La ministra de Salud Pública y Bienestar Social, María Teresa Barán, encabezó una visita al Hospital Distrital de Hernandarias junto al viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, Saúl Recalde, y al director de la X Región Sanitaria de Alto Paraná, Federico Schrodel, con el objetivo de verificar el funcionamiento de los servicios y el avance de obras destinadas a fortalecer la atención sanitaria en la zona.

Durante el recorrido, las autoridades visitaron el Centro Nefrológico de Hernandarias, donde dialogaron con pacientes y personal de salud sobre la situación del servicio.

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Según informó el director del Instituto Nacional de Nefrología, Carlos Román, actualmente se encuentran en tratamiento 31 pacientes crónicos, de los cuales 19 son hombres y 12 mujeres.

Asimismo, señaló que durante mayo se realizaron 474 sesiones de diálisis, distribuidas en 364 procedimientos crónicos, 90 diálisis agudas y 20 intervenciones efectuadas en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Los registros reflejan un aumento sostenido de la demanda, considerando que en enero se habían contabilizado 327 procedimientos.

Centro de Diagnóstico por Imágenes alcanza 85 % de ejecución

La comitiva también inspeccionó las obras del futuro Centro de Diagnóstico por Imágenes, cuya construcción registra un avance del 85 %.

La nueva infraestructura permitirá realizar estudios especializados con equipamientos de última generación, ampliando el acceso a diagnósticos de alta complejidad para miles de habitantes del Alto Paraná y zonas aledañas.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que esta obra forma parte de la estrategia para fortalecer la red de servicios y mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos sanitarios.

Recorrido por áreas estratégicas

Las autoridades también visitaron los sectores de urgencias, cocina y lavandería del Hospital Distrital de Hernandarias, donde mantuvieron reuniones con funcionarios y pacientes para conocer las principales necesidades y desafíos de cada área.

Como parte de la agenda, recorrieron además el Parque Sanitario Regional, centro logístico encargado de la distribución de medicamentos e insumos a todos los servicios dependientes de la X Región Sanitaria de Alto Paraná.

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Según destacaron, este espacio cumple un papel clave para garantizar el abastecimiento oportuno y continuo de los establecimientos de salud de la región.

La visita contó además con la participación del director de Recursos Físicos del Ministerio de Salud, Fernando Sanabria, junto con directivos y personal del centro asistencial.

Las obras demandarán una inversión cercana a G. 26.400 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y permitirán mejorar la infraestructura de establecimientos donde ya funciona la estrategia de Atención Primaria de la Salud.

Las nuevas USF incorporarán espacios más amplios y funcionales, con consultorios médicos y odontológicos, áreas para controles prenatales, atención ginecológica y otros servicios esenciales, con el objetivo de brindar una atención más integral tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Durante la jornada, la ministra de Salud, María Teresa Barán, afirmó que el inicio de estas obras representa un nuevo paso para acercar los servicios de salud a las comunidades y fortalecer la atención primaria como puerta de entrada al sistema sanitario.

Los nuevos edificios estarán distribuidos en los distritos de Caazapá, San Juan Nepomuceno, Abaí y Tavaí, donde miles de pobladores reciben actualmente atención médica, vacunación, controles prenatales, planificación familiar, odontología y otros servicios básicos.

Además del fortalecimiento de la red sanitaria, el proyecto prevé la contratación de mano de obra local y la compra de materiales en la zona, con el propósito de generar un impacto económico durante la ejecución de las obras.

La decisión ratifica el Auto Interlocutorio N.º 663, dictado el pasado 9 de julio por el Tribunal de Sentencia, que revocó las medidas alternativas a la prisión luego de que la condena de ambos quedara firme tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, sostuvo que las presentaciones realizadas por la defensa, entre ellas recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad, tuvieron un carácter dilatorio con el objetivo de impedir la ejecución de la sentencia.

El Ministerio Público argumentó además que, al haber adquirido firmeza las condenas de cuatro años para Samudio y de tres años y nueve meses para Costa Perdomo, el Tribunal de Sentencia estaba facultado para revocar las medidas alternativas y ordenar la prisión preventiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

Con esta resolución, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la decisión recurrida y dejó firme la orden de prisión preventiva para ambos condenados, allanando el camino para la ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al Gobierno de Mario Abdo Benítez, en abril del 2020, cuando la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio compró agua tónica con una sobrefacturación de G. 359.700.000.

En aquel entonces, Samudio justificó la compra de esta manera: “El tema del coronavirus se va saliendo de a puchito … el agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina que es la hidroxicloroquina, y dijeron que si tomabas tenías como una cierta inmunidad”.

João Louis Mioto, delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, informó que uno de los choferes fue escuchado en el lugar del accidente y tuvo la oportunidad de dar su versión.

“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo tuvo una falla mecánica y el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial, en un contacto con Telefuturo.

También se recogieron testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y comentaron que llevaba un exceso de velocidad.

Los conductores Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave en la definición del futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder a la justicia brasileña.

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El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva en “u”. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas, tres adultas y una niña de 8 años.

Además, algunas personas sufrieron la amputación de los miembros, entre ellos, la pierna y el brazo. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.