El Ministerio de Justicia puso en marcha una transformación radical en el sistema penitenciario con la eliminación total de la circulación de dinero en efectivo dentro de los nuevos centros de reclusión del país. En su lugar, las personas privadas de libertad (PPL) operan mediante billeteras electrónicas virtuales que se activan de forma exclusiva a través de un lector de huellas dactilares.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó a radio Ñanduti que esta tecnología ya se encuentra plenamente activa en el Centro de Reinserción Social de Emboscada (Comple), comenzó a ejecutarse en la penitenciaría de Minga Guazú y su próxima parada de implementación será el penal Martín Mendoza.

Para evitar riesgos de seguridad, los internos no tienen acceso a teléfonos celulares, tarjetas ni a ningún dispositivo físico de pago, elementos que están estrictamente prohibidos en los regímenes de máxima seguridad.

El funcionamiento es 100% biométrico y a cada recluso se le habilita una cuenta virtual a la que se le asigna un crédito. Al momento de adquirir productos en las cantinas de las penitenciarías, el interno solo debe asentar su dedo en el lector de huellas para verificar su saldo disponible y autorizar los descuentos de su compra.

De acuerdo con el viceministro, este sistema corta de raíz los esquemas convencionales de corrupción que históricamente azotaron a las cárceles.

“Esto garantiza no solo transparencia y trazabilidad, evita también situaciones de coacción por parte de algún funcionario hacia la persona privada de libertad, como también a la inversa cualquier intento de soborno. Nos da bastante control porque podemos saber qué producto compra y con qué frecuencia”, detalló Maciel.

Asimismo, al ser consultado sobre el peligro de que estas billeteras sean utilizadas para recepcionar dinero proveniente de las conocidas estafas telefónicas desde las cárceles, el alto funcionario respondió que sería una torpeza absoluta de parte del interno que haga eso. Explicó que el monitoreo es en tiempo real y el sistema registra con precisión el nombre y los datos de cada persona que realiza una transferencia, facilitando el trabajo del Ministerio Público ante cualquier sospecha.

La plataforma no permite el libre flujo de capitales. El Ministerio de Justicia estableció límites estrictos al dinero que puede ser depositado en las cuentas de los reclusos, y existe una lista rigurosa de familiares autorizados para realizar dichas transferencias. “No es que se va a poder depositar 10 millones, existen límites”, acotó.

La autoridad contó que además de la ayuda familiar, la billetera electrónica se convirtió en la vía legal para que los internos bancarizados perciban sus “recompensas pecuniarias”. Esto corresponde al salario que reciben por parte de empresas privadas que aliadas a los programas de reinserción laboral de las penitenciarías.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, pidió al Tribunal de Apelaciones confirmar la resolución que revocó las medidas alternativas y ordenó la prisión preventiva de la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y de su esposo, José Costa Perdomo.

La presentación responde al recurso de reposición promovido por la defensa para evitar que el expediente sea remitido al Juzgado de Ejecución Penal y se haga efectiva la condena, que ya fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para el Ministerio Público, la firmeza de la sentencia modificó la situación procesal de ambos condenados y justificó plenamente que el Tribunal de Sentencia dejara sin efecto las medidas alternativas.

Además, la Fiscalía sostiene que la defensa presentó recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad con un objetivo dilatorio: postergar la ejecución de la condena.

En ese contexto, Corbeta solicitó rechazar el planteamiento de la defensa y confirmar el Auto Interlocutorio N.° 663, dictado el 9 de julio, que ordenó la prisión preventiva de Samudio y Costa Perdomo para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas.

La Municipalidad de Asunción intensificó los controles contra la disposición ilegal de residuos con el operativo “Vertederos Cero”, una estrategia que apunta a erradicar la formación de vertederos clandestinos y sancionar a quienes arrojan basura en espacios no habilitados.

Como parte de estos procedimientos, una camioneta fue retenida este martes en el barrio Sajonia, luego de que sus ocupantes fueran sorprendidos descargando basura y restos de poda en un sitio prohibido.

La rápida intervención de funcionarios municipales evitó la formación de un nuevo vertedero clandestino. Tras labrarse el acta correspondiente, el vehículo fue trasladado hasta la Base 1 de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Los responsables se exponen a multas por infringir la Ordenanza N.º 408/14 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que considera esta conducta como una falta gravísima.

El director de la Policía Municipal de Vigilancia (PMV), Miguel Ángel Stampf, explicó que, por instrucciones del intendente Luis Bello, los controles forman parte de una estrategia permanente para combatir una práctica que afecta la limpieza urbana y genera elevados costos para la comuna.

Según indicó, los operativos fueron reforzados en sectores donde este tipo de infracciones es recurrente, como la zona de 21 Proyectadas, las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta y otros puntos considerados críticos.

Stampf agregó que, además de la camioneta retenida este martes, en los últimos días también fueron incautados dos motocarros utilizados para el transporte y descarga irregular de residuos. En algunos casos, incluso, los vehículos circulaban sin documentación o sin chapas identificatorias.

El funcionario recordó que cada vertedero clandestino obliga a la Municipalidad a destinar recursos económicos, personal y maquinarias para retirar los residuos, fondos que podrían utilizarse en otros servicios para la ciudadanía.

La comuna anunció que el operativo “Vertederos Cero” continuará de forma permanente en distintos barrios de Asunción e instó a la ciudadanía a denunciar el arrojo de residuos en lugares indebidos a través del 0986 128 777.

El viceministro de Obras, Hugo Arce, valoró la preocupación de la ciudadanía y ratificó el compromiso institucional con la protección del patrimonio ambiental del lugar. El funcionario aclaró que la directiva es no intervenir ningún árbol dentro del área de influencia del proyecto, a menos que exista una situación de peligro inminente y comprobado para la seguridad de los transeúntes.

Respecto a los documentos técnicos difundidos, Arce explicó que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación exige a la contratista, el Consorcio Palma, la elaboración de un inventario forestal y un análisis fitosanitario. Si bien este estudio detectó ejemplares con presencia de termitas y riesgo de caída, las autoridades enfatizaron que el informe es un diagnóstico preliminar y no constituye una autorización de tala.

Actualmente, el documento se encuentra bajo evaluación de la Municipalidad de Asunción y de la Dirección de Gestión Socioambiental del MOPC para determinar las medidas pertinentes.

Por su parte, la directora de Obras Públicas, Verónica Martínez, detalló que la intervención busca recuperar integralmente la plaza respetando su valor histórico, ambiental y paisajístico.

El proyecto contempla mejoras en pisos, iluminación, paisajismo, área infantil y gimnasio al aire libre. La arquitecta reiteró que cualquier acción sobre el arbolado será el último recurso y requerirá la aprobación de ingenieros forestales y especialistas ambientales.

Con el fin de garantizar la transparencia, el MOPC mantiene abiertos los canales de comunicación con los vecinos y usuarios para brindar aclaraciones y facilitar los planos del proyecto. L