El camionero paraguayo denunció la crítica situación que vive junto a otros compatriotas en la localidad de Desaguadero, frontera entre Perú y Bolivia. En una entrevista concedida al canal GEN/Nación Media, el trabajador reveló que llevan 35 días varados en territorio peruano sin poder avanzar debido al severo bloqueo de rutas que mantienen grupos indígenas en Bolivia, quienes exigen la salida del presidente de ese país.

Los manifestantes cortaron los accesos con maquinaria pesada, piedras y palos, impidiendo el paso de cualquier tipo de vehículo.

Valdez calificó de “vergüenza” y de “migajas” la asistencia económica brindada por la embajada paraguaya en Lima. Según explicó, la representación diplomática les envió un primer desembolso de 270 soles, unos 479.000 guaraníes, a los ocho días de haber llegado, y una segunda partida de 170 soles hace apenas una semana.

El chofer lamentó que el dinero solo les alcanza para cubrir los gastos de alimentación de dos días, debido a que los comerciantes locales inflan los precios de los productos básicos al notar la desesperación de los transportistas.

La situación se complica aún más para estos trabajadores debido a su condición laboral, ya que operan como propietarios independientes. Valdez aclaró que los camiones están registrados bajo una empresa de transporte local que únicamente les provee el permiso internacional necesario para circular por la región de manera legal.

A pesar de haber enviado toda la documentación correspondiente y sus datos de identidad a los responsables de la firma para solicitar apoyo, el conductor denunció que la empresa optó por llamarse a silencio y desentenderse del problema, dejándolos completamente a su suerte.

Actualmente, el panorama es de total incertidumbre para el grupo de paraguayos, quienes transportan cargas que van desde telas y plásticos hasta aceite bitónico.

A pesar de contar con todos los papeles de tránsito en regla para cruzar a territorio boliviano y continuar el viaje hacia Paraguay, los afectados no tienen una fecha estimada de retorno ni saben cuánto tiempo más durará el conflicto político ajeno que los mantiene retenidos.

Las autoridades activaron la búsqueda de Magnolia Bustos Rojas, quien fue vista por última vez en la tarde del miércoles en el barrio Mburukuya de Asunción.

De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida por el programa Alerta MAFE, la menor fue vista por última vez alrededor de las 17:00, sobre las calles Vicente Flores N.º 1582 casi Julio Correa, en el barrio Mburukuya, de Asunción.

Hasta el momento, las autoridades informaron que tanto la vestimenta como otras características de la niña se encuentran pendientes de confirmación.

La Policía Nacional y los organismos encargados de la búsqueda instan a la ciudadanía a brindar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse al 0986 760 083, correspondiente al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, o llamar a los números de emergencia 147, 911 o 130.

El anuncio fue realizado tras una reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), en la que se evaluaron los avances del programa, que, según el mandatario, actualmente alcanza a más de 1.050.000 niños en todo el país.

Peña informó además que durante el encuentro se adoptaron decisiones orientadas a fortalecer la participación de la Agricultura Familiar y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en las compras destinadas a la provisión de alimentos para las escuelas.

En ese sentido, explicó que se estableció un mínimo del 7% de compras directas a la producción familiar, manteniéndose el porcentaje del 10% ya vigente para este sector.

El mandatario agregó que las licitaciones para el periodo 2027-2030 también contemplan la incorporación de cerca de 100.000 nuevos estudiantes que se sumarán a las instituciones educativas públicas, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio de alimentación escolar.

El anuncio fue realizado durante una jornada de Gobierno desarrollada en Concepción, donde la secretaria de Estado sostuvo que los nuevos hospitales públicos se construyen íntegramente con recursos del Estado, a diferencia del último hospital levantado hace 32 años.

Según explicó, cada una de las nuevas USF brindará cobertura a más de 5.000 personas y permitirá fortalecer el primer nivel de atención. “La Unidad de Salud de la Familia es la puerta de entrada al sistema y una herramienta clave para avanzar hacia el acceso universal”, expresó.

Barán también confirmó que el Hospital General de Concepción, uno de los siete grandes hospitales que se construyen en el país, cuenta con financiamiento asegurado para su construcción y equipamiento, y que su habilitación está prevista para finales de 2027. La meta es que el departamento pueda resolver alrededor del 80% de las patologías sin necesidad de derivar pacientes a Asunción.

Sobrecarga por la crisis del IPS

Durante su intervención, la ministra reconoció además que la crisis del Instituto de Previsión Social (IPS) genera una fuerte presión sobre el sistema público. Indicó que entre el 30% y el 40% de los asegurados del IPS recurren actualmente a hospitales y centros del Ministerio de Salud para consultas, internaciones, cirugías, estudios laboratoriales e imágenes.

Esta situación, señaló, provoca una demanda superior a la prevista y puede derivar en faltantes de medicamentos e insumos. No obstante, afirmó que el sistema informático HIS, implementado en más de 1.300 servicios de salud, permite detectar esos quiebres y responder con mayor rapidez.

En otro momento, Barán destacó que Paraguay acumula tres años sin registrar un brote importante de dengue, aunque advirtió que el fenómeno de El Niño mantiene el riesgo de aumento de casos. En ese sentido, instó a la población a eliminar criaderos de mosquitos y recordó que el país ya incorporó la vacunación contra la enfermedad, priorizando a la población infantil.