El dato fue dado a conocer por el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien además señaló que fueron detectadas irregularidades en algunas universidades que ofrecían programas de posgrado sin contar con la habilitación correspondiente.

Según explicó, ciertas instituciones promocionaban carreras no autorizadas y posteriormente establecían acuerdos con otras entidades para desarrollar las clases, emitiendo finalmente títulos a nombre de universidades que carecían de la habilitación legal requerida.

Ante esta situación, el MEC indicó que trabaja en mecanismos para brindar una solución a los estudiantes afectados, considerando que muchos cursaron sus estudios actuando de buena fe.

Durante la reunión, las autoridades también detallaron que ya fueron intervenidos diversos Institutos Técnicos Superiores e Institutos de Formación Docente como parte de las acciones impulsadas para esclarecer los hechos.

Por otro lado, Ramírez informó que auditorías internas realizadas por la cartera educativa permitieron detectar cerca de 500 usuarios ajenos a las funciones correspondientes con acceso a procesos de inscripción de títulos. Asimismo, fueron identificadas inscripciones efectuadas fuera de los plazos establecidos.

Los funcionarios presuntamente involucrados fueron apartados de sus cargos y sometidos a sumarios administrativos mientras avanzan las investigaciones.

Como resultado del encuentro, se resolvió conformar una mesa de trabajo integrada por técnicos del MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la comisión especial del Senado, con el objetivo de profundizar la recopilación de información y elaborar propuestas para combatir estas prácticas.

La comisión parlamentaria continuará con las investigaciones y prevé convocar a representantes de universidades públicas y privadas, además de otras instituciones vinculadas al sistema de educación superior.

La advertencia municipal surge tras una seguidilla de denuncias vecinales recibidas en las últimas semanas, las cuales alertaron sobre intervenciones ilegales en distintos puntos de la capital. Ante esta situación, el director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, recordó que el derribo de ejemplares debe ser siempre el último recurso, sujeto a una previa verificación técnica.

El titular de la dependencia ambiental explicó que las sanciones económicas se establecen según la gravedad del hecho y oscilan entre 20 y 2.700 jornales mínimos. Por esta razón, la comuna exhorta a los frentistas y propietarios a gestionar la consulta formal ante el municipio antes de realizar cualquier intervención.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental recalcaron que no todo árbol con problemas sanitarios debe ser talado, ya que en muchos casos se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios o podas controladas de sanitación.

La autorización para la remoción se reserva únicamente para situaciones irreversibles, como ejemplares completamente secos, huecos, con alto riesgo de caída inminente o pertenecientes a especies invasivas no recomendadas para el entorno urbano.

De forma paralela a las fiscalizaciones ciudadanas, la comuna lleva adelante un relevamiento continuo en avenidas, paseos centrales y plazas de la ciudad. Como resultado de estos monitoreos, se proyecta intervenir cerca de un centenar de árboles en espacios públicos que registran riesgo potencial.

Las autoridades destacaron el rol clave del arbolado como aliado esencial para mitigar las extremas temperaturas del verano capitalino, generar sombra y aportar frescura y oxígeno a los barrios.

A través de una carta abierta remitida a las autoridades, la organización advirtió que el nulo avance en los procesos de provisión deja a decenas de personas sin la posibilidad de someterse a este examen en el momento indicado por los médicos.

Desde el gremio remarcaron que el retraso se debería a deudas pendientes con los prestadores del servicio, por lo que urgieron medidas presupuestarias para destrabar las contrataciones y regularizar los compromisos asumidos.

Los representantes de APACFA destacaron que el acceso a este estudio no representa un privilegio, sino un derecho esencial para la salud de quienes luchan contra la enfermedad, señalando que cada día de demora se traduce en angustia y en la pérdida de oportunidades críticas para la efectividad del tratamiento.

“No estamos solicitando un privilegio. Estamos solicitando que los pacientes con cáncer puedan acceder a un estudio esencial para su atención en el momento en que lo necesitan. Los pacientes necesitan respuestas. Los pacientes necesitan acceder al estudio de PET Scan. Los pacientes necesitan que las soluciones lleguen ahora”, concluye el comunicado.

El pedido formal fue dirigido al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, a la ministra de Salud María Teresa Barán y al ministro de Economía Óscar Lovera.

El jefe policial advirtió que los establecimientos penitenciarios representan los puntos de mayor vulnerabilidad y captación para la estructura criminal. Dentro de los penales, las personas privadas de libertad son más propensas a adherirse y someterse a la estas facciones transnacionales, fortaleciendo la presencia del grupo tras las rejas.

Actualmente, hay 1.000 miembros plenamente identificados, la mitad está recluida en el sistema penitenciario nacional, en tanto que la otra parte continúa operando.

A pesar de que la cifra total de miembros plenamente identificados no se registró un incremento drástico dentro del territorio nacional, los organismos de inteligencia se mantienen en alerta constante, de acuerdo a lo expresado por el Crio. Luis López.

Las investigaciones señalan que cabezas importantes del PCC buscan de forma recurrente ingresar al país con la intención de asentarse y tomar el control operativo de zonas estratégicas, con especial interés en la frontera.

Las tareas de monitoreo, inteligencia e intervenciones tácticas continúan de manera coordinada para frenar el avance de esta organización y neutralizar los intentos de sus principales mandos por consolidar células territoriales en la frontera.