El agente del Grupo Lince de San Estanislao, Julio César López Zárate, denunció ser víctima de una arbitrariedad judicial luego de que el juez penal de Garantías Oscar Segovia rechazara sustituir su prisión preventiva por arresto domiciliario, pese a que el fiscal Rusbell Benítez se allanó al pedido de la defensa tras analizar imágenes de circuito cerrado que, según sostuvo, muestran hechos que no fueron relatados por el denunciante y que podrían modificar la investigación.

Al mismo tiempo, surgió un nuevo elemento en el caso. Familiares del uniformado aseguraron a HOY que el abogado denunciante, Ángel Daniel Jaime Galeano, habría solicitado G. 30 millones para retirar la denuncia por robo agravado. Según afirmaron, incluso planteó la posibilidad de que el dinero sea abonado en cuotas hasta finales de este año.

López Zárate lleva nueve días privado de libertad por una causa iniciada tras la denuncia presentada por Galeano, quien lo acusó de haberlo asaltado a punta de arma de fuego y despojado de un teléfono celular y G. 1.500.000.

En conversación con HOY, el uniformado reconoció que el pasado 11 de junio protagonizó una discusión con el denunciante en una pizzería ubicada en Cruce Tacuara, donde admitió haberlo golpeado con una lata de cerveza durante una gresca. Sin embargo, negó categóricamente haber cometido el robo agravado.

Denuncia falsa, videos y prisión: agente Lince cuestiona decisión judicial

“Esperando mi pedido discutimos y le di un golpe con una lata de cerveza. Después me retiré con mi hermano hasta una estación de servicios que está a unos 100 metros. Más tarde volvimos para retirar la comida, vimos nuevamente a esa persona y pasamos de largo”, relató.

El agente sostuvo que posteriormente se enteró de la denuncia por robo agravado y que desde el primer momento se puso a disposición de las autoridades.

“Mi jefe me avisó que me denunciaron por robo agravado. Me convocaron a la Base Lince de Luque y al día siguiente me presenté. Permanecí allí tres días y luego regresé a Santaní para ponerme a disposición de la Fiscalía. Tengo todos los documentos que demuestran que nunca me oculté”, afirmó.

El video cambió la postura de la Fiscalía

La defensa incorporó las imágenes del circuito cerrado de la pizzería y de una estación de servicios cercana durante la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada este jueves.

“Hoy fue la revisión y en el circuito se vio que no cometí el hecho de robo agravado. Hace nueve días estoy privado de mi libertad por una denuncia falsa”, manifestó López Zárate.

Fiscal Rusbell Benítez

Durante esa audiencia, el fiscal Rusbell Benítez reconoció que las grabaciones muestran preliminarmente hechos que no fueron relatados por la víctima y que podrían modificar la participación atribuida al imputado. Por ese motivo, el representante del Ministerio Público se allanó al pedido de la defensa para sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.

Sin embargo, el juez Oscar Segovia resolvió rechazar la solicitud al considerar que las imágenes todavía no son suficientes para desvirtuar la hipótesis de la imputación y que persisten los riesgos procesales, por lo que mantuvo vigente la prisión preventiva.

Denuncian pedido de G. 30 millones para retirar la causa

Mientras el agente continúa recluido, familiares de López Zárate denunciaron un supuesto intento de acuerdo económico para poner fin al proceso.

Abogado Ángel Daniel Jaime Galeano.

Según manifestaron a HOY, el abogado denunciante, Ángel Daniel Jaime Galeano, habría solicitado G. 30 millones para retirar la denuncia penal, ofreciendo incluso la posibilidad de que el pago sea realizado en cuotas hasta finales de este año.

La familia sostiene que cuenta con elementos que respaldan esa afirmación y considera que este nuevo episodio refuerza su postura de que el agente está siendo sometido a una injusticia. Adelantaron además que analizan impulsar las acciones legales correspondientes.

