El abogado Claudio Lovera, representante legal de Conmebo, reveló en entrevista con las radios La Unión y La Tribu, la existencia de fideicomisos sobre inmuebles que eran propiedad del extinto dirigente Nicolás Leoz, los cuales estaban siendo administrados por Inmobiliaria del Este SA (IDESA).

Esta nueva línea de evidencia fue obtenida por el Ministerio Público a través de un informe oficial remitido por el Banco Continental, en el marco de la causa n.º 06/2021 caratulada “Miguel Ángel Zaldívar y otros s/ lavado de dinero”.

De acuerdo con La Tribuna, el 26 de febrero de 2016, Leoz constituyó contratos de fideicomiso de administración inmobiliaria en dicha entidad, transfiriendo de forma directa un lote de 17 inmuebles por un valor inicial de US$ 1.497.396, monto que quedó sujeto a tasaciones posteriores.

Hay que recordar además que, el 12 de agosto del 2016, el prestigioso buffet de abogados de los Estados Unidos, Quinn Emanuel, firma que colabora con la investigación de transferencias irregulares de dinero de la Conmebol, solicitó informes a Inmobiliaria del Este. Sin embargo, nunca hubo respuesta por parte de la inmobiliaria a este pedido.

Nota de Quinn Emanuel, abogado norteamericano que colabora con la justicia de ese país remitida al gerente general de Inmobiliaria del Este, Guillermo Brugada, en la que solicita informes sobre los bienes de Leoz. La justicia de los EEUU no tuvo retorno.

“Durante 30 años, Zuccolillo administró el crecimiento inmobiliario de Leoz, a quien conoce desde la juventud. ¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leoz/del fútbol? ¿Se perpetúa el delito de lavado de activos? Una vez más la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmobiliaria y menos del señor Zuccolillo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leoz?”, se preguntaba el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson-Smith, en un comunicado que divulgó en el año 2017.

VÍNCULO CORPORATIVO

El hallazgo de los peritos contables expone la participación activa de IDESA, firma que comparte el mismo conglomerado empresarial con el Banco Atlas SA, entidad formalmente acusada por la Fiscalía por el presunto blanqueo de capitales, y con el diario ABC Color.

El abogado Claudio Lovera explicó que, mediante este tipo de herramientas fiduciarias, los activos inmobiliarios eran blindados y puestos bajo la gestión del grupo comercial bajo sospecha.

“Dentro de estos fideicomisos que se realizaron en Banco Continental no solamente se hacía referencia a la recepción de fondos del extranjero, sino que saltó, a partir de un oficio librado en la causa de Banco Atlas, que hay otros fideicomisos donde una de las entidades para administrar estos inmuebles era Inmobiliaria del Este, que pertenece al mismo grupo corporativo", precisó Lovera.

El letrado recordó que la adquisición y posterior administración estructurada de bienes raíces constituye una de las metodologías básicas y universales utilizadas por quienes buscan lavar dinero, con el fin de cortar el nexo directo con el origen ilícito de los fondos y dar apariencia de legalidad a las ganancias.

Inmobiliaria del Este certifica que loteó varios inmuebles de Leoz. Parte de la documentación ya obra en la Fiscalía.

PROCESADOS EN LA CAUSA

Las nuevas evidencias obtenidas por los agentes fiscales refuerzan la hipótesis del Ministerio Público sobre la existencia de un entramado diseñado para resguardar el patrimonio que Nicolás Leoz habría sustraído ilegalmente durante su presidencia en la Conmebol.

Por la causa n.º 06/2021 se encuentran formalmente acusados el presidente del Banco Atlas SA, Miguel Ángel “Miki” Zaldívar (esposo de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo), junto con los directores de la entidad financiera Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán. La Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público tras detectar operaciones inusuales y omisiones en los protocolos obligatorios de debida diligencia en el banco de la familia Zuccolillo.

El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, pidió al Tribunal de Apelaciones confirmar la resolución que revocó las medidas alternativas y ordenó la prisión preventiva de la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y de su esposo, José Costa Perdomo.

La presentación responde al recurso de reposición promovido por la defensa para evitar que el expediente sea remitido al Juzgado de Ejecución Penal y se haga efectiva la condena, que ya fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para el Ministerio Público, la firmeza de la sentencia modificó la situación procesal de ambos condenados y justificó plenamente que el Tribunal de Sentencia dejara sin efecto las medidas alternativas.

Además, la Fiscalía sostiene que la defensa presentó recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad con un objetivo dilatorio: postergar la ejecución de la condena.

En ese contexto, Corbeta solicitó rechazar el planteamiento de la defensa y confirmar el Auto Interlocutorio N.° 663, dictado el 9 de julio, que ordenó la prisión preventiva de Samudio y Costa Perdomo para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas.

La Municipalidad de Asunción intensificó los controles contra la disposición ilegal de residuos con el operativo “Vertederos Cero”, una estrategia que apunta a erradicar la formación de vertederos clandestinos y sancionar a quienes arrojan basura en espacios no habilitados.

Como parte de estos procedimientos, una camioneta fue retenida este martes en el barrio Sajonia, luego de que sus ocupantes fueran sorprendidos descargando basura y restos de poda en un sitio prohibido.

La rápida intervención de funcionarios municipales evitó la formación de un nuevo vertedero clandestino. Tras labrarse el acta correspondiente, el vehículo fue trasladado hasta la Base 1 de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Los responsables se exponen a multas por infringir la Ordenanza N.º 408/14 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que considera esta conducta como una falta gravísima.

El director de la Policía Municipal de Vigilancia (PMV), Miguel Ángel Stampf, explicó que, por instrucciones del intendente Luis Bello, los controles forman parte de una estrategia permanente para combatir una práctica que afecta la limpieza urbana y genera elevados costos para la comuna.

Según indicó, los operativos fueron reforzados en sectores donde este tipo de infracciones es recurrente, como la zona de 21 Proyectadas, las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta y otros puntos considerados críticos.

Stampf agregó que, además de la camioneta retenida este martes, en los últimos días también fueron incautados dos motocarros utilizados para el transporte y descarga irregular de residuos. En algunos casos, incluso, los vehículos circulaban sin documentación o sin chapas identificatorias.

El funcionario recordó que cada vertedero clandestino obliga a la Municipalidad a destinar recursos económicos, personal y maquinarias para retirar los residuos, fondos que podrían utilizarse en otros servicios para la ciudadanía.

La comuna anunció que el operativo “Vertederos Cero” continuará de forma permanente en distintos barrios de Asunción e instó a la ciudadanía a denunciar el arrojo de residuos en lugares indebidos a través del 0986 128 777.

El viceministro de Obras, Hugo Arce, valoró la preocupación de la ciudadanía y ratificó el compromiso institucional con la protección del patrimonio ambiental del lugar. El funcionario aclaró que la directiva es no intervenir ningún árbol dentro del área de influencia del proyecto, a menos que exista una situación de peligro inminente y comprobado para la seguridad de los transeúntes.

Respecto a los documentos técnicos difundidos, Arce explicó que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación exige a la contratista, el Consorcio Palma, la elaboración de un inventario forestal y un análisis fitosanitario. Si bien este estudio detectó ejemplares con presencia de termitas y riesgo de caída, las autoridades enfatizaron que el informe es un diagnóstico preliminar y no constituye una autorización de tala.

Actualmente, el documento se encuentra bajo evaluación de la Municipalidad de Asunción y de la Dirección de Gestión Socioambiental del MOPC para determinar las medidas pertinentes.

Por su parte, la directora de Obras Públicas, Verónica Martínez, detalló que la intervención busca recuperar integralmente la plaza respetando su valor histórico, ambiental y paisajístico.

El proyecto contempla mejoras en pisos, iluminación, paisajismo, área infantil y gimnasio al aire libre. La arquitecta reiteró que cualquier acción sobre el arbolado será el último recurso y requerirá la aprobación de ingenieros forestales y especialistas ambientales.

Con el fin de garantizar la transparencia, el MOPC mantiene abiertos los canales de comunicación con los vecinos y usuarios para brindar aclaraciones y facilitar los planos del proyecto. L