El programa de alimentación escolar “Hambre Cero” mantendrá su estructura actual sin alteraciones tras una jornada de debate legislativo. La Cámara de Senadores analizó hoy dos propuestas de ley, ambas impulsadas por sectores del Partido Colorado, que buscaban introducir modificaciones en la administración.

El primer punto abordado fue el proyecto de ley que pretendía modificar los artículos 4°, 5°, 7°, 8° y 9° de la Ley N° 7264/24 de Alimentación Escolar. Tras una moción presentada por el propio proyectista, el senador Colym Soroka, el pleno resolvió postergar el tratamiento del documento por el plazo de 30 días.

La propuesta de Soroka apunta a restar la administración del programa a las gobernaciones y el Gobierno Central para traspasar la gestión de forma directa a los municipios.

El argumento principal de la iniciativa sostiene que los intendentes, al encontrarse en territorio, poseen un conocimiento real de la zona y sabrán priorizar la compra de insumos a los pequeños productores frutihortícolas locales, dinamizando las economías distritales.

Con esta postergación, la discusión queda congelada por un mes.

ALTO PARANÁ Y CONCEPCIÓN CONSERVAN EL CONTROL

Por otro lado, la Cámara Alta analizó la modificación del artículo 9° de la mencionada ley. En este apartado, los senadores pretendían inicialmente quitarle la administración del programa de alimentación escolar a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, transfiriendo dicho presupuesto al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Sin embargo, esta intención no prosperó. La Cámara de Diputados se plantó y no apoyó la centralización pretendida por el Senado, ratificando que ambas gobernaciones departamentales debían hacerse cargo de la ejecución.

Durante la sesión de la fecha, los senadores recurrieron al voto electrónico pero no lograron reunir los 23 votos mínimos requeridos para ratificar su sanción inicial de despojo. Al no alcanzarse la mayoría calificada, el Pleno resolvió aceptar formalmente el texto remitido por la Cámara Baja.

Con esta resolución, el Congreso Nacional devolvió oficialmente la administración plena del programa a las autoridades departamentales de Concepción y Alto Paraná, desistiendo de la centralización en el MDS.

El texto sancionado fue remitido de manera inmediata al Poder Ejecutivo para su promulgación, asegurando que el programa “Hambre Cero” se quede tal y cual como está funcionando actualmente.

Las obras demandarán una inversión cercana a G. 26.400 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirán mejorar la infraestructura de establecimientos donde ya funciona la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Las nuevas USF incorporarán espacios más amplios y funcionales, con consultorios médicos y odontológicos, áreas para controles prenatales, atención ginecológica y otros servicios esenciales, con el objetivo de brindar una atención más integral tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante la jornada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el inicio de estas obras representa un nuevo paso para acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los nuevos edificios estarán distribuidos en los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde miles de pobladores reciben actualmente atención médica, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, odontología y otros servicios básicos.

Además del fortalecimiento de la red sanitaria, el proyecto prevé la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la zona, con el propósito de generar un impacto económico durante la ejecución de las obras.

La decisión ratifica el Auto Interlocutorio N.º 663, dictado el pasado 9 de julio por el Tribunal de Sentencia, que revocó las medidas alternativas a la prisión luego de que la condena de ambos quedara firme tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, sostuvo que las presentaciones realizadas por la defensa, entre ellas recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad, tuvieron un carácter dilatorio con el objetivo de impedir la ejecución de la sentencia.

El Ministerio Público argumentó además que, al haber adquirido firmeza las condenas de cuatro años para Samudio y de tres años y nueve meses para Costa Perdomo, el Tribunal de Sentencia estaba facultado para revocar las medidas alternativas y ordenar la prisión preventiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

Con esta resolución, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la decisión recurrida y dejó firme la orden de prisión preventiva para ambos condenados, allanando el camino para la ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al Gobierno de Mario Abdo Benítez, en abril del 2020, cuando la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio compró agua tónica con una sobrefacturación de G. 359.700.000.

En aquel entonces, Samudio justificó la compra de esta manera: “El tema del coronavirus se va saliendo de a puchito … el agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina que es la hidroxicloroquina, y dijeron que si tomabas tenías como una cierta inmunidad”.

João Louis Mioto, delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, informó que uno de los choferes fue escuchado en el lugar del accidente y tuvo la oportunidad de dar su versión.

“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo tuvo una falla mecánica y el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial, en un contacto con Telefuturo.

También se recogieron testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y comentaron que llevaba un exceso de velocidad.

Los conductores Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave en la definición del futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder a la justicia brasileña.

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El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva en “u”. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas, tres adultas y una niña de 8 años.

Además, algunas personas sufrieron la amputación de los miembros, entre ellos, la pierna y el brazo. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.