La controversia en torno al contrato de fideicomiso suscrito en 2017 entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Atlas sumó un nuevo capítulo de alta tensión. El actual presidente de la previsional, doctor Isaías Fretes, validó los resultados de las auditorías internas e institucionales que identifican un pasivo millonario en los proyectos de infraestructura sanitaria. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el fondo de previsión social arrastra compromisos financieros pendientes por valor de G. 126.000 millones para la culminación de infraestructuras críticas.

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El desglose técnico de este pasivo de G. 126.000 millones revela dos frentes principales. Por un lado, unos G. 98.000 millones corresponden a obligaciones pendientes en el Hospital Hemato-Oncológico. Por el otro, los restantes G. 28.000 millones pertenecen a la construcción y equipamiento del Hospital Día/Buongermini. Ambas obras permanecen inconclusas a casi una década de la firma del acuerdo original.

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EL ORIGEN DE LOS FONDOS

La confirmación de esta deuda reactivó el debate público y judicial debido a la magnitud de los recursos que el IPS otorgó originalmente a la entidad bancaria fiduciaria. Los registros de la Dirección de Auditoría Interna de la previsional confirman el desembolso total de G. 828.800 millones a favor de Banco Atlas para el desarrollo, construcción y finalización de cuatro centros asistenciales estratégicos.

Los informes de control sostienen que la entidad fiduciaria liberó los millonarios recursos sin los recaudos exigidos ni las contraprestaciones físicas correspondientes. Asimismo, las investigaciones preliminares que analiza el Ministerio Público apuntan a que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a destinos operativos ajenos al fin constructivo del fideicomiso original.

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Ante este escenario de presunta dilapidación de fondos de los asegurados, la Asesoría Jurídica del IPS, liderada por el doctor José González, encabeza un paquete de medidas legales. Los dictámenes institucionales prevén la remoción inmediata de Banco Atlas de su rol de administrador fiduciario, además de plantear la nulidad del contrato.

El caso ya cuenta con denuncias formales ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Delitos Económicos. Adicionalmente, las autoridades del IPS exigieron a la banca matriz la devolución de intereses millonarios generados en cuentas paralelas creadas supuestamente por el fiduciario sin la autorización del Consejo de Administración. Debido a que la disputa involucra directamente a una entidad financiera regulada, el IPS solicitó formalmente la intervención inspectora del Banco Central del Paraguay (BCP) para evaluar el comportamiento administrativo de la firma privada en el manejo de recursos públicos.

Sindicatos de bioquímicos y químicos farmacéuticos de distintos puntos del país decidieron sumar sus voces y organizar una protesta frente a la sede del Ministerio de Salud Pública, sobre la calle Silvio Pettirossi de Asunción.

La medida de fuerza incluyó a profesionales contratados por la cartera sanitaria, como así también a personal que presta servicio en dependencias del Instituto de Previsión Social (IPS).

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La finalidad de esta manifestación fue exigir un reajuste salarial luego de más de 10 años sin recibir ningún tipo de aumento en sus respectivos haberes, afirmó al canal C9N una de las voceras del grupo de manifestantes.

“Con una carrera de seis años y posgrados prácticamente ganamos el salario mínimo. Nosotros también somos héroes de blanco”, sostuvo.

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A la par, también solicitan acceder a nombramientos y la contratación de más bioquímicos, además de una reducción de la carga horaria en IPS, ya que las jornadas de trabajo pueden llegar a 24 horas corridas, inclusive.

Representantes de los manifestantes lograron reunirse esta mañana con algunos de los viceministros del Ministerio de Salud, quienes escucharon sus reclamos y exigencias.

Un operativo antidrogas encabezado por las autoridades en la capital de Amambay permitió desmantelar un laboratorio de procesamiento de estupefacientes que operaba a metros de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Durante el procedimiento se logró la detención de dos personas y la incautación de más de dos kilos de cocaína en masa, además de utensilios, sustancias químicas para el estiramiento de la droga y elementos utilizados para el fraccionamiento de las dosis.

Los intervinientes descubrieron que el sitio funcionaba estratégicamente a solo 150 metros del recinto penitenciario.

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Los sospechosos utilizaban la cercanía de la vivienda para recibir, procesar y abultar las dosis de droga, con el objetivo de ingresarlas posteriormente a la cárcel y abastecer la demanda interna de los pabellones.

Ambos detenidos, señalados como los principales proveedores del microtráfico dentro del penal, quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades investigan la red de complicidad y los métodos utilizados para vulnerar los controles del centro penitenciario.

Itaipú comunicó a través de sus redes sociales la obtención de la orden de inicio de obras para las reformas en el catedral San Blas de Ciudad del Este.

Se trata del más importante templo católico ubicado en la capital del Alto Paraná y que el pasado mes de febrero había sido afectado parcialmente por un incendio de considerables proporciones.

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La autorización para el inicio de los trabajos de restauración es “un paso concreto que marca el camino hacia la revitalización total de esta iglesia”, mencionó la binacional en su posteo, que va acompañado por un material audiovisual.

El render muestra el diseño renovado de la iglesia San Blas, que incluirá algunas reformas importantes en su infraestructura, en el afán de ofrecer una experiencia confortable a los feligreses que acudan allí.

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“Pronto veremos cómo la Catedral San Blas recupera todo su esplendor”, enfatizan desde Itaipú, que se encargará de costear los gastos en su totalidad.

La comisión especial creada para impulsar estos trabajos de refacción involucra a representantes de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná y la Universidad Católica, quienes tuvieron a su cargo diseñar el proyecto.