El caso de “Canela”, la perrita que sufrió graves heridas y la destrucción de su mandíbula tras la explosión de una bomba pirotécnica en la ciudad de Areguá durante las celebraciones de Año Nuevo, dio un giro que desató una ola de indignación ciudadana.

La jueza Carmen Rossana Román tomó la polémica decisión de ordenar que el animal sea devuelto a sus antiguos dueños, quienes son catalogados como negligentes por los rescatistas que asumieron el cuidado y tratamiento de Canela.

Desde Olfateando Huellas reclamaron de forma pública que las autoridades judiciales les están bloqueando el acceso al expediente del caso, lo cual obstaculiza una medida de amparo o apelación para proteger la integridad física y el bienestar de Canela.

Emitieron un pedido de ayuda dirigido a abogados del país, solicitando asesoría técnica urgente para revertir el dictamen. Además, hicieron un llamado a la solidaridad de todo el Paraguay para visibilizar el caso y presionar a la justicia.

Desde de la Dirección Nacional de Defensa Animal también se hicieron eco de la situación manifestando la profunda preocupación ante la decisión de la magistrada de restituir a Canela a su propietario original. Desde el organismo enfatizaron la gravedad de los antecedentes del caso, recordando las secuelas permanentes y el sufrimiento que la perrita atravesó debido a la falta de cuidado.

La decisión ratifica el Auto Interlocutorio N.º 663, dictado el pasado 9 de julio por el Tribunal de Sentencia, que revocó las medidas alternativas a la prisión luego de que la condena de ambos quedara firme tras el rechazo del recurso de casación por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La Fiscalía, representada por el agente Silvio Corbeta, sostuvo que las presentaciones realizadas por la defensa, entre ellas recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad, tuvieron un carácter dilatorio con el objetivo de impedir la ejecución de la sentencia.

El Ministerio Público argumentó además que, al haber adquirido firmeza las condenas de cuatro años para Samudio y de tres años y nueve meses para Costa Perdomo, el Tribunal de Sentencia estaba facultado para revocar las medidas alternativas y ordenar la prisión preventiva, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

Con esta resolución, el Tribunal de Apelación confirmó íntegramente la decisión recurrida y dejó firme la orden de prisión preventiva para ambos condenados, allanando el camino para la ejecución de la sentencia.

El caso se remonta al Gobierno de Mario Abdo Benítez, en abril del 2020, cuando la entonces presidenta de Petropar, Patricia Samudio compró agua tónica con una sobrefacturación de G. 359.700.000.

En aquel entonces, Samudio justificó la compra de esta manera: “El tema del coronavirus se va saliendo de a puchito … el agua tónica tiene una propiedad que se llama quinina que es la hidroxicloroquina, y dijeron que si tomabas tenías como una cierta inmunidad”.

João Louis Mioto, delegado de la Policía Civil de Santa Catarina, informó que uno de los choferes fue escuchado en el lugar del accidente y tuvo la oportunidad de dar su versión.

“El que manejaba al momento del accidente dijo que el vehículo tuvo una falla mecánica y el freno no funcionó, pero eso será esclarecido con la pericia solicitada a la policía científica”, explicó el jefe policial, en un contacto con Telefuturo.

También se recogieron testimonios de los pasajeros, quienes manifestaron su preocupación por el extraño balanceo del bus y comentaron que llevaba un exceso de velocidad.

Los conductores Fermín Espínola y Óscar Peralta fueron imputados por homicidio culposo y lesiones corporales en el tránsito. El resultado de la pericia será clave en la definición del futuro de ambos, pues, de confirmarse las sospechas, tendrán que responder a la justicia brasileña.

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El accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en San Miguel de Boa Vista, Santa Catarina, donde se produjo un vuelco a la altura de una curva en “u”. El percance dejó como saldo cuatro personas fallecidas, tres adultas y una niña de 8 años.

Además, algunas personas sufrieron la amputación de los miembros, entre ellos, la pierna y el brazo. El resto de la delegación ya se encuentra en el país.

Brígido Ojeda, director de Isepol, confirmó que desde este mes, la institución a su cargo se adecuó a la Ley 6.634 que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional

“Tuvimos que cambiar nuestro proceso de admisión en lo referente a estatura, tatuajes, estado civil y admitir a personas con hijos o sin hijos”, reconoció Ojeda en una entrevista radial con la 1020 AM.

REQUISITOS ELIMINADOS

Los requisitos que existían hasta esta modificación eran:

No estar casado ni tener hijos

Estaturas mínimas: 1.60 m para mujeres, que luego se flexibilizó a 1.55. Además, 1,65 m para los hombres.

No tener tatuajes

Todo esto quedó sin efecto, pero con una acotación. Aunque los tatuajes están permitidos, se establece una excepción para ciertos diseños:

Los tatuajes relacionados con grupos criminales nacionales o extranjeros

Los diseños homófobos, xenófobos, violentos, ofensivos o sexistas

Los que hagan apología al consumo de drogas

Los que representen a partidos o movimientos políticos

Diseños contra grupos religiosos.

Calaveras, cuchillos, marihuana.

Vírgenes o payasos que son utilizados por miembros del crimen organizado como PCC o Comando Vermelho

“Si guardan relación con esas prohibiciones, sí se les rechaza en el proceso de admisión”, detalló el director de Isepol.

El Artículo 3º de la Ley 6.634 determina que las evaluaciones de ingreso deben desarrollarse obligatoriamente en un orden secuencial estricto:

Evaluación de conocimientos, de salud, de eficiencia física y evaluación psicotécnica.