El plan de gastos del ejercicio fiscal 2026 indica que el programa Hambre Cero tiene un presupuesto de USD 375 millones. Esto equivale a la alimentación escolar de 1.050.000 niños entre desayuno, almuerzo y merienda.

Por su parte, la pensión universal para Adultos Mayores, que continúa con las incorporaciones graduales de mayor a menor, tiene un presupuesto de USD 408 millones para este 2026 para más de 376.000 beneficiarios que cobran mensualmente el 25 % del salario mínimo anterior (G. 724.000) y que subirá a G. 761.000 desde enero, con la actualización del 25 % del mínimo vigente desde el 1 de julio-

Entre ambos programas actualmente suman USD 783 millones, un importe que aumentará el próximo año en proporciones que todavía se desconocen, aunque la diferencia no será muy grande.

Según el presidente Santiago Peña, el programa de alimentación escolar está diseñado para ser financiado con el Presupuesto General de Gastos. En ese sentido, mencionó dos aspectos. El primero, la pirámide poblacional que no está creciendo más. “Creemos que va a ser una inversión grande al comienzo, pero luego va a ir disminuyendo”, reveló en una entrevista con Mina por la 650 AM.

Señaló que este es un fenómeno mundial y que, en el futuro, habrá menos niños por distintos factores observados: las parejas esperan más tiempo para ser padres y tienen menos hijos.

Como segundo factor, mencionó que mediante la correcta y completa alimentación que hoy reciben los chicos, que crecen mejor preparados, en el futuro, estos niños generarán empleos de mejor calidad y harán que el PIB crezca.

El presidente también incluyó el plan 2X, que tiene como meta duplicar el tamaño de la economía en 10 años, mediante un crecimiento anual del 7 %, que el año pasado llegó a 6,6 %.

“Sin aumentar la tasa de impuestos, si duplicamos el tamaño de la economía , duplicamos la recaudación tributaria, son sostenibles (los programas) y esto demuestran las calificaciones de riesgos, los grados de inversión, etc.”, subrayó.

Respecto al programa Adultos Mayores, el presidente no lo ve como un gasto, sino como una retribución a las personas que construyeron el país y que, pese a ello, hoy no tienen ingresos y merecen una vida digna.

Por considerar que no corresponde conforme a las disposiciones legales aplicables, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción rechazó el pedido de prescripción promovido por la defensa de un exministro de Obras Públicas, en el marco de la causa conocida como “Metrobús”.

Para la justicia, resulta aplicable el artículo 104 del Código Penal, que contempla la citación del imputado entre los actos que interrumpen el plazo de prescripción. La citación fue realizada conforme a las exigencias legales, según consta en la causa.

La Fiscalía recuerda que Wiens fue convocado en distintas oportunidades para prestar declaración indagatoria, con las garantías de ejercer ese derecho antes de la presentación del requerimiento conclusivo.

Los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti, presentaron acusación contra el exministro por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo y pidieron elevar el caso a juicio oral y público.

A partir de esta decisión judicial, la causa continúa su trámite ante el Juzgado especializado.

En un control preventivo sobre la Avda. República Argentina casi Caaguazú, del barrio Nazareth, agentes de la Comisaría 7ª de Asunción arrestaron a Rodolfo Ramón Duré Marín , con antecedentes por incumplimiento del deber alimentario.

Durante la verificación del automóvil en el que circulaba, hallaron un arma de fuego, cartuchos varios, un supresor de sonido, un chaleco antibalas y otros accesorios sin la documentación legal correspondiente.

Los elementos incautados.

Se desconoce con qué fin portaba estos peligrosos elementos. Las evidencias y el aprehendido se encuentran en la sede policial interviniente.

La Fiscalía de la Unidad Penal N.º 1 Barrial 1 dispuso que el aprehendido permanezca en la comisaría y que el vehículo junto con lo incautado sean remitidos a la unidad fiscal.