Por medios telemáticos, desde su lugar de reclusión en Brasil, prestó declaración esta mañana el narcotraficante Marcos Vinicius Espíndola.

El brasileño reveló que el contacto con Giuzzio fue por una camioneta Dodge, de color blanco, que necesitaba mantenimiento. Detalló que era usada por el ministro del Interior Giuzzio, pero que luego pasó a ser usada por la Senad.

También aclaró que la empresa para la que trabajaba, nunca llegó ser proveedora del Estado.

Con ayuda de la traductora pública, la Fiscalía tomó nota de cada dato aportado, pero no se tuvo acceso a la declaración completa, por lo que se desconoce qué otra información aportó.

Arnaldo Giuzzio está investigado por cohecho pasivo agravado, es decir, por recibir coimas del narcotraficante brasileño Marcos Vinicius Espíndola, quien buscaba engordar sus ganancias y convertirse en proveedor del Estado paraguayo.

En ese sentido, Giuzzio, siendo ministro del Interior, intercambió innumerables mensajes con Vinicius, negociando la posibilidad de que sus empresas Black Eagle Grupo SA y Ombu SA, provean chalecos antibalas, vehículos blindados y otros elementos.

No conforme con esto, hasta recurriró a él en una situación de emergencia en Brasil, cuando su vehículo dejó de funcionar y decidió pedirle prestada su camioneta al narco brasileño, quien le envió su mejor vehículo, dejando muy clara la relación de amistad entre ambos.

Otro narco aparece en el horizonte de Giuzzio. El recientemente condenado Lindomar Reges Furtado. Los mensajes extraídos del celular de Lindomar Reges Furtado, narco brasileño condenado a 37 años de prisión, ya están en manos de la justicia paraguaya, que analizará los extractos en busca de vínculos entre el exministro abdista y el narco brasileño.

Paralelamente, mañana jueves continúa el juicio oral y público del exministro abdista por sus nexos con Vinicius, quien, en una situación de emergencia, le prestó una camioneta blindada para que pueda continuar viaje con su familia.

Según la investigación, desde julio del 2021 a febrero del 2022, el entonces ministro del Interior mantuvo contacto y comunicación con el brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (objetivo del operativo Turf y detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos).

Cuando Giuzzio mantenía un estrecho nexo con el brasileño, este hombre administraba y dirigía las empresas Black Eagle Grupo SA y Ombu SA, firmas dedicadas al blindaje de vehículos, mantenimiento de blindados, antivandalismo, alquiler de vehículos blindados, venta de materiales de seguridad, entre otras actividades comerciales.

Los fiscales del caso sostienen que la intención de Vinicius era conservar este relacionamiento directo, personal y cercano con Giuzzio para convertirse en proveedor del Estado, mediante la entrega de chalecos antibalas y vehículos blindados.

A partir de aquí, se registran los primeros “regalos” aceptados por Giuzzio. Primero, el blindaje de un móvil de la Policía en concepto de “cortesía” y segundo, el préstamo, a título gratuito, de un vehículo para el uso personal de Giuzzio, durante un viaje familiar y privado, específicamente, unas vacaciones en Brasil.

Giuzzio se comunicaba con Vinicius a través de Whatsapp, al número personal del brasileño y también al número registrado a nombre de la empresa Black Eagle. Tuvo encuentros personales con él, tanto en las oficinas del presunto narco, como en el campo de tiro de la FOPE (Fuerza de Operaciones Especiales).

Los primeros mensajes comienzan en julio del 2021, con el envío de unos links sobre inversiones empresariales, que, según menciona Vinicius, “ya le había comentado”. Además, Marcus le pidió a Giuzzio la camioneta Hyundai Santa Fe para hacerle unos retoques, a lo que el ministro le respondió, “veo”.

En octubre, como si de un informante se tratarse, Vinicius le envía a Giuzzio vía Whatsapp, unos links y capturas de pantallas sobre el caso Lava Jato y un operativo en el domicilio de Antonio Joaquim Da Mota. “Gracias Marcus”, le respondió Giuzzio. Fue se mismo mes que Vinicius habría hecho el blindaje y la reparación de una camioneta de la Policía.

En noviembre de ese año, Marcus le dijo a Giuzzio que se encontraba en Asunción y que tenía consigo las muestras para hacer las pruebas de balísticas de los materiales para los famosos chalecos.

En diciembre, Espíndola le escribió nuevamente a Giuzzio para hablarle de tres vehículos de la FOPE. También le pidió al ministro que envíe el vehículo descompuesto para ver si es posible hacerle un cambio de motor y hasta le ofrece otro en concepto de “cortesía”.

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Ya en diciembre del 2022, Marqués de Padua le dice a Giuzzio que tiene consigo a uno de los blindados, a lo que Giuzzio le pregunta si podrá arreglarlo y si costará caro. El brasileño contestó que uno de ellos se lo daría de “cortesía”, a lo que Giuzzio respondió contento: “Excelente” y más tarde pidió fotografías.

Vinicius envió varios videos y fotografías de vehículos de la Policía Nacional. En los intercambios de Whatsapp hablan de los arreglos que requieren los móviles. En uno de los archivos se ve a un oficial vestido con ropa camuflada, tipo militar, vistiendo un chaleco, armas y cargadores.

A partir de estas y otras conversaciones, para los fiscales surge la sospecha razonable de que Marcus, no solamente proveyó servicios de reparación y blindaje a vehículos del Ministerio del Interior y de la Policía, sino que también hizo tratativas con Giuzzio para proveer materiales al Ministerio del Interior y a la Policía.

La apacible localidad de Tava’i en la tarde de ayer se vio conmocionada por un violento ataque a tiros que dejó como saldo dos fallecidos y cuatro heridos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, y Julio César Ortega Servián, de 26 años, este último uno de los sicarios que perpetró el atentado.

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En las últimas horas trascendió la información de que Ortega -oriundo del distrito de Yby Pytá, Canindeyú- formaba parte del primer anillo del peligroso criminal Felipe Santiago Acosta Riveros.

Este sujeto había sido identificado como parte de la estructura liderada por alias “Macho”, de acuerdo a un organigrama divulgado tiempo atrás por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). En este caso, sería uno de sus hombres de confianza, a cargo de su seguridad.

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El Crio. Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, no descartó una eventual implicancia del peligroso criminal en este episodio catalogado como “sicariato”, más aún considerando la relación de cercanía que tuvo con el fallecido.

Datos de inteligencia sindican como el supuesto blanco del ataque a Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”, de 35 años, quien es una de las cuatro personas que resultaron heridas de bala.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio del Ministerio Público expuso un pormenorizado informe que revela la compleja situación de vulnerabilidad social y penal que atraviesan los pueblos originarios en Paraguay.

Dicho reporte expone desde la prevalencia de delitos graves hasta las barreras de discriminación que sufren al migrar a las zonas urbanas.

Entre los hechos punibles de mayor frecuencia registrados en las comunidades figuran la violencia familiar, la lesión, las amenazas, el homicidio doloso y el abuso sexual en niños. A esta lista se suman la coacción, el estupro, los delitos ambientales (Ley N.º 716/96) y el hurto agravado, siendo los días sábado, domingo y lunes los de mayor concentración de denuncias.

Los departamentos más sensibles

El análisis territorial identifica siete departamentos como las zonas más críticas por la frecuencia de causas investigadas:

• Canindeyú
• Caaguazú
• Amambay
• Concepción
• Alto Paraná
• Boquerón
• San Pedro

Según la Fiscalía, el avance del crimen organizado en estas regiones, sumado al flagelo del embarazo precoz y la violencia familiar, genera un impacto destructivo en el tejido social indígena. A esto se suