En el pronunciamiento, los países firmantes rechazaron lo que califican como “esfuerzos continuos” para derrocar al gobierno boliviano, al que describen como legítimo y democráticamente electo.

Asimismo, manifestaron su apoyo al mandatario boliviano ante las protestas y bloqueos que afectan distintas zonas del país, señalando que estas acciones buscan impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población.

La declaración sostiene que los grupos que impulsan estas medidas no pueden reemplazar la voluntad popular expresada en las urnas y afirma que la mayoría de los bolivianos optó por dejar atrás “dos décadas de gobiernos corruptos”.

Por otro lado, los países integrantes del bloque señalaron que quienes financian las protestas con recursos provenientes del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas ante la justicia.

El documento también insta a los sectores con reclamos legítimos a aprovechar la apertura al diálogo ofrecida por el gobierno de Paz y a denunciar a quienes, según sostiene el texto, intentan instrumentalizar sus demandas con fines políticos.

La postura fue difundida oficialmente por la Cancillería , en el marco de la creciente tensión política y social que atraviesa Bolivia.

Como parte del protocolo de contingencia, la institución movilizó 175 cuadrillas y cerca de 500 técnicos en todo el territorio nacional, entre funcionarios y personal de empresas contratistas, con el objetivo de agilizar la reposición del servicio eléctrico en las zonas afectadas.

Según informó la ANDE, los principales inconvenientes registrados hasta el momento obedecen a la caída de árboles y ramas sobre las líneas de distribución, como consecuencia de la intensidad de los vientos.

La estatal señaló que mantiene un monitoreo permanente de la situación y que las cuadrillas trabajan de manera ininterrumpida, priorizando los casos que representan un riesgo para la seguridad de las personas y aquellos que afectan la continuidad del suministro eléctrico.

Asimismo, recordó que los usuarios pueden reportar inconvenientes a través de la aplicación Mi ANDE, el WhatsApp Luz Asistente Virtual (0962 160 160), el portal web de la institución y la línea telefónica 160, opción 1.

En las últimas tres semanas epidemiológicas (SE 25 a la SE 27) se confirmaron solo tres casos de dengue: dos en el departamento Central y uno en Presidente Hayes. Entre ellos fue identificado el serotipo DENV-1. Con estas cifras, el acumulado de casos confirmados en lo que va del 2026 asciende a 288.

Uno de los datos más alentadores del informe es que no se registraron pacientes hospitalizados ni fallecidos por la enfermedad durante el periodo analizado.

El brote detectado en el municipio de Limpio también muestra una evolución favorable, con una disminución de las notificaciones y un solo caso confirmado en las últimas semanas.

No obstante, Vigilancia de la Salud advirtió un aumento de notificaciones de casos sospechosos en Asunción y los departamentos de Central, Presidente Hayes, Alto Paraná, Guairá, Caazapá, Concepción, Itapúa, Cordillera, Misiones y San Pedro.

En cuanto al chikungunya, el reporte señala que en lo que va del año se confirmaron 18 casos en el país, de los cuales tres fueron importados desde Bolivia.

Las autoridades sanitarias insisten en eliminar los criaderos de mosquitos y consultar de forma oportuna ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolores corporales, además de evitar la automedicación.

Las obras demandarán una inversión cercana a G. 26.400 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirán mejorar la infraestructura de establecimientos donde ya funciona la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Las nuevas USF incorporarán espacios más amplios y funcionales, con consultorios médicos y odontológicos, áreas para controles prenatales, atención ginecológica y otros servicios esenciales, con el objetivo de brindar una atención más integral tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante la jornada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el inicio de estas obras representa un nuevo paso para acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los nuevos edificios estarán distribuidos en los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde miles de pobladores reciben actualmente atención médica, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, odontología y otros servicios básicos.

Además del fortalecimiento de la red sanitaria, el proyecto prevé la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la zona, con el propósito de generar un impacto económico durante la ejecución de las obras.