distantes entre sí.

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El evento comenzará a las 10:00 de la mañana y se realizará con un número de participantes menor al habitual, según explicó ayer el presidente Santiago Peña. La duración aproximada será de una hora y media.

“Se desplegó un contingente de personas como nunca antes hacia Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción, por eso, se va a hacer una versión más pequeña, no con todos los de siempre”, comentó Peña.

El Ministerio de Defensa había informado que el desfile no se llevaría a cabo, debido a que los militares se encontraban concentrados en dos misiones: operativos contra grupos armados en el norte y asistencia a familias afectadas por las inundaciones en el Chaco.

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Tras la decisión tomada a pedido del vicepresidente PEdro Alliana, el ministro de Defensa, Óscar González, aclaró que estos operativos se mantendrán y que los desfiles se realizarán, pero con un número reducido de militares en relación a lo habitual.

La ministra de Cultura, Adriana Ortiz, a quien se le atribuyó la injerencia de no hacer el desfile, respondió que la cartera a su cargo no tiene potestad de decidir nada y ni siquiera de hacer recomendaciones.