Durante la mesa de trabajo, la legisladora explicó que la iniciativa pretende unificarse con una propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo y surge ante la necesidad de fortalecer el marco normativo paraguayo frente a las observaciones realizadas por organismos internacionales sobre explotación laboral infantil.

El proyecto contempla la protección frente a las 26 formas de trabajo infantil peligroso reconocidas por la legislación nacional, entre ellas el criadazgo, considerado una práctica de explotación y vulneración de derechos.

La propuesta legislativa consta de 22 artículos y establece penas privativas de libertad de entre tres y seis años para quienes sometan a menores de 18 años a trabajos peligrosos, pudiendo alcanzar hasta diez años en casos agravados.

Asimismo, prevé acciones de prevención, detección, atención, sanción y reparación, además de una intervención articulada entre instituciones como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Desarrollo Social.

La senadora también destacó la importancia de fortalecer el rol de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CODENI) y de la Dirección de Cuidados Alternativos (DICUIDA), con el objetivo de mejorar los mecanismos de protección y seguimiento de menores en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la viceministra de Desarrollo Regional del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Verónica Arguello, señaló que el Ejecutivo ya cuenta con un proyecto avanzado sobre la materia y afirmó que Paraguay ha fortalecido sus políticas públicas de protección social y acompañamiento familiar.

En ese contexto, mencionó programas sociales como Hambre Cero, Tekoporã, Che Róga Porã, Semillas del Futuro y Abrazo, orientados a la protección integral de la niñez.

Arguello advirtió además que el criadazgo y el trabajo infantil representan formas contemporáneas de esclavitud moderna, vinculadas a situaciones de vulnerabilidad económica y social. Según datos expuestos durante la reunión, alrededor de 51.000 niños y adolescentes de entre 10 y 17 años realizan actividades laborales en Paraguay.

A su turno, el director general de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ernesto Benítez, indicó que se trabaja en una nueva normativa enfocada en la erradicación del criadazgo y las peores formas de trabajo infantil, especialmente desde el ámbito penal.

Representantes del Ministerio de Trabajo señalaron que actualmente las sanciones vigentes son únicamente administrativas y remarcaron la necesidad de adecuar la legislación nacional al Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Paraguay.

Durante el encuentro, instituciones como el Ministerio Público, la Defensa Pública y representantes de CODENI realizaron observaciones técnicas y jurídicas relacionadas con procedimientos de denuncia, medidas de protección inmediata y coordinación interinstitucional.

Finalmente, la senadora Lizarella Valiente indicó que el siguiente paso será avanzar hacia una versión consensuada entre el Ejecutivo y el Legislativo para posteriormente remitir el documento final a todas las instituciones involucradas.

Las autoridades activaron la búsqueda de Magnolia Bustos Rojas, quien fue vista por última vez en la tarde del miércoles en el barrio Mburukuya de Asunción.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por el programa Alerta MAFE, la menor fue vista por última vez alrededor de las 17:00, sobre las calles Vicente Flores N.º 1582 casi Julio Correa, en el barrio Mburukuya, de Asunción.

Hasta el momento, las autoridades informaron que tanto la vestimenta como otras características de la niña se encuentran pendientes de confirmación.

La Policía Nacional y los organismos encargados de la búsqueda instan a la ciudadanía a brindar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse al 0986 760 083, correspondiente al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, o llamar a los números de emergencia 147, 911 o 130.

El anuncio fue realizado tras una reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), en la que se evaluaron los avances del programa, que, según el mandatario, actualmente alcanza a más de 1.050.000 niños en todo el país.

Peña informó además que durante el encuentro se adoptaron decisiones orientadas a fortalecer la participación de la Agricultura Familiar y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las compras destinadas a la provisión de alimentos para las escuelas.

En ese sentido, explicó que se estableció un mínimo del 7% de compras directas a la producción familiar, manteniéndose el porcentaje del 10% ya vigente para este sector.

El mandatario agregó que las licitaciones para el periodo 2027-2030 también contemplan la incorporación de cerca de 100.000 nuevos estudiantes que se sumarán a las instituciones educativas públicas, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio de alimentación escolar.

El anuncio fue realizado durante una jornada de Gobierno desarrollada en Concepción, donde la secretaria de Estado sostuvo que los nuevos hospitales públicos se construyen íntegramente con recursos del Estado, a diferencia del último hospital levantado hace 32 años.

Según explicó, cada una de las nuevas USF brindará cobertura a más de 5.000 personas y permitirá fortalecer el primer nivel de atención. “La Unidad de Salud de la Familia es la puerta de entrada al sistema y una herramienta clave para avanzar hacia el acceso universal”, expresó.

Barán también confirmó que el Hospital General de Concepción, uno de los siete grandes hospitales que se construyen en el país, cuenta con financiamiento asegurado para su construcción y equipamiento, y que su habilitación está prevista para finales de 2027. La meta es que el departamento pueda resolver alrededor del 80% de las patologías sin necesidad de derivar pacientes a Asunción.

Sobrecarga por la crisis del IPS

Durante su intervención, la ministra reconoció además que la crisis del Instituto de Previsión Social (IPS) genera una fuerte presión sobre el sistema público. Indicó que entre el 30% y el 40% de los asegurados del IPS recurren actualmente a hospitales y centros del Ministerio de Salud para consultas, internaciones, cirugías, estudios laboratoriales e imágenes.

Esta situación, señaló, provoca una demanda superior a la prevista y puede derivar en faltantes de medicamentos e insumos. No obstante, afirmó que el sistema informático HIS, implementado en más de 1.300 servicios de salud, permite detectar esos quiebres y responder con mayor rapidez.

En otro momento, Barán destacó que Paraguay acumula tres años sin registrar un brote importante de dengue, aunque advirtió que el fenómeno de El Niño mantiene el riesgo de aumento de casos. En ese sentido, instó a la población a eliminar criaderos de mosquitos y recordó que el país ya incorporó la vacunación contra la enfermedad, priorizando a la población infantil.