La propuesta se encuentra actualmente en su cuarto trámite constitucional y surge en medio del debate generado tras el asesinato de María Fernanda, caso que volvió a poner en el centro de la discusión la responsabilidad penal adolescente y los límites establecidos por la legislación vigente.

Actualmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece un máximo de ocho años de privación de libertad para adolescentes infractores. Sin embargo, durante el estudio de la iniciativa surgieron dos posturas: mientras la Cámara de Senadores aprobó elevar ese límite a 15 años, Diputados optó por una posición intermedia y planteó fijarlo en 10 años.

La Comisión de Niñez y Adolescencia, presidida por la diputada Dalia Estigarribia, respaldó esta última postura y recomendó a la plenaria mantener la versión aprobada por la Cámara Baja.

DEBATE SOBRE LAS SANCIONES

Los impulsores de la modificación argumentan que en los últimos años aumentaron las causas penales que involucran a adolescentes de entre 14 y 18 años, incluyendo hechos de gran impacto social, lo que motivó el planteamiento de revisar las sanciones actualmente vigentes.

Según la exposición de motivos, si bien las políticas de prevención y reinserción continúan siendo fundamentales, existe una creciente percepción ciudadana de que las penas aplicadas a menores infractores resultan insuficientes frente a determinados delitos.

El proyecto también menciona factores sociales y familiares que podrían incidir en el incremento de la criminalidad adolescente, como la falta de acompañamiento familiar, la escasa supervisión de los jóvenes y otras problemáticas vinculadas al entorno social.

LO QUE PLANTEA EL PROYECTO

La modificación propuesta mantiene la duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años para los hechos punibles en general. La principal diferencia radica en los casos considerados crímenes, donde se busca ampliar el tiempo máximo de privación de libertad.

Mientras el Senado plantea un límite de 15 años, la Cámara de Diputados sostiene que el tope debe quedar establecido en 10 años.

Con esta recomendación, el proyecto vuelve a quedar listo para su tratamiento en el pleno de Diputados, instancia en la que se definirá si la Cámara se ratifica en su postura o acepta los cambios introducidos por el Senado.

“La cesión es el único método que tenemos para bajar la deuda”, afirmó a ABC TV Édgar Villalba, presidente de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (CRIPFA).

La deuda que arrastra el Ministerio de Salud asciende a USD 1.000 millones. Mediante la cesión de derechos de cobro, se podrán financiar USD 360 millones, a tres años de plazo, lo cual amortiguará en cierta medida la cifra total.

Antecedentes: Anuncian nueva herramienta financiera para avanzar en pagos a farmacéuticas

Al aceptar el denominado “factoraje” propuesto por el gobierno, las farmacéuticas indefectiblemente deberán asumir también los intereses acumulados, indicó Villalba, ya que no tienen otra alternativa en estos momentos.

“El único problema de la cesión es que solamente entra el objeto 350 que son medicamentos. No entran diálisis, recursos de amparo o servicios”, lamentó.

A raíz de esta limitación, varias firmas proveedoras quedarían fuera del mecanismo ofrecido por el gobierno para zanjar las deudas acumuladas, según el titular de CRIPFA.

Leé también: Farmacéuticas confirman cumplimiento de pago por parte del gobierno

Para finales de año, la deuda podría quedar en alrededor de USD 500 millones, correspondiente al período 2025, siempre y cuando el plan de pagos se cumpla a cabalidad.

Si bien el Estado desembolsa USD 40 millones de forma mensual para pagar a las farmacéuticas, ello sigue siendo insuficiente, admitió. “Están cumpliendo en cierta forma, pero no alcanza por la deuda total”.

Durante la presentación oficial de los bibliobuses del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia “Semillas del Futuro”, en el litoral del Palacio de López, el presidente Peña conversó con los periodistas.

Ante la pregunta de si implementarán alguna medida urgente ante la falta de presupuesto para la compra de medicamentos en IPS, contestó que no, pero comentó que ayer mantuvo muy buena conversación con el presidente, Isaías Fretes.

“Hay novedades bastante auspiciosas; estamos trabajando en esto. Les puedo asegurar que no estamos de brazos cruzados. El doctor Fretes y su equipo están haciendo un trabajo extraordinario”, recalcó.

Lea también: Ordenan captura internacional del padre de la niña chilena

Señaló que un problema de décadas no se puede solucionar en cuatro o cinco meses; por lo tanto, el trabajo de mejoramiento llevará su tiempo a través de las decisiones tomadas a diario.

Dijo sentirse muy entusiasmado con los cambios que se están implementando y, principalmente, con el trabajo en terreno, pues el doctor Fretes continúa recorriendo los hospitales del IPS.

Respecto a la situación financiera actual del IPS, Peña informó que la buena noticia es el aumento en la cantidad de cotizantes, con 100.000 nuevos aportantes solamente en el último año.

En cuanto a la deuda del Estado con el IPS, el presidente respondió que ese monto está en discusión desde la creación del instituto por ley. No contestó si había un plan para comenzar a pagar.

Es noticia: Más de 10.000 usuarios ya entraron Informconf por deuda con la ANDE

Durante una charla con los medios de prensa, el mandatario Santiago Peña criticó las condiciones del millonario fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se invirtieron G. 828.000 millones.

“Hay enormes dudas sobre si ese fideicomiso realmente fue justo en el Instituto de Previsión Social. Se hicieron inversiones por más de 800.000 millones de guaraníes, pero con unas condiciones de lo que hoy estamos mirando”, dijo.

Peña puso especial énfasis en un saldo “a la vista” de G. 160.000 millones que permanece retenido mensualmente en la entidad bancaria del Grupo Zuccolillo. Estos fondos generan millonarios rendimientos que benefician al esquema del fideicomiso y al banco, pero que no se traducen en ningún tipo de ingreso o beneficio para el IPS ni para sus asegurados.

“Hay un saldo de 160.000 millones de guaraníes que están a la vista, eso genera un ingreso para el fideicomiso, pero ese ingreso no se traduce en un ingreso para IPS. Creo que eso también tiene que ser revisado”, acotó.

El origen de la polémica radica en las condiciones altamente ventajosas que el acuerdo otorgó al Banco Atlas y que posee una vigencia de 30 años. En la práctica, el mecanismo funciona como una suerte de “aduana financiera” que le provee al banco una colosal liquidez mensual sin asumir riesgos con su propio capital.

Cada mes, el 100% de los aportes de salud de trabajadores y empleadores ingresa primero a las cuentas de Atlas. El banco retiene el dinero durante 30 días para separar una “reserva mínima” de hasta G. 160.000 millones. Recién tras ese proceso, el remanente es devuelto al IPS.

El contrato estipula que todos los gastos administrativos, honorarios profesionales, auditorías, impuestos y costos legales no corren por cuenta de Atlas, sino que se pagan directamente con el dinero del IPS o de los fondos de la cuenta especial.

El propósito original del fideicomiso era financiar la construcción de cuatro centros médicos (el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico) por un total de G. 828.000 millones. Sin embargo, las actuales autoridades del IPS detectaron un esquema de presunta corrupción tras ordenar auditorías internas y externas, las cuales ya derivaron en cuatro denuncias penales.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se espera que terminen recién este año.