Entre las opciones habilitadas para este pasaporte se encuentran inversiones de USD 150.000 en proyectos turísticos, o de USD 200.000 en la bolsa de valores o en el sector inmobiliario de Paraguay.

Durante la presentación, el ministro Riquelme explicó que esta herramienta responde a la necesidad de ofrecer mayor flexibilidad a los inversionistas. “Muchos querían radicarse primero y luego desarrollar sus proyectos. Hoy habilitamos esa posibilidad, vinculando la residencia a inversiones que también dinamizan sectores clave como el turismo, el financiamiento y el mercado inmobiliario”, señaló.

El titular del MIC destacó además que el programa incorpora beneficios fiscales, como una menor tasa impositiva sobre dividendos para residentes del 15% al 8%, y que el proceso será mayormente electrónico, requiriendo la presencia física en Paraguay solo para la emisión de la cédula de identidad.

“El sistema es simple, transparente y con acompañamiento permanente. Desde el MIC, a través de SUACE, y junto con Migraciones, estamos disponibles para guiar a los inversionistas en todo el proceso”, agregó.

Paraguay en la mira de inversiones

Por su parte, el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, resaltó el creciente interés de extranjeros por radicarse en Paraguay. Según datos oficiales, el país pasó de 28.000 solicitudes de radicación en 2024 a más de 47.000 en 2025, con una proyección de alcanzar las 80.000 en el presente año. La mayoría de los solicitantes provienen de Brasil.

Explicó que este nuevo esquema se apoya en una ley especial que permite otorgar residencia permanente directa a quienes realicen inversiones, eliminando el requisito previo de la residencia temporal. “Estamos apuntando a atraer perfiles que realmente apuesten por el país, facilitando los trámites a través de una ventanilla única que integra procesos migratorios, tributarios y de identificación”, indicó.

Asimismo, detalló que el certificado de inversionista, emitido por el MIC, amplía sus categorías, incorporando nuevas opciones como el turismo, el mercado de valores y el sector inmobiliario, además de la inversión productiva tradicional.

Con el Paraguay Investor Pass, el Gobierno busca posicionar al país como un destino competitivo para la inversión internacional, promoviendo la generación de empleo, el desarrollo de sectores estratégicos y una mayor integración al mercado global.

El fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Deny Pak, presentó la acusación formal contra Gianina García Troche, pareja del presunto capo narco uruguayo Sebastián Marset, y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La acusación la sindica como una pieza activa y fundamental dentro del esquema de blanqueo de capitales de la organización criminal liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. Según la tesis fiscal, García Troche fue beneficiaria directa de las ganancias ilícitas del tráfico internacional de cocaína y participó en su inserción en el sistema financiero nacional.

El requerimiento conclusivo fue entregado a la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, quien ahora deberá analizar el documento y fijar la fecha para la correspondiente audiencia preliminar.

Los elementos recabados por la Fiscalía describen detalladamente cómo la mujer utilizó el dinero de origen ilícito para costear un ostentoso nivel de vida, realizar inversiones en un club de fútbol, montar empresas y adquirir bienes de alto valor.

El eje central de la estructura de lavado atribuida a García Troche fue la constitución de la sociedad “Grupo San Jorge SA”, que operaba bajo el nombre de fantasía “Total Cars”. La acusada poseía el 75% de la participación accionaria y ocupaba la presidencia de la firma.

De acuerdo con el Ministerio Público, esta empresa fue diseñada con el único objetivo de introducir al circuito financiero legal el dinero proveniente de las actividades del narcotráfico, funcionando como una pantalla para aparentar operaciones comerciales lícitas y justificar los millonarios movimientos económicos del entorno de Marset.

El fiscal Deny Pak sostiene que García Troche, en su condición de pareja del líder de la red, actuó con el propósito de asegurar el disfrute de los beneficios económicos obtenidos mediante el envío de grandes cargamentos de estupefacientes a nivel internacional.

En la sesión extraordinaria de ayer, la Cámara Alta incluyó en el orden del día el proyecto de ley que exonera del pago de impuestos y tasas a la importación de vehículos especializados donados y/o adquiridos a las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay.

Los tributos exonerados son: el IVA, el Impuesto Aduanero a la Importación, la tasa de despacho aduanero y cualquier otro gravamen aplicable al ingreso de estos bienes.

Se incluyen en la exoneración a camiones hidrantes, vehículos de rescate, unidades de intervención rápida, ambulancias destinadas a la atención de emergencias y cualquier otro vehículo de uso exclusivo de bomberos.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Silvio Ovelar, solicitó la postergación por ocho días, bajo el argumento de que el titular de la DNIT, Óscar Orué, no se presentó a la reunión en la que debía dar su parecer como institución afectada.

La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de diciembre pasado y tendrá sanción automática el próximo 31 de mayo, razón por la cual no queda mucho tiempo para expedirse al respecto.

La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo emitió un dictamen por el rechazo de la propuesta.

Carlos Acuña, fiscal de la Unidad Penal 2 de Fernando de la Mora, imputó a Elías Cabral por abandono e incitación a cometer a hechos punibles, y a Pedro Ismael Ferreira Verdún y Rodrigo Andrés Piatti Morínigo por perturbación de la paz pública.

La audiencia de imposición de medidas cautelares será el próximo 28 de mayo, es decir, dentro de una semana, a las 8:00 de la mañana.

Personas de la tercera edad, oriundas de diferentes puntos del país, se manifestaron durante más de un mes frente al Ministerio de Desarrollo Social, con base a información que recibieron de parte de Cabral.

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El dirigente procesado les dijo a los ancianos que todos tienen derecho a cobrar automáticamente desde los 65, omitiendo el método de ingreso gradual que está explícitamente en la ley.

Si bien la edad mínima para ser beneficiario es de 65 años, el mecanismo de ingreso al programa de pensión universal de Adultos Mayores se realiza de mayor a menor, según lo establece la ley promulgada en diciembre del 2024.

Después de instarlos a reclamar el cobro, el autodenominado coordinador abandonó a estas personas en la calle, a sabiendas de que todavía no cobrarían y que la espera a la intemperie sería en vano.

La última tanda de abril incorporó a las personas que cumplieron 68 años hasta noviempbre pasado. El cupo de 30.000 nuevos ingresos por año ya se completó, pero todavía habría disponibilidad para un pequeño grupo.