La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) desmanteló una importante infraestructura de producción y acopio de estupefacientes tras una exitosa incursión en el departamento de Amambay.

El operativo estuvo a cargo de los agentes de la Oficina Regional N.º 10 de Bella Vista Norte, quienes desplegaron un equipo operativo táctico que incluyó el uso de drones de alta tecnología para rastrear y delimitar las zonas de cultivo en un área de difícil acceso.

Gracias al reconocimiento aéreo previo, las fuerzas especiales ejecutaron una penetración terrestre en una densa zona boscosa de la localidad denominada Casualidad. En ese punto, el contingente antidrogas logró detectar y destruir un total de cuatro campamentos logísticos que funcionaban como bases operativas para los cultivadores y acopiadores de la estructura criminal.

TECNOLOGÍA PARA EXTRACCIÓN

Durante el registro minucioso de los campamentos clandestinos, los intervinientes hallaron víveres, enseres precarios y varias garrafas de gas butano. Según explicaron los técnicos de la SENAD, estos elementos son utilizados habitualmente en los montes por los narcotraficantes para llevar a cabo procesos químicos complejos, específicamente destinados a la extracción de resina de marihuana en estado altamente concentrado (hachís).

En el sitio se encontraban almacenadas bolsas que ya contenían la droga cosechada y procesada. Bajo la dirección del Ministerio Público, los agentes procedieron al pesaje e incineración de al menos 12 toneladas de marihuana picada que estaban listas para ser prensadas y posteriormente traficadas hacia las principales facciones criminales del mercado brasileño.

DESTRUCCIÓN DE CULTIVOS

El procedimiento no se limitó al desmantelamiento de los centros de acopio. Siguiendo las directrices de lucha contra las fuentes de financiamiento del narcotráfico, el equipo operativo civil-militar procedió al corte y posterior quema de aproximadamente 12 hectáreas de plantaciones de marihuana en etapa de crecimiento y cosecha, anulando así un potencial perjuicio millonario para los financistas del esquema.

Las tareas de erradicación contaron con la participación activa y el respaldo de la Oficina Regional de Pedro Juan Caballero, unidad que coordina de manera habitual las acciones de inteligencia y los golpes logísticos en esta frontera calienta del país.

El operativo en el terreno estuvo plenamente respaldado en la parte legal por el agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, Celso Morales, quien dispuso el levantamiento de las evidencias correspondientes y ordenó la destrucción total de toda la infraestructura detectada en el monte.

Las obras demandarán una inversión cercana a G. 26.400 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirán mejorar la infraestructura de establecimientos donde ya funciona la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Las nuevas USF incorporarán espacios más amplios y funcionales, con consultorios médicos y odontológicos, áreas para controles prenatales, atención ginecológica y otros servicios esenciales, con el objetivo de brindar una atención más integral tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante la jornada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el inicio de estas obras representa un nuevo paso para acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los nuevos edificios estarán distribuidos en los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde miles de pobladores reciben actualmente atención médica, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, odontología y otros servicios básicos.

Además del fortalecimiento de la red sanitaria, el proyecto prevé la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la zona, con el propósito de generar un impacto económico durante la ejecución de las obras.

La decisión ratifica el Auto Interlocutorio N.º 663, dictado el pasado 9 de julio por el Tribunal de Sentencia, que revocó las medidas alternativas a la prisión luego de que la condena de ambos quedara firme tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, sostuvo que las presentaciones realizadas por la defensa, entre ellas recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad, tuvieron un carácter dilatorio con el objetivo de impedir la ejecución de la sentencia.

El Ministerio Público argumentó además que, al haber adquirido firmeza las condenas de cuatro años para Samudio y de tres años y nueve meses para Costa Perdomo, el Tribunal de Sentencia estaba facultado para revocar las medidas alternativas y ordenar la prisión preventiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

Con esta resolución, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la decisión recurrida y dejó firme la orden de prisión preventiva para ambos condenados, allanando el camino para la ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al Gobierno de Mario Abdo Benítez, en abril del 2020, cuando la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio compró agua tónica con una sobrefacturación de G. 359.700.000.

En aquel entonces, Samudio justificó la compra de esta manera: “El tema del coronavirus se va saliendo de a puchito … el agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina que es la hidroxicloroquina, y dijeron que si tomabas tenías como una cierta inmunidad”.

João Louis Mioto, delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, informó que uno de los choferes fue escuchado en el lugar del accidente y tuvo la oportunidad de dar su versión.

“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo tuvo una falla mecánica y el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial, en un contacto con Telefuturo.

También se recogieron testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y comentaron que llevaba un exceso de velocidad.

Los conductores Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave en la definición del futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder a la justicia brasileña.

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El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva en “u”. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas, tres adultas y una niña de 8 años.

Además, algunas personas sufrieron la amputación de los miembros, entre ellos, la pierna y el brazo. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.