La emblemática vivienda de Serafina Dávalos, ubicada en pleno centro de Asunción (sobre la calle Luis Alberto de Herrera casi Estados Unidos), se encuentra en un avanzado estado de deterioro y abandono que amenaza con su derrumbe definitivo.

Ante la inacción de las autoridades, el Centro de Documentación y Estudios (CDE) junto con otras 13 organizaciones de la sociedad civil se movilizaron este martes para exigir respuestas urgentes al Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que posee el título de propiedad del inmueble.

Las representantes de estas organizaciones, acompañados por Gabriela Dávalos, sobrina-nieta de la prócer civil, acudieron a la sede central de la previsional para entregar una nota formal y un dossier de firmas ciudadanas al presidente del IPS.

Aunque tras la reciente presión mediática el IPS realizó una limpieza superficial de la fachada, el interior de la casona está en ruinas. El inmueble fue declarado Bien de Valor Patrimonial Cultural Nacional por la Secretaría Nacional de Cultura en 2021, pero la falta de seguridad lo convirtió en blanco de delincuentes.

“Se cae a pedazos. Sacaron todos los detalles de hierro. Serafina era muy aficionada a la arquitectura y la casa estaba llena de riquísimos detalles con metal, moldería, madera y vidrio. Hoy queda poco y nada porque se roban el hierro para vender”, lamentó Gabriela Dávalos en entrevista con GEN.

El proyecto plantea que la restauración sea una responsabilidad compartida. Debido a la envergadura de la obra, proponen que el IPS delegue y coordine acciones con la Oficina de la Primera Dama (que lidera la puesta en valor de sitios históricos), la Secretaría Nacional de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y el Ministerio de la Mujer. El objetivo final es transformar el lugar en un espacio seguro de arte, cultura, biblioteca y contención para todas las mujeres del país.

RESPALDO DEL CONGRESO

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que declara de interés nacional la recuperación, preservación y puesta en valor de la casona histórica, metiendo presión a la previsional para que preserve su propio activo.

Serafina Dávalos rompió los paradigmas de su época al convertirse en la primera mujer abogada del país y se consagró como una de las pioneras absolutas en la lucha por los derechos civiles, políticos y la participación de las mujeres en la vida pública nacional.

El Dr. Héctor Castro, director del Hospital Acosta Ñu, comentó que cerca del 50% de las ocupaciones en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) obedecen a cuadros respiratorios severos en niños.

“Lo llamativo en estas últimas semanas es el aumento considerable, tanto en las consultas en urgencias como en la internación”, indicó al canal NPY.

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La Influenza A (H3N2) es la variante predominante entre los pacientes atendidos en el hospital pediátrico ubicado en la ciudad de San Lorenzo, cuyos síntomas son los mismos que la gripe estacional común.

Un detalle preocupante es que la mayoría de los menores que acuden al Acosta Ñu no cuentan con la vacuna contra la influenza, mencionó el profesional, razón por la que, una vez más, instó a la inmunización de los más pequeños del hogar.

En ese sentido, recordó que los niños y los adultos mayores son los que se exponen a un mayor riesgo en caso de contraer la enfermedad, al igual que las personas con enfermedades de base.

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La vacunación contra la influenza disminuye sustancialmente las complicaciones graves, aseveró, reiterando que a través de la inmunización se evitan las formas graves de la enfermedad respiratoria.

Finalmente, Castro instó a adoptar medidas preventivas para evitar contagios, como el lavado de manos, la ventilación de ambientes cerrados, además del uso de tapabocas y el reposo en el hogar en caso de presentar síntomas.

Este martes se registró una intoxicación por inhalación de gas pimienta dentro del Colegio Nacional “Cerro Corá”, ubicado en el barrio Obrero de Pedro Juan Caballero.

La situación afectó a un grupo de alumnos del 8vo Grado - Sección A, poco después de ingresar al salón de clases para rendir un examen de matemáticas que estaba fijado para la primera hora.

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Según informaron medios locales, uno de los estudiantes esparció gas pimienta (del tipo utilizado para defensa personal) dentro del aula, presumiblemente con el objetivo de evitar la realización de la prueba escrita.

Varios de sus compañeros empezaron a presentar síntomas tras quedar expuestos a la sustancia química, incluyendo tos, agitación y dificultades para respirar, obligando a la rápida evacuación del lugar.

Entre 8 a 10 menores de edad debieron ser trasladados de urgencia al Centro de Especialidades “Juan Pablo II”, a fin de recibir atención médica, luego de presentar reacciones derivadas de la inhalación.

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Dos de los alumnos quedaron internados bajo observación, mientras que una estudiante tuvo que ser derivada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, a raíz de complicaciones neurológicas severas y somnolencia.

La mayoría de los intoxicados ya se encuentra fuera de peligro, por lo que acabaron recibiendo el alta médica horas después de producirse el incidente.

El Poder Ejecutivo anuló los decretos 5306 y 5307, del 16 de enero de 2026, y 5860 y 5861, del 24 de abril, relacionados con industrias convergentes, inteligencia artificial, hidrógeno verde y similares, que establecían condiciones tarifarias ventajosas para empresas de dichos rubros, como una forma de incentivo para la inversión, y también estipulaban límites en la contratación de potencia.

La derogación llega en un momento clave en el que la ANDE está a la espera de llegar a un acuerdo con la firma Atome, dedicada a la producción de fertilizantes, elaborados con hidrógeno verde generado a partir de energía limpia y renovada, es decir, alrededor del 80 % de su componente de costo es la electricidad.

El ministro de Industria, Marco Riquelme, informó que esos decretos permitían a la ANDE ser un poco más flexible en la redacción de contratos directos con ciertas industrias como las catalogadas como electrointensivas, por ser la electricidad su principal demanda.

“En el mundo, las políticas de atracción de inversiones para este tipo de industrias que cambian el esquema económico de un país se hacen con concesiones del gobierno, ya sea disfrazadas como incentivos fiscales o con alguna obra adicional que hace el gobierno para atraer a esta industria”, explicó Riquelme, en una entrevista radial con la 730 AM.

Reconoció que, en un principio, les pareció razonable incluir en el decreto de hidrógeno verde un límite de 250 mw, equivalente al 2 % de energía generada en el país, con una política de precio promocional para atraer a esta industria que no tiene fábricas a nivel mundial.

La pretensión de Atome es conseguir una tarifa preferencial de USD 30 por megavatio hora para un consumo intensivo de 125 megavatio, para lo cual, prevé una inversión de USD 665 millones.

Sin embargo, con la derogación de los decretos, ese trato no será posible, por lo cual, en compensación se les planteó otras opciones como:

La posibilidad de ir aumentando progresivamente la tarifa todos los años en vez de un precio rígido por 15 años

Autogenerar a partir de cierta cantidad de años donde ellos insertan también energía al sistema integrado nacional

Hacerlo por etapas: cinco años a un precio, los próximos cinco años a otro precio.

Hasta el momento, Atome no aceptó estas alternativas y, en ese caso, no se podrá firmar el contrato.

“El presidente de la República, en el decreto, le da a la ANDE la atribución de seguir conversando con la industria y ver si está dispuesta a flexibilizar su modelo económico, y si no, lastimosamente vamos a tener que despedirnos de este proyecto, pero van a venir otros”, afirmó Riquelme. La discusión queda entre la ANDE y Atome.