El segundo contingente de inmigrantes aterrizó este jueves en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en un vuelo procedente de Estados Unidos.

Los extranjeros son de nacionalidades boliviana, chilena y dominicana. El listado inicial era de 10 personas, de las cuales, una fue rechazada por un antecedente menor en su país de origen. Esto permitió liberar un cupo y en su lugar trajeron a compatriota que deseaba volver a su tierra.

“Ya se están haciendo las gestiones para que puedan volver, previo trámite de la OIM, ellos tienen un protocolo para esto y luego redirigirlos a su destino final”, comentó el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, en un contacto con la 730 AM.

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Desde que llegan al Paraguay, los extranjeros son informados sobre los derechos que los asisten, luego quedan a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones.

La OIM se ocupa de todos los gastos logísticos que incluyen: estadía, traslado, alimentación, gestión de documentos, compra de pasajes y todos los trámites para devolverlos a su país de origen.

El Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) entre Estados Unidos y Paraguay ofrece a los solicitantes de asilo que se encuentran en Estados Unidos la oportunidad de tramitar sus solicitudes de protección en Paraguay.

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El director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, confirmó que el día de ayer el intendente Luis Bello tomó la determinación de intervenir la Dirección de Vialidad, ante las graves denuncias que saltaron a la luz.

La persona asignada para encabezar la intervención es el abogado Óscar Pérez. El mismo impulsará una investigación interna en la citada dependencia, además de encargarse de la parte administrativa mientras dure el proceso.

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Este funcionario municipal asume el cargo en reemplazo de Nicolás Duarte, quien fue separado del cargo de director de Vialidad por disposición del intendente, entre tanto culmine la tarea investigativa.

Una de las primeras medidas a ser adoptadas será la de poner a disposición al administrador y el jefe de combustible, además de regularizar el funcionamiento de la planta asfáltica que ayer quedó paralizada por la protesta de funcionarios.

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No se descartan otros cambios y movidas en la mencionada dirección municipal, ya que ello forma parte de las atribuciones del nuevo interventor, en caso de que así lo considere pertinente.

“Las indagaciones serán sobre todo el funcionamiento de la dirección. La denuncia implica a funcionarios, choferes y maquinarias”, añadió Sabaté en entrevista con el canal GEN.

El intento de homicidio registrado en el Palacio de Justicia de Luque destapó una profunda trama de desamparo institucional y drama familiar. Tras ser detenida por disparar contra su expareja, Johana Gómez, de 30 años, habló ante los medios de comunicación y confesó el infierno que vivía junto a sus hijos. “Perdí la cabeza”, declaró la mujer al iniciar un relato que expone las severas fallas en el sistema de protección a las víctimas.

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El hombre atacado, David Moisés Orellana Almada (35), estuvo procesado por acoso y abuso sexual de niños, siendo una de las presuntas víctimas la hija mayor de Johana, a quien él había reconocido como suya. Se encuentra en libertad hace aproximadamente 6 meses.

Gómez alegó que el arma utilizada para el ataque era propiedad del propio Orellana y que desconocía si estaba en regla. “Yo me di cuenta de que existía abuso en diciembre de 2024 porque mi hija cambió de la noche a la mañana”, relató con crudeza, situando el inicio de su calvario un año y medio atrás.

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La tragedia ya había rozado de cerca a la familia cuando su hijo de apenas 10 años intentó suicidarse utilizando un cuchillo. El menor cargaba con una abrumadora sensación de culpa al sentir que no podía cuidar de su hermana, y también sufría acoso por parte de su padre, según relato de la madre.

El detonante final ocurrió durante la audiencia de prestación alimentaria. Johana denunció que Orellana la amenazaba constantemente con matarla a ella y a sus hijos, y que ya había recurrido a la comisaría local sin obtener respuestas ni garantías de seguridad. “No lo iba a hacer, pero me ofreció poco dinero”, admitió la mujer, señalando que la actitud desafiante y la burla del procesado ante la precaria situación de sus hijos terminaron por quebrar su resistencia.

Fuente: La Nación

Una nueva irregulari­dad se habría come­tido en el juicio civil caratulado Ypyta SA Inmobi­liaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acree­dores. En este caso, el cuestio­nado juez en lo Civil y Comer­cial de Asunción Édgar Rivas habría titulado de forma irre­gular una costosa propiedad a favor de una persona que no tendría la capacidad de jus­tificar la compra del valioso inmueble, ubicado en la zona de Pedro Juan Caballero.

La abogada de la firma, Patri­cia Rebollo, señaló: “Conforme a informaciones preliminares que recibimos y que estamos tratando de confirmar existirían indicios de que uno de los inmuebles propiedad de la firma Ypyta ya habría sido objeto de eventuales tratativas de venta o de actos orientados a una posible transferencia de dominio a terceros, mediante un supuesto título firmado por el juez Rivas”.

Asimismo, la abogada sostuvo que exis­ten dos fallos judiciales que fueron atacados de inconsti­tucional ante la Sala Constitu­cional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual deberá actuar conforme a derecho y anular dichas resoluciones por ser irregulares y perjudiciales para la firma Ypyta. Del mismo modo, la representante legal de la agroganadera enfatizó: “Las cuestiones sometidas a conside­ración de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justi­cia permanecen pendientes de resolución, por lo que la validez, alcance y efectos de la operación de titulación u otros actos conti­núan sujetos al control jurisdic­cional correspondiente”.

El criticado juez Édgar Rivas integra actualmente una terna para ser designado miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital. Igualmente confor­man la terna el camarista Car­los Escobar y Amy Lezcano.