El depósito fue realizado en una cuenta judicial en dólares habilitada por disposición del Juzgado Penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú, como parte de una medida de embargo preventivo sobre fondos vinculados a la causa.

De acuerdo con el documento, el caso se encuentra actualmente paralizado debido a un recurso presentado por la defensa de Miguel Ángel Zaldívar Silvera y otros directivos del Banco Atlas, planteo que deberá ser analizado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que definirá la continuidad del proceso.

En ese contexto, el juez Otazú prevé dictar una nueva resolución para solicitar de manera formal el embargo preventivo de la millonaria suma ofrecida por la entidad bancaria, en el marco de las medidas cautelares del expediente.

El depósito del dinero se realiza a los efectos de asegurar el eventual comiso especial o la privación de beneficios derivados de supuestas operaciones vinculadas a lavado de activos, conforme a lo establecido en el proceso penal.

Según el avance de la investigación, el Ministerio Público sostiene que los fondos podrían estar relacionados con ganancias obtenidas a partir de operaciones financieras bajo análisis, lo que motivó la solicitud de medidas restrictivas sobre los activos.

El caso forma parte de la causa conocida como caso Conmebol, en la que se indagan presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas a movimientos financieros de alta complejidad en el sistema bancario.

A tempranas horas de este viernes inició la visita del titular del Consejo de Administración del IPS al Hospital Regional de Ciudad del Este.

En la ocasión, Isaías Fretes tuvo oportunidad de conocer (por primera vez) este centro asistencial que funciona en la capital del Alto Paraná y constatar en primera persona su funcionamiento e infraestructura.

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“Mi objetivo es conocer esto y ver cómo podemos darle una mayor funcionalidad, ver cómo podemos construir en el tiempo y también, en mi caso personal, en un trabajo mancomunado ver cómo mejorar”, expresó en entrevista con los medios.

La ocasión fue aprovechada por varios asegurados para expresar sus inquietudes al presidente de la previsional, principalmente en lo que atañe a las deficiencias en el hospital, sobre todo en cuanto a medicamentos y atención a pacientes.

Una exempleada de la empresa CEVIMA, adjudicada para el servicio de limpieza del IPS de Ciudad del Este, entre lágrimas relató a Fretes su despido injustificado tras cinco meses trabajando para la firma.

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Esta mujer sostuvo que, transcurrido ese tiempo, fue despedida sin recibir una indemnización. Al escuchar su testimonio, el titular del IPS se comprometió a ver la manera de ayudarla.

Como parte de esta visita, Fretes prevé reunirse con organizaciones de pacientes crónicos, renales y oncológicos, quienes acuden con frecuencia a este servicio de salud y poseen en carpeta una serie de reclamos.

El director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, Jorge Sabaté, confirmó que el día de ayer el intendente Luis Bello tomó la determinación de intervenir la Dirección de Vialidad, ante las graves denuncias que saltaron a la luz.

La persona asignada para encabezar la intervención es el abogado Óscar Pérez. El mismo impulsará una investigación interna en la citada dependencia, además de encargarse de la parte administrativa mientras dure el proceso.

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Este funcionario municipal asume el cargo en reemplazo de Nicolás Duarte, quien fue separado del cargo de director de Vialidad por disposición del intendente, entre tanto culmine la tarea investigativa.

Una de las primeras medidas a ser adoptadas será la de poner a disposición al administrador y el jefe de combustible, además de regularizar el funcionamiento de la planta asfáltica que ayer quedó paralizada por la protesta de funcionarios.

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No se descartan otros cambios y movidas en la mencionada dirección municipal, ya que ello forma parte de las atribuciones del nuevo interventor, en caso de que así lo considere pertinente.

“Las indagaciones serán sobre todo el funcionamiento de la dirección. La denuncia implica a funcionarios, choferes y maquinarias”, añadió Sabaté en entrevista con el canal GEN.

El intento de homicidio registrado en el Palacio de Justicia de Luque destapó una profunda trama de desamparo institucional y drama familiar. Tras ser detenida por disparar contra su expareja, Johana Gómez, de 30 años, habló ante los medios de comunicación y confesó el infierno que vivía junto a sus hijos. “Perdí la cabeza”, declaró la mujer al iniciar un relato que expone las severas fallas en el sistema de protección a las víctimas.

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El hombre atacado, David Moisés Orellana Almada (35), estuvo procesado por acoso y abuso sexual de niños, siendo una de las presuntas víctimas la hija mayor de Johana, a quien él había reconocido como suya. Se encuentra en libertad hace aproximadamente 6 meses.

Gómez alegó que el arma utilizada para el ataque era propiedad del propio Orellana y que desconocía si estaba en regla. “Yo me di cuenta de que existía abuso en diciembre de 2024 porque mi hija cambió de la noche a la mañana”, relató con crudeza, situando el inicio de su calvario un año y medio atrás.

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La tragedia ya había rozado de cerca a la familia cuando su hijo de apenas 10 años intentó suicidarse utilizando un cuchillo. El menor cargaba con una abrumadora sensación de culpa al sentir que no podía cuidar de su hermana, y también sufría acoso por parte de su padre, según relato de la madre.

El detonante final ocurrió durante la audiencia de prestación alimentaria. Johana denunció que Orellana la amenazaba constantemente con matarla a ella y a sus hijos, y que ya había recurrido a la comisaría local sin obtener respuestas ni garantías de seguridad. “No lo iba a hacer, pero me ofreció poco dinero”, admitió la mujer, señalando que la actitud desafiante y la burla del procesado ante la precaria situación de sus hijos terminaron por quebrar su resistencia.