Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, contó cómo procedieron respecto a la propiedad en San Bernardino.

Como primera medida, solicitaron un informe a la empresa Gómez Abente respecto al contrato, la modalidad de pago, la totalidad del precio de la construcción, entre otras cosas. También pidieron a la Municipalidad el plano aprobado, pero no contestaron.

“La empresa sí nos remitió el contrato, las facturas y el monto total. El primer pago verificamos, se hizo en abril del 2024 con un préstamo del banco ueno y corroboramos la coherencia, si las fechas coincidían con las transferencias”, relató Torres, en una entrevista radial con la 1080 AM.

El segundo pago se hizo con el recate de las acciones de Ueno Holding, también se verificó la coherencia. El tercer pago de 300.000 dólares figura como pendiente. Con todo esto se hizo el análisis documental de sus declaraciones juradas, pero no se encontró nada irregular.

A nivel general, se analizaron dos periodos. El primero, del 2014 al 2017, tiempo en que ocupó el cargo de director del BCP y ministro de Hacienda. En ese lapso tuvo un crecimiento patrimonial sustentable.

Posteriormente, del 2018 al 2013 permaneció fuera de la función pública, etapa en la que tuvo un crecimiento muy importante, confirmó Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría. Sin embargo, todo lo que se desarrolle fuera de la función pública está fuera de la competencia de la Contraloría.

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No obstante, se verificó la veracidad de sus declaraciones y la mayoría de ese crecimiento patrimonial generado en su tiempo en el sector privado está alojado en el sistema financiero formal, en tal carácter, se halla sometido a verificación del cliente, debidas diligencias y otros indicadores.

Posteriormente, se hizo otra verificación desde que asumió el poder el 15 de agosto del 2023 hasta septiembre pasado. “Esto se hizo en forma más objetiva, se hizo con periodicidad mensual, con flujo de caja, ingresos y egresos y ni un solo mes arrojó déficit”, informó Torres.

El diario Abc Color dedicó los últimos meses del 2025 a la publicación de tapas lapidarias sugiriendo un presunto enriquecimiento ilícito del presidente a través de dinero en efectivo recibido en sobres que supuestamente se almacenaban en Mburuvicha Róga.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, pidió al Tribunal de Apelaciones confirmar la resolución que revocó las medidas alternativas y ordenó la prisión preventiva de la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y de su esposo, José Costa Perdomo.

La presentación responde al recurso de reposición promovido por la defensa para evitar que el expediente sea remitido al Juzgado de Ejecución Penal y se haga efectiva la condena, que ya fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para el Ministerio Público, la firmeza de la sentencia modificó la situación procesal de ambos condenados y justificó plenamente que el Tribunal de Sentencia dejara sin efecto las medidas alternativas.

Además, la Fiscalía sostiene que la defensa presentó recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad con un objetivo dilatorio: postergar la ejecución de la condena.

En ese contexto, Corbeta solicitó rechazar el planteamiento de la defensa y confirmar el Auto Interlocutorio N.° 663, dictado el 9 de julio, que ordenó la prisión preventiva de Samudio y Costa Perdomo para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas.

La Municipalidad de Asunción intensificó los controles contra la disposición ilegal de residuos con el operativo “Vertederos Cero”, una estrategia que apunta a erradicar la formación de vertederos clandestinos y sancionar a quienes arrojan basura en espacios no habilitados.

Como parte de estos procedimientos, una camioneta fue retenida este martes en el barrio Sajonia, luego de que sus ocupantes fueran sorprendidos descargando basura y restos de poda en un sitio prohibido.

La rápida intervención de funcionarios municipales evitó la formación de un nuevo vertedero clandestino. Tras labrarse el acta correspondiente, el vehículo fue trasladado hasta la Base 1 de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Los responsables se exponen a multas por infringir la Ordenanza N.º 408/14 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que considera esta conducta como una falta gravísima.

El director de la Policía Municipal de Vigilancia (PMV), Miguel Ángel Stampf, explicó que, por instrucciones del intendente Luis Bello, los controles forman parte de una estrategia permanente para combatir una práctica que afecta la limpieza urbana y genera elevados costos para la comuna.

Según indicó, los operativos fueron reforzados en sectores donde este tipo de infracciones es recurrente, como la zona de 21 Proyectadas, las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta y otros puntos considerados críticos.

Stampf agregó que, además de la camioneta retenida este martes, en los últimos días también fueron incautados dos motocarros utilizados para el transporte y descarga irregular de residuos. En algunos casos, incluso, los vehículos circulaban sin documentación o sin chapas identificatorias.

El funcionario recordó que cada vertedero clandestino obliga a la Municipalidad a destinar recursos económicos, personal y maquinarias para retirar los residuos, fondos que podrían utilizarse en otros servicios para la ciudadanía.

La comuna anunció que el operativo “Vertederos Cero” continuará de forma permanente en distintos barrios de Asunción e instó a la ciudadanía a denunciar el arrojo de residuos en lugares indebidos a través del 0986 128 777.

El viceministro de Obras, Hugo Arce, valoró la preocupación de la ciudadanía y ratificó el compromiso institucional con la protección del patrimonio ambiental del lugar. El funcionario aclaró que la directiva es no intervenir ningún árbol dentro del área de influencia del proyecto, a menos que exista una situación de peligro inminente y comprobado para la seguridad de los transeúntes.

Respecto a los documentos técnicos difundidos, Arce explicó que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación exige a la contratista, el Consorcio Palma, la elaboración de un inventario forestal y un análisis fitosanitario. Si bien este estudio detectó ejemplares con presencia de termitas y riesgo de caída, las autoridades enfatizaron que el informe es un diagnóstico preliminar y no constituye una autorización de tala.

Actualmente, el documento se encuentra bajo evaluación de la Municipalidad de Asunción y de la Dirección de Gestión Socioambiental del MOPC para determinar las medidas pertinentes.

Por su parte, la directora de Obras Públicas, Verónica Martínez, detalló que la intervención busca recuperar integralmente la plaza respetando su valor histórico, ambiental y paisajístico.

El proyecto contempla mejoras en pisos, iluminación, paisajismo, área infantil y gimnasio al aire libre. La arquitecta reiteró que cualquier acción sobre el arbolado será el último recurso y requerirá la aprobación de ingenieros forestales y especialistas ambientales.

Con el fin de garantizar la transparencia, el MOPC mantiene abiertos los canales de comunicación con los vecinos y usuarios para brindar aclaraciones y facilitar los planos del proyecto. L