Según el informe oficial, unas 537 personas realizaron reportes sobre posibles vulneraciones de derechos, lo que permitió detectar más de un millar de casos que requirieron intervención institucional. Entre las situaciones más recurrentes figuran el maltrato infantil, el incumplimiento del deber de cuidado por parte de padres o responsables y los casos de presunto abuso sexual.

La directora de Protección del Minna, Lourdes Fernández, explicó que durante el mes se registraron 363 denuncias relacionadas con la violación del deber de cuidado, 107 casos de abuso sexual, 11 de explotación sexual, 126 situaciones de niños en calle y 157 reportes vinculados a riesgo social.

Los datos revelan además que la franja etaria más afectada corresponde a niños de entre 0 y 8 años, que representan cerca del 50% de los casos reportados. En cuanto a la distribución por sexo, el 52% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 48% afecta a varones.

Desde la institución también destacaron un aumento en la participación ciudadana para denunciar posibles vulneraciones. Actualmente, el 43% de los reportes son realizados por familiares, una tendencia que refleja una mayor predisposición a visibilizar situaciones de riesgo dentro del propio entorno familiar.

Tras la recepción de cada denuncia, el Minna activa un protocolo de intervención y deriva los antecedentes a organismos competentes como el Ministerio Público, la Defensa Pública y las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), con el objetivo de garantizar medidas de protección.

A nivel geográfico, el departamento Central concentró el 44% de los reportes registrados durante mayo, seguido por Asunción con el 20%. Más atrás aparecen Alto Paraná e Itapúa, con el 6% de los casos cada uno.

Las autoridades recordaron que la línea 147 Fono Ayuda funciona de manera gratuita las 24 horas del día, durante todo el año, para recibir denuncias relacionadas con vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Un operativo antidrogas encabezado por las autoridades en la capital de Amambay permitió desmantelar un laboratorio de procesamiento de estupefacientes que operaba a metros de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Durante el procedimiento se logró la detención de dos personas y la incautación de más de dos kilos de cocaína en masa, además de utensilios, sustancias químicas para el estiramiento de la droga y elementos utilizados para el fraccionamiento de las dosis.

Los intervinientes descubrieron que el sitio funcionaba estratégicamente a solo 150 metros del recinto penitenciario.

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Los sospechosos utilizaban la cercanía de la vivienda para recibir, procesar y abultar las dosis de droga, con el objetivo de ingresarlas posteriormente a la cárcel y abastecer la demanda interna de los pabellones.

Ambos detenidos, señalados como los principales proveedores del microtráfico dentro del penal, quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades investigan la red de complicidad y los métodos utilizados para vulnerar los controles del centro penitenciario.

Itaipú comunicó a través de sus redes sociales la obtención de la orden de inicio de obras para las reformas en el catedral San Blas de Ciudad del Este.

Se trata del más importante templo católico ubicado en la capital del Alto Paraná y que el pasado mes de febrero había sido afectado parcialmente por un incendio de considerables proporciones.

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La autorización para el inicio de los trabajos de restauración es “un paso concreto que marca el camino hacia la revitalización total de esta iglesia”, mencionó la binacional en su posteo, que va acompañado por un material audiovisual.

El render muestra el diseño renovado de la iglesia San Blas, que incluirá algunas reformas importantes en su infraestructura, en el afán de ofrecer una experiencia confortable a los feligreses que acudan allí.

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“Pronto veremos cómo la Catedral San Blas recupera todo su esplendor”, enfatizan desde Itaipú, que se encargará de costear los gastos en su totalidad.

La comisión especial creada para impulsar estos trabajos de refacción involucra a representantes de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná y la Universidad Católica, quienes tuvieron a su cargo diseñar el proyecto.

El juez Penal de Garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, explicó al canal GEN los fundamentos jurídicos que lo llevaron a otorgar el sobreseimiento definitivo a Eugenio Sanabria Vierci, el conductor que manejaba ebrio y provocó el trágico siniestro vial donde murieron cuatro personas en la Ruta Ecovía.

El magistrado confirmó que, tras extinguirse la causa mediante un acuerdo económico con parte de los familiares de las víctimas, el procesado recuperó su plenitud de derechos civiles, lo que incluye la habilitación legal para volver a conducir un vehículo.

El magistrado argumentó que el Código Procesal Penal paraguayo faculta en su artículo 25, numeral 10 (en concordancia con el artículo 311) la aplicación de la figura de la conciliación por reparación integral del daño para dos tipos específicos de hechos: los delitos patrimoniales y los delitos de carácter culposo.

“Al tratarse de un hecho considerado culposo y al existir dos acuerdos firmados: uno en diciembre de 2024 con la familia Chena y otro en febrero con los tutores de la menor sobreviviente, donde las partes se ratificaron y desistieron de toda acción futura, la ley me obliga a proceder. Al levantarse las medidas cautelares, Sanabria Vierci queda plenamente libre y no se le puede imponer ninguna restricción, lo que significa que sí puede volver a manejar”, explicó Acuña.

Exclusión de la familia Jacquet

Consultado sobre la postura de la familia Jacquet, que se opuso desde el primer día a cualquier negociación monetaria por la muerte de sus seres queridos, el magistrado confirmó que la misma quedó formalmente fuera del expediente por decisión de la Cámara de Apelaciones, y que este fallo fue ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia.

“La familia Jacquet fue excluida del proceso por las instancias superiores. Al quedar únicamente las partes que sí arribaron a un acuerdo, la magistratura procedió en consecuencia”, señaló.

El juez reveló que la fiscalía dio su conformidad para el archivo de la causa. “El Ministerio Público, en vista a la posición asumida por las víctimas ratificadas de no querer proseguir con las acciones, dio su anuencia para cerrar el caso”, explicó.

“No tuvo intención de matar”

Respecto a cómo una persona que toma un volante en estado de ebriedad y mata a cuatro personas puede eludir la cárcel y recuperar la libertad en pocos meses, Acuña sostuvo que la legislación nacional tipifica estos sucesos como homicidios culposos por inobservancia del deber de cuidado y descarta la intencionalidad directa.

“Cuando alguien toma un vehículo en ese estado (ebrio), se expone a que ocurra lo peor, pero no lo hace con la intención de matar. Ocurre por no haber tomado el debido cuidado al manejar. En Paraguay no tenemos taxativamente regulada la figura del dolo eventual en el Código Penal. Aunque existe doctrina y jurisprudencia que la desarrollan muy bien, nuestro código actualmente no la prevé de forma explícita”, dijo el juez.

En aquel fatídico siniestro vial, perdieron la vida Osvaldo Darío Jacquet Valdez (39), su esposa Kristin Maria Blumenrother (40) y su hijo de apenas un año de edad, quienes viajaban en un automóvil que fue embestido por la camioneta al mando de Sanabria. La cuarta víctima fatal fue Nancy Angeluz Chena.

La fiscal Zulma Benítez había pedido que la causa fuera elevada a juicio oral, pero el acuerdo de reparación con los familiares de las víctimas puso fin al proceso.