El vicepresidente de la Junta Municipal de Capiatá, David Llano, adelantó que presentará una propuesta formal para dejar sin efecto las distinciones de “ciudadano ilustre” e “hijo dilecto” que le habían sido otorgadas al exparlamentario.

En contacto con radio Monumental, el concejal capiateño argumentó que la condena al exlegislador obliga a las autoridades locales a tomar una postura ética e institucional.

“Fue distinguido como ciudadano en el año 2016. Yo voy a decir hoy en la Junta que esta distinción debe quedar sin efecto porque la Justicia ya ha dictado su resolución. Las instituciones municipales no pueden estar ajenas a esta situación”, indicó Llano.

Galeano fue condenado a 13 años de pena privativa de libertad tras comprobarse en un juicio oral su activa participación en los delitos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.

El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo ordenó además su prisión preventiva inmediata, revocando el beneficio del arresto domiciliario.

Por su parte, la defensa técnica del exlegislador busca revertir la reclusión y ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra los fallos judiciales, solicitando la nulidad absoluta de la condena.

El antecedente de Areguá

La iniciativa planteada en Capiatá sigue los pasos de la Junta Municipal de Areguá, que en marzo pasado decidió revocar por unanimidad la resolución N° 168/2025, la cual también declaraba a Erico Galeano como “hijo dilecto” de dicha localidad.

Aquella distinción en la capital del departamento Central se había aprobado en agosto de 2025, cuando el exsenador ya se encontraba plenamente imputado y afrontando el proceso judicial. En esa oportunidad, el reconocimiento se le otorgó bajo el mérito de haber sido el proyectista en el Senado de una ley de expropiación que autorizaba la transferencia gratuita de un inmueble municipal a favor del Club de Fútbol 8 de Setiembre, de la compañía Valle Pucú.

Las obras demandarán una inversión cercana a G. 26.400 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirán mejorar la infraestructura de establecimientos donde ya funciona la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Las nuevas USF incorporarán espacios más amplios y funcionales, con consultorios médicos y odontológicos, áreas para controles prenatales, atención ginecológica y otros servicios esenciales, con el objetivo de brindar una atención más integral tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante la jornada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el inicio de estas obras representa un nuevo paso para acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los nuevos edificios estarán distribuidos en los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde miles de pobladores reciben actualmente atención médica, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, odontología y otros servicios básicos.

Además del fortalecimiento de la red sanitaria, el proyecto prevé la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la zona, con el propósito de generar un impacto económico durante la ejecución de las obras.

La decisión ratifica el Auto Interlocutorio N.º 663, dictado el pasado 9 de julio por el Tribunal de Sentencia, que revocó las medidas alternativas a la prisión luego de que la condena de ambos quedara firme tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, sostuvo que las presentaciones realizadas por la defensa, entre ellas recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad, tuvieron un carácter dilatorio con el objetivo de impedir la ejecución de la sentencia.

El Ministerio Público argumentó además que, al haber adquirido firmeza las condenas de cuatro años para Samudio y de tres años y nueve meses para Costa Perdomo, el Tribunal de Sentencia estaba facultado para revocar las medidas alternativas y ordenar la prisión preventiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

Con esta resolución, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la decisión recurrida y dejó firme la orden de prisión preventiva para ambos condenados, allanando el camino para la ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al Gobierno de Mario Abdo Benítez, en abril del 2020, cuando la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio compró agua tónica con una sobrefacturación de G. 359.700.000.

En aquel entonces, Samudio justificó la compra de esta manera: “El tema del coronavirus se va saliendo de a puchito … el agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina que es la hidroxicloroquina, y dijeron que si tomabas tenías como una cierta inmunidad”.

João Louis Mioto, delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, informó que uno de los choferes fue escuchado en el lugar del accidente y tuvo la oportunidad de dar su versión.

“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo tuvo una falla mecánica y el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial, en un contacto con Telefuturo.

También se recogieron testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y comentaron que llevaba un exceso de velocidad.

Los conductores Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave en la definición del futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder a la justicia brasileña.

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El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva en “u”. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas, tres adultas y una niña de 8 años.

Además, algunas personas sufrieron la amputación de los miembros, entre ellos, la pierna y el brazo. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.