El proceso de socialización del nuevo Código de Defensa del Consumidor 2026 continúa avanzando, y uno de los puntos que generó mayor interés en esta etapa de seguimiento es la regulación de los servicios públicos esenciales. A diferencia de la normativa vigente, el proyecto busca establecer parámetros de control mucho más estrictos para garantizar la calidad y la continuidad de servicios como la electricidad y el agua.

Protección ante facturaciones “sorpresa”

Uno de los cambios más esperados por la ciudadanía es la creación de mecanismos específicos para proteger a los usuarios ante facturaciones anómalas. En la práctica actual, los usuarios a menudo se ven obligados a pagar montos excesivos para evitar el corte mientras se resuelve un reclamo administrativo.

El nuevo Código propone una solución directa: en caso de una factura con montos inusuales, el consumidor tendrá el derecho de pagar un promedio de sus facturas anteriores mientras dure el proceso de resolución del reclamo. Esta medida busca aliviar la presión económica sobre el usuario y asegurar que el servicio no sea interrumpido por una deuda en disputa.

El enfoque preventivo de la reforma

La ministra de la SEDECO, Sara Irún, enfatizó que el objetivo principal es que el consumidor obtenga una reparación rápida a su problema. “Lo que busca esto es un enfoque más preventivo”, señaló al referirse a la necesidad de detectar patrones de falla en los servicios antes de que afecten a miles de personas.

Este seguimiento del proyecto también contempla la transversalidad del derecho del consumidor, posicionándose como un pilar para una economía moderna en Paraguay. El texto sigue en etapa de recepción de aportes, permitiendo que la ciudadanía y sectores interesados participen en la construcción de estas reglas hasta el 31 de mayo de 2026.

Por seis votos en contra de su pedido y tres a favor, la Corte Suprema de Justicia le dijo no a la exlegisladora Kattya González.

Miguel Rodas, Esteban Kriskovich, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y César Diesel votaron por el rechazo. En tanto, Víctor Ríos, Gustavo Santander y Manuel Ramírez Candia, por la admisión.

Los ministros concluyeron que, al momento de la expulsión de González, no estaba vigente la resolución número 429/2023, por la cual se modificó el reglamento interno de la cámara, sobre las mayorías necesarias para la pérdida de investidura.

Para los magistrados, aquella modificación fue inconstitucional, por tanto, el único mecanismo vigente fue y sigue siendo el que establece la Carta Magna: mayoría simple de votos.

El 17 de julio del 2024, meses después de la expulsión registrada el 14 de febrero del mismo año, la asesoría jurídica del Senado emitió un dictamen favorable a la decisión tomada por el pleno.

La conclusión indicaba que la Cámara obró correctamente y se basa en cuatro artículos de la Carta Magna: 3, 137, 256 y el 260.

El 3 sobre la independencia de poderes, el 137 sobre la primacía de la Constitución (carecen de validez todos los actos contrarios a ella), el 256, párrafo 2, donde establece que toda sentencia judicial debe estar fundada en la Constitución Nacional, y el 260, respecto a la competencia de la Sala Constitucional para tratar y entender este tipo de cuestiones.

En la última sesión del 2023 se aprobó la modificación del reglamento interno de la Cámara Alta, respecto a la elevación de la mayoría necesaria para la destitución de un legislador.

Para Godoy, aquella resolución es inconstitucional, pues, fijar una mayoría absoluta como hizo la 429 va contra la Carta Magna que dice que, en caso de que la CN no establezca una mayoría, regirá la mayoría simple de votos.

El primer caso corresponde a una mujer de 59 años de edad, quien ingresó al IPS el pasado 7 de mayo de 2026. Tras confirmarse el diagnóstico de botulismo, la paciente fue instalada en el Servicio de Terapia Intensiva Adultos I. A la fecha, el reporte médico señala que se encuentra lúcida, afebril y traqueostomizada, mostrando una mejoría neurológica de carácter progresivo.

Por su parte, el segundo paciente es un hombre de 62 años que fue hospitalizado más recientemente, el pasado 2 de junio, bajo condiciones de derivación similares desde un sanatorio privado.

Los especialistas indicaron que el hombre se encuentra estable, lúcido y con pupilas reactivas, aunque todavía presenta ptosis palpebral (caída del párpado), un síntoma característico de esta toxina. El mismo cuenta con traqueostomía y gastrostomía para asegurar su soporte vital y nutricional.

A pesar de la gravedad que reviste el botulismo, una enfermedad neuromuscular rara pero potencialmente letal, ambos pacientes muestran signos de evolución positiva.

El reporte del IPS enfatiza que los dos adultos mayores se encuentran movilizando las extremidades y están sujetos a un riguroso seguimiento multidisciplinario diario que involucra a diversas especialidades médicas, así como a programas intensivos de rehabilitación física.

Frente a este escenario que mantiene en alerta a la comunidad médica, las autoridades sanitarias del hospital recordaron la importancia del diagnóstico precoz y la inmediata atención especializada en casos de sospecha.

Instan a la población a mantener la calma y a seguir los canales oficiales para informarse sobre la evolución de los casos y las medidas de prevención pertinentes.

El agente fiscal Luis Amado, de la Unidad Penal N.° 2 de la Fiscalía Regional de Fuerte Olimpo, formuló imputación contra un hombre por la supuesta comisión del hecho punible de producción de riesgos comunes, tras un incidente registrado luego de la jornada electoral.

De acuerdo con los antecedentes, el ahora procesado habría realizado varios disparos al aire utilizando un arma de fuego calibre .44, alrededor de las 23:00 horas, una vez conocidos los resultados de los comicios internos desarrollados el domingo en la capital del departamento de Alto Paraguay.

Además de la imputación, el representante del Ministerio Público ordenó la detención del sospechoso y lo puso a disposición del Juzgado Penal de Garantías. Según la investigación, se constató que el mismo estaba vinculado a una causa por violencia familiar y se encontraba en situación de rebeldía.

La Fiscalía continúa con las diligencias investigativas para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.