A las 23:59 de este jueves finaliza de forma oficial el periodo establecido para la difusión de propaganda electoral a través de los medios masivos de comunicación, de cara a las elecciones internas del domingo. Sin embargo, el cese de los spots tradicionales no significará un descanso visual para la ciudadanía, debido a los históricos vacíos legales y logísticos que arrastra el sistema.

En entrevista con el canal GEN, Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), reconoció que la famosa veda electoral es prácticamente parcial en la práctica. Mientras los medios tradicionales acatarán la norma apagando los materiales audiovisuales de los candidatos, la vía pública y las pantallas de los teléfonos móviles mantendrán la campaña activa.

BASURA ELECTORAL DE LAS CALLES

Ljubetic señaló que, como ya es una mala costumbre en el país, la propaganda callejera (pasacalles, afiches, gigantografías y pintatas) no se retira y permanece estática, generando una polución visual. El director estimó que, a lo sumo, se suspenderán las pantallas LED automáticas, pero el resto quedará intacto debido a la inacción de los municipios.

Si bien la ley otorga a las municipalidades la potestad y la organización para limpiar las ciudades, la falta de presupuesto paraliza cualquier intento de ordenamiento. “Limpiar todo lleva una inversión impresionante. ¿Saben cuánta inversión requiere tapar los murales de todos los candidatos, bajar los pasacalles y los colgantes de las columnas que están en todos lados?”, dijo la autoridad electoral.

Ante esta problemática, Ljubetic recordó una propuesta institucional que lleva años encajonada en la burocracia legislativa. El TSJE propuso hace bastante tiempo un proyecto para obligar a los candidatos a realizar un depósito previo de dinero en efectivo a la Municipalidad por cada mural o cartel que pretendan colocar.

Si al llegar la veda el político no retiraba su estructura, el municipio ejecutaría la limpieza utilizando esos fondos en garantía. “Nunca corrió lastimosamente este proyecto, pero sería lo ideal”, lamentó.

IMPOSIBLE DE REGULAR LAS REDES

Ljubetic confirmó que los rostros y las propuestas de los candidatos seguirán bombardeando a los electores en las plataformas digitales y redes sociales a pesar de la veda, debido a la falta de regulación en este campo.

Para el director del TSJE, el control de internet en época electoral es un problema complejo que carece de una solución técnica o jurídica inmediata en la legislación paraguaya.

“No tenemos la posibilidad de regular y casi como que no tiene solución. ¿Qué pasa si desde Clorinda la gente empieza a enviar propaganda a través de algún chat o de alguna plataforma? Eso ya no está bajo nuestra jurisdicción penal”, ejemplificó Ljubetic.

Las obras demandarán una inversión cercana a G. 26.400 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirán mejorar la infraestructura de establecimientos donde ya funciona la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Las nuevas USF incorporarán espacios más amplios y funcionales, con consultorios médicos y odontológicos, áreas para controles prenatales, atención ginecológica y otros servicios esenciales, con el objetivo de brindar una atención más integral tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante la jornada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el inicio de estas obras representa un nuevo paso para acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los nuevos edificios estarán distribuidos en los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde miles de pobladores reciben actualmente atención médica, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, odontología y otros servicios básicos.

Además del fortalecimiento de la red sanitaria, el proyecto prevé la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la zona, con el propósito de generar un impacto económico durante la ejecución de las obras.

La decisión ratifica el Auto Interlocutorio N.º 663, dictado el pasado 9 de julio por el Tribunal de Sentencia, que revocó las medidas alternativas a la prisión luego de que la condena de ambos quedara firme tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, sostuvo que las presentaciones realizadas por la defensa, entre ellas recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad, tuvieron un carácter dilatorio con el objetivo de impedir la ejecución de la sentencia.

El Ministerio Público argumentó además que, al haber adquirido firmeza las condenas de cuatro años para Samudio y de tres años y nueve meses para Costa Perdomo, el Tribunal de Sentencia estaba facultado para revocar las medidas alternativas y ordenar la prisión preventiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

Con esta resolución, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la decisión recurrida y dejó firme la orden de prisión preventiva para ambos condenados, allanando el camino para la ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al Gobierno de Mario Abdo Benítez, en abril del 2020, cuando la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio compró agua tónica con una sobrefacturación de G. 359.700.000.

En aquel entonces, Samudio justificó la compra de esta manera: “El tema del coronavirus se va saliendo de a puchito … el agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina que es la hidroxicloroquina, y dijeron que si tomabas tenías como una cierta inmunidad”.

João Louis Mioto, delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, informó que uno de los choferes fue escuchado en el lugar del accidente y tuvo la oportunidad de dar su versión.

“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo tuvo una falla mecánica y el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial, en un contacto con Telefuturo.

También se recogieron testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y comentaron que llevaba un exceso de velocidad.

Los conductores Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave en la definición del futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder a la justicia brasileña.

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El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva en “u”. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas, tres adultas y una niña de 8 años.

Además, algunas personas sufrieron la amputación de los miembros, entre ellos, la pierna y el brazo. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.