El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) puso en marcha la Campaña #TodosSomosResponsables – Edición 2026. La iniciativa busca sacudir a la ciudadanía para fortalecer la prevención, la detección temprana y la denuncia oportuna de hechos de violencia y vulneración contra niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio Público, el país registra un promedio de 9 denuncias diarias por abuso sexual infantil, acumulando más de 3.300 causas en el último año.

Durante el primer cuatrimestre de este 2026, la Fiscalía ya ingresó 1.039 causas por este hecho punible, frente a las 1.145 que se habían reportado en el mismo periodo del año 2025.

A pesar del leve descenso estadístico, las autoridades alertaron sobre el factor más peligroso de este flagelo, ya que el 87% de los abusos se perpetra dentro del entorno familiar o de confianza de la víctima, lo que vuelve indispensable romper las barreras del silencio comunitario.

La presentación de la campaña se realiza en la antesala del Día Nacional de Lucha contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora cada 31 de mayo. La fecha rinde de esta manera un homenaje a la memoria de Felicita Estigarribia, la niña de 11 años que en el año 2004 fue hallada sin vida con signos de abuso y homicidio al pie del cerro Yaguarón.

El ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, apeló a la responsabilidad compartida y dejó en claro que la inacción del entorno agrava el problema. El secretario de Estado remarcó que la protección de niñas, niños y adolescentes no es responsabilidad de una sola institución, sino una causa de toda la sociedad, por lo que escucharle y creerle a un niño es el primer paso para cortar con las situaciones de abuso, advirtiendo además que el silencio te hace cómplice del abusador.

El informe del servicio logístico 147 Fono Ayuda del MINNA detalló que, entre enero y abril de 2026, se procesaron 435 reportes directos de abuso sexual y 74 de posible explotación sexual.

El 49% de los casos de vulneración afecta a la primera infancia, específicamente a niños y niñas de entre 0 y 8 años de edad.

El 43% de los reportes fue realizado por familiares de las víctimas, seguido por un 24% de llamadas correspondientes a agentes comunitarios y un 18% gestionado por los propios vecinos.

Como un avance estructural en las políticas públicas, el Gobierno firmó el Decreto que reglamenta la Ley 6202/18, normativa que crea formalmente el Programa Nacional de Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, brindando al Estado una estrategia jurídica y presupuestaria clara para garantizar asistencia integral, acceso directo a la justicia y restitución de derechos.

Asimismo, desde la institución invitan a empresas, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a portar el lazo verde, símbolo nacional del compromiso colectivo contra el abuso infantil.

Ante cualquier sospecha o señal de alerta, las autoridades recuerdan que la denuncia es obligatoria y confidencial. Los canales habilitados de forma gratuita son la línea 147 Fono Ayuda del MINNA, el sistema 911 de la Policía Nacional y la línea 133 de la Defensoría de la Niñez, además de cualquier comisaría jurisdiccional, la sede de la CODENI de cada municipio o las unidades penales de la Fiscalía de la Niñez.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, pidió al Tribunal de Apelaciones confirmar la resolución que revocó las medidas alternativas y ordenó la prisión preventiva de la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y de su esposo, José Costa Perdomo.

La presentación responde al recurso de reposición promovido por la defensa para evitar que el expediente sea remitido al Juzgado de Ejecución Penal y se haga efectiva la condena, que ya fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para el Ministerio Público, la firmeza de la sentencia modificó la situación procesal de ambos condenados y justificó plenamente que el Tribunal de Sentencia dejara sin efecto las medidas alternativas.

Además, la Fiscalía sostiene que la defensa presentó recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad con un objetivo dilatorio: postergar la ejecución de la condena.

En ese contexto, Corbeta solicitó rechazar el planteamiento de la defensa y confirmar el Auto Interlocutorio N.° 663, dictado el 9 de julio, que ordenó la prisión preventiva de Samudio y Costa Perdomo para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas.

La Municipalidad de Asunción intensificó los controles contra la disposición ilegal de residuos con el operativo “Vertederos Cero”, una estrategia que apunta a erradicar la formación de vertederos clandestinos y sancionar a quienes arrojan basura en espacios no habilitados.

Como parte de estos procedimientos, una camioneta fue retenida este martes en el barrio Sajonia, luego de que sus ocupantes fueran sorprendidos descargando basura y restos de poda en un sitio prohibido.

La rápida intervención de funcionarios municipales evitó la formación de un nuevo vertedero clandestino. Tras labrarse el acta correspondiente, el vehículo fue trasladado hasta la Base 1 de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Los responsables se exponen a multas por infringir la Ordenanza N.º 408/14 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que considera esta conducta como una falta gravísima.

El director de la Policía Municipal de Vigilancia (PMV), Miguel Ángel Stampf, explicó que, por instrucciones del intendente Luis Bello, los controles forman parte de una estrategia permanente para combatir una práctica que afecta la limpieza urbana y genera elevados costos para la comuna.

Según indicó, los operativos fueron reforzados en sectores donde este tipo de infracciones es recurrente, como la zona de 21 Proyectadas, las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta y otros puntos considerados críticos.

Stampf agregó que, además de la camioneta retenida este martes, en los últimos días también fueron incautados dos motocarros utilizados para el transporte y descarga irregular de residuos. En algunos casos, incluso, los vehículos circulaban sin documentación o sin chapas identificatorias.

El funcionario recordó que cada vertedero clandestino obliga a la Municipalidad a destinar recursos económicos, personal y maquinarias para retirar los residuos, fondos que podrían utilizarse en otros servicios para la ciudadanía.

La comuna anunció que el operativo “Vertederos Cero” continuará de forma permanente en distintos barrios de Asunción e instó a la ciudadanía a denunciar el arrojo de residuos en lugares indebidos a través del 0986 128 777.

El viceministro de Obras, Hugo Arce, valoró la preocupación de la ciudadanía y ratificó el compromiso institucional con la protección del patrimonio ambiental del lugar. El funcionario aclaró que la directiva es no intervenir ningún árbol dentro del área de influencia del proyecto, a menos que exista una situación de peligro inminente y comprobado para la seguridad de los transeúntes.

Respecto a los documentos técnicos difundidos, Arce explicó que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación exige a la contratista, el Consorcio Palma, la elaboración de un inventario forestal y un análisis fitosanitario. Si bien este estudio detectó ejemplares con presencia de termitas y riesgo de caída, las autoridades enfatizaron que el informe es un diagnóstico preliminar y no constituye una autorización de tala.

Actualmente, el documento se encuentra bajo evaluación de la Municipalidad de Asunción y de la Dirección de Gestión Socioambiental del MOPC para determinar las medidas pertinentes.

Por su parte, la directora de Obras Públicas, Verónica Martínez, detalló que la intervención busca recuperar integralmente la plaza respetando su valor histórico, ambiental y paisajístico.

El proyecto contempla mejoras en pisos, iluminación, paisajismo, área infantil y gimnasio al aire libre. La arquitecta reiteró que cualquier acción sobre el arbolado será el último recurso y requerirá la aprobación de ingenieros forestales y especialistas ambientales.

Con el fin de garantizar la transparencia, el MOPC mantiene abiertos los canales de comunicación con los vecinos y usuarios para brindar aclaraciones y facilitar los planos del proyecto. L