El presidente de la República, Santiago Peña, comunicó ayer que el salario mínimo aumentará el 5 % desde el 1 de julio. En su breve alusión a la decisión, explicó que el IPC del 2,4 %, equivalente a 69.000 guaraníes, resulta insuficiente, por tanto, decidió duplicar ese porcentaje. Argumentó que los G. 144.950 le parecen un monto equilibrado y que no perjudicará la macroeconomía.

Con la suba de G. 144.952, el salario mínimo, que hoy es de G. 2.899.048, pasa a G. 3.044.006. Los demás valores quedan de la siguiente manera:

El 9 % que se descontará por IPS: G. 273.960

El nuevo jornal mínimo: G. 117.076

Sueldo neto con el descuento aplicado: G. 2.770.040

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En la última sesión de Conasam ayer, el presidente del consejo, Jorge Rivas, informó que no se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo tanto, se envió una recomendación al Poder Ejecutivo de hacer un reajuste equilibrado, considerando el IPC y otros elementos de estudio abordados durante todo este tiempo.

El sector trabajador reclamaba un reajuste del 22 %, equivalente a 640.000 guaraníes. Por su parte, los empleadores exigían el respeto estricto a la inflación reportada por el Banco Central, es decir, el 2,4 %, que son G. 69.000 guaraníes.

A falta de la firma del decreto, desde la UIP esperan que este anuncio todavía pueda revertirse y que la discusión no esté cerrada. Sostienen que la decisión no se ajusta a lo que dice la ley.

Desde Conasam, en cambio, enfatizan la convicción en la legalidad de todo lo actuado y la seriedad con la que se encaró el trabajo.

Existe una gran expectativa ante la finalización del juicio oral y público del caso María Fernanda, cuya conclusión está prevista para la jornada de mañana jueves.

Será la jornada 37 del juicio donde se tiene prevista la presentación de las dúplicas correspondientes a las cuatro defensas restantes. Una vez que concluyan estas intervenciones, se dará por terminada esta etapa del proceso para dar paso a la fase de resolución del caso.

Posteriormente, el Tribunal de Sentencia, el cual está integrado por los magistrados Luis Ovellar, Andrea Riquelme y Víctor Vera, entrará a deliberar de manera inmediata. Tras este análisis, el tribunal dará a conocer su veredicto y la sentencia definitiva para cada uno de los acusados en la causa.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron 4 años y medio de cárcel para Armando Silva y Karent Villar, padres del principal sospechoso, un adolescente de 17 años con iniciales B.S. Ambos se encuentran imputados por exposición al peligro, simulación de hecho punible y frustración de la persecución penal.

Por su parte, pidieron una condena de 3 años de pena privativa de libertad para Ricardo Villamayor por frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.

Para Mikhaela Chiara Rolón Melgarejo, amiga del adolescente sindicado como autor, los fiscales solicitaron 10 años de prisión. La joven afronta una causa por instigación a cometer feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso.

Franco Antonio Acosta, propietario de una farmacia y quien habría proveído información sobre medicamentos abortivos, podría recibir una condena de 4 años de cárcel.

En el caso de B.S., principal sospechoso por el feminicidio de María Fernanda, podría recibir una condena máxima de 8 años, independientemente de la gravedad del delito, teniendo en cuenta qu ees juzgado como menor.

Esta iniciativa surge en el marco de un acuerdo de colaboración interinstitucional firmado entre el Centro de Estudiantes y el CNAE.

Según destacó la Prof. Abg. Ada López, secretaria de Asuntos Estudiantiles y Jurídicos del centro estudiantil, la propuesta busca brindar herramientas para la formación integral de los futuros cientistas políticos, reconociendo además el valor estratégico que desempeñan los medios de comunicación en la difusión del conocimiento y la participación ciudadana.

La capacitación estará a cargo del disertante Dr. José Carlos Baranda Samaniego y tendrá una duración de cuatro días. Las clases se impartirán los días 24, 26, 27 y 28 de agosto de 2026, en el horario de 17:00 a 21:00 horas.

El encuentro presencial se desarrollará en las instalaciones del Colegio Nacional EMD Asunción Escalada, consolidando un espacio de aprendizaje y articulación entre la comunidad académica y la ciudadanía.

Las inscripciones se pueden realizar completando el formulario habilitado para el efecto.

El emblemático cañón tuvo un papel determinante durante la Guerra contra la Triple Alianza, siendo utilizado inicialmente en la batalla de Curupayty para frenar el avance de la escuadra brasileña y, posteriormente, en la defensa de la Fortaleza de Humaitá.

Tras la evacuación del sitio, la pieza fue trasladada al Brasil como trofeo de guerra, integrándose a su patrimonio histórico hasta el inicio del actual proceso de restitución.

Desde la comuna destacaron que el eventual retorno de la reliquia representa un hecho de trascendencia para la memoria nacional y la identidad comunitaria.

Enfatizaron que Humaitá cuenta con el valor histórico, los vestigios y los testimonios de la contienda necesarios para albergar la pieza, comprometiéndose a garantizar las condiciones de seguridad, conservación y protección patrimonial que requiera su exhibición.

La administración municipal señaló que la permanencia el cañón en la ciudad impulsará la educación histórica y potenciará el turismo cultural en la zona.

Bajo la consigna de que una parte de la historia debe volver al lugar donde comenzó, la solicitud busca poner en valor el patrimonio local y consolidar a Humaitá como un punto de referencia para el conocimiento de la historia paraguaya.