Un bloque de legisladores presentó un proyecto de ley de descentralización que ”dispone la transferencia del Programa de Transitabilidad de Caminos Vecinales y Rurales Mejorada, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a los Gobiernos Departamentales”.

La iniciativa parlamentaria plantea transferir de manera íntegra el denominado Programa 002, contemplado actualmente en el Presupuesto General de la Nación para el ciclo actual, a los programas de mantenimiento, reparación y mejoramiento de caminos vecinales y puentes que son administrados de forma directa por las 17 gobernaciones del país.

En la exposición de motivos, los legisladores argumentan que el centralismo del MOPC frena las respuestas rápidas y que los gobiernos departamentales cuentan con un conocimiento mucho más cercano de las necesidades específicas de cada comunidad, poseyendo una mayor capacidad de respuesta ante las urgencias climáticas y viales del interior.

IMPACTO DIRECTO EN LA ECONOMÍA

Los proyectistas sostienen que el verdadero desarrollo de las regiones depende exclusivamente de la conectividad interna del país. Fortalecer la infraestructura vial rural permitirá reducir el aislamiento de numerosas poblaciones, disminuir drásticamente los costos de fletes y transporte, y garantizar que la producción agropecuaria de los pequeños productores llegue a los diferentes mercados de consumo de manera más eficiente.

Asimismo, el documento resalta que un mejoramiento real en los caminos de tierra y puentes del interior impulsará con fuerza la competitividad productiva local. Esto contribuirá directamente al dinamismo económico de las distintas regiones mediante la generación masiva de empleos directos e indirectos en las comunidades rurales.

CONTROL ESTRICTO

Para evitar sospechas de malversación o descontrol de fondos públicos, el proyecto de ley establece un fuerte blindaje institucional de transparencia. Las gobernaciones beneficiadas estarán obligadas a presentar informes trimestrales sobre el avance físico de las obras y sus respectivas rendiciones de cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Respecto a las obras viales que ya se encuentran en plena ejecución, el documento dispone un mecanismo de transición ordenada.

Todos los contratos actualmente vigentes con empresas contratistas privadas mantendrán plena validez legal. Las gobernaciones quedarán a cargo de la ejecución, supervisión técnica y los pagos correspondientes. Además, se prohíbe taxativamente la modificación de plazos de entrega, montos financieros o especificaciones técnicas ya pactadas.

Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas quedará totalmente facultado por ley a realizar las adecuaciones y modificaciones presupuestarias necesarias para concretar la transferencia de los millonarios recursos, conforme al Clasificador Presupuestario vigente.

El proyecto de ley lleva la firma de un influyente grupo de diputados de diversas bancadas, compuesto por Cristina Villalba, José Adorno, Avelino Dávalos y Rubén Roussillón por el Partido Colorado (ANR); junto con Constancia Benítez, Carlos María López, Carlos Pereira, Emilio Pavón y Alejo Ríos en representación del Partido Liberal (PLRA).

La decisión ratifica el Auto Interlocutorio N.º 663, dictado el pasado 9 de julio por el Tribunal de Sentencia, que revocó las medidas alternativas a la prisión luego de que la condena de ambos quedara firme tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, sostuvo que las presentaciones realizadas por la defensa, entre ellas recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad, tuvieron un carácter dilatorio con el objetivo de impedir la ejecución de la sentencia.

El Ministerio Público argumentó además que, al haber adquirido firmeza las condenas de cuatro años para Samudio y de tres años y nueve meses para Costa Perdomo, el Tribunal de Sentencia estaba facultado para revocar las medidas alternativas y ordenar la prisión preventiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

Con esta resolución, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la decisión recurrida y dejó firme la orden de prisión preventiva para ambos condenados, allanando el camino para la ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al Gobierno de Mario Abdo Benítez, en abril del 2020, cuando la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio compró agua tónica con una sobrefacturación de G. 359.700.000.

En aquel entonces, Samudio justificó la compra de esta manera: “El tema del coronavirus se va saliendo de a puchito … el agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina que es la hidroxicloroquina, y dijeron que si tomabas tenías como una cierta inmunidad”.

João Louis Mioto, delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, informó que uno de los choferes fue escuchado en el lugar del accidente y tuvo la oportunidad de dar su versión.

“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo tuvo una falla mecánica y el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial, en un contacto con Telefuturo.

También se recogieron testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y comentaron que llevaba un exceso de velocidad.

Los conductores Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave en la definición del futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder a la justicia brasileña.

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El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva en “u”. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas, tres adultas y una niña de 8 años.

Además, algunas personas sufrieron la amputación de los miembros, entre ellos, la pierna y el brazo. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.

Brígido Ojeda, director de Isepol, confirmó que desde este mes, la institución a su cargo se adecuó a la Ley 6.634 que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional

“Tuvimos que cambiar nuestro proceso de admisión en lo referente a estatura, tatuajes, estado civil y admitir a personas con hijos o sin hijos”, reconoció Ojeda en una entrevista radial con la 1020 AM.

REQUISITOS ELIMINADOS

Los requisitos que existían hasta esta modificación eran:

No estar casado ni tener hijos

Estaturas mínimas: 1.60 m para mujeres, que luego se flexibilizó a 1.55. Además, 1,65 m para los hombres.

No tener tatuajes

Todo esto quedó sin efecto, pero con una acotación. Aunque los tatuajes están permitidos, se establece una excepción para ciertos diseños:

Los tatuajes relacionados con grupos criminales nacionales o extranjeros

Los diseños homófobos, xenófobos, violentos, ofensivos o sexistas

Los que hagan apología al consumo de drogas

Los que representen a partidos o movimientos políticos

Diseños contra grupos religiosos.

Calaveras, cuchillos, marihuana.

Vírgenes o payasos que son utilizados por miembros del crimen organizado como PCC o Comando Vermelho

“Si guardan relación con esas prohibiciones, sí se les rechaza en el proceso de admisión”, detalló el director de Isepol.

El Artículo 3º de la Ley 6.634 determina que las evaluaciones de ingreso deben desarrollarse obligatoriamente en un orden secuencial estricto:

Evaluación de conocimientos, de salud, de eficiencia física y evaluación psicotécnica.