Desde el 2018, la Justicia de Paz en Paraguay experimentó una ampliación masiva de sus competencias con el objetivo de descongestionar los tribunales superiores. Sin embargo, este cambio se realizó a través de una normativa con una “redacción poco feliz” y carente de rigor técnico, lo dejó a los juzgados en un caos interpretativo. Lo que debía ser una solución para agilizar procesos menores se ha convertido en un escenario de contiendas negativas de competencia, donde los jueces a menudo no tienen claro qué casos les corresponde atender, especialmente en pleitos sobre inmuebles.

En este escenario, se detectó un modus operandi que desnaturaliza las herramientas de protección ciudadana.

“La naturaleza de la Ley 5777 era proteger a la mujer contra toda forma de violencia, no la de violar el derecho a la propiedad privada” menciona la abogada Alejandra Peralta.

El proceso comienza generalmente con una denuncia bajo la Ley 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres, alegando “violencia psicológica”, una figura de interpretación sumamente amplia. Amparados en el principio de verosimilitud —que obliga al juez a creer en el relato de la supuesta víctima para dictar medidas urgentes—, muchos Jueces de Paz firman órdenes de exclusión del hogar de forma automática. El problema crítico es que estas órdenes se emiten sin realizar un análisis de rigor analítico sobre los hechos ni verificar quién es el verdadero dueño de la propiedad, permitiendo que propietarios legítimos terminen en la calle en cuestión de horas, omitiendo el juicio de desalojo que garantiza el derecho a la defensa.

Este drama se agrava por el choque directo entre leyes y procedimientos. La Ley 6059/18 contiene antinomias (contradicciones) críticas: mientras el inciso “a” prohíbe explícitamente a los jueces de paz entender en acciones posesorias sobre inmuebles, el inciso “b” parece facultarlos según el valor fiscal o la superficie de la propiedad. Esta ambigüedad normativa permite que se ignoren las garantías constitucionales del debido proceso. Al utilizar una medida de protección para resolver un conflicto de propiedad, se saltan los controles de un juicio ordinario, dejando al ciudadano en un “vía crucis” judicial que puede durar meses en apelaciones antes de lograr recuperar su hogar.

Las cirugías se realizarán los próximos 29 y 30 de junio. Son dos complejas intervenciones quirúrgicas dirigidas a pacientes que superaron tratamientos oncológicos o que presentan defectos mamarios severos, ofreciéndoles una alternativa terapéutica de primer nivel.

La jornada tendrá un fuerte componente internacional gracias a la participación del Dr. Alberto Peek, un reconocido cirujano plástico proveniente de Frankfurt, Alemania, y especialista en microcirugía reconstructiva.

El procedimiento elegido para ambas cirugías es el colgajo libre tipo DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator), una de las técnicas más modernas y menos invasivas a nivel global. El método consiste en trasladar un segmento de piel y grasa del abdomen hacia el tórax para moldear la nueva mama, con la gran ventaja de que se preserva intacta la musculatura abdominal.

Mediante el uso de un microscopio quirúrgico, los profesionales realizan la delicada unión de arterias y venas para asegurar la correcta irrigación sanguínea del tejido trasplantado.

Dada la minuciosidad y el nivel de detalle que exige la técnica, se programó una sola intervención por día, estimando que cada operación demandará aproximadamente seis horas de labor en el quirófano.

Personal de la Comisaría 1ª de Caazapá este domingo tomó intervención ante una denuncia por la circulación de billetes presuntamente apócrifos, en el barrio Santa Teresita de dicha localidad.

Sergio Flores Benítez fue denunciado por otra persona, de nombre Juan Ramón Monges, luego de que este último recibiera la suma de 700.000 guaraníes, en billetes de G. 100.000 cuya autenticidad quedó en dudas.

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Según el reporte, Flores había protagonizado un roce con el denunciante, tras lo cual ofreció la entrega de dinero para arreglar el asunto y compensar los daños, a fin de evitar una denuncia ante la Policía Nacional.

Luego de recibir el dinero, Monges empezó a sospechar de los billetes que le habían entregado, razón por la que acudió a la dependencia policial para radicar la denuncia. Posteriormente, se procedió al arresto de Flores.

En su poder incautaron G. 2.900.000, que se suman a los G. 700.000 entregados previamente al otro conductor, totalizando así G. 3.600.000 que, según los datos que se manejan, serían billetes falsificados.

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Las sospechas apuntan a que el dinero iba a ser destinado a la compra de votos durante las internas partidarias, ya que Flores sería un “puntero” que opera para uno de los candidatos colorados de la zona.

Por disposición de la fiscal Laury Vázquez, este hombre fue detenido junto a otra segunda persona, identificada como Ricardo Galeano, quienes permanecen a disposición del Ministerio Público.

En un acto celebrado esta mañana en el Palacio de Gobierno, se realizó la presentación oficial de los kits que serán proveídos por la empresa Starlink.

Se trata de un total de 1.600 kits que serán destinados a escuelas rurales, centros de salud y comunidades distintas en el interior del país, donde existen dificultades para acceder a internet.

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Del acto participaron el presidente Santiago Peña, los ministros Luis Ramírez (MEC), Gustavo Villate (MITIC), Rodrigo Nicora (Justicia), además de Juan David Vélez, Government Sales Manager de Starlink.

Con esta incorporación, el alcance de esta iniciativa crecerá sustancialmente, permitiendo que la conectividad llegue a más comunidades que históricamente han enfrentado desafíos para acceder a servicios de banda ancha fiables.

Esta iniciativa es impulsada en conjunto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MITIC), COPACO y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), como parte de una alianza destinada a reducir la brecha digital y llevar oportunidades a comunidades remotas y desatendidas.

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Hasta el momento, ya se han instalado 100 kits en escuelas rurales de la región del Chaco, como parte de un objetivo inicial de conectar 500 sitios, entre los que se incluyen instituciones educativas y centros de salud.

El gobierno apunta a beneficiar aquellas áreas donde la conectividad puede generar el mayor impacto social, dando prioridad a las comunidades vulnerables, las zonas rurales aisladas, las instituciones educativas y los centros de atención al ciudadano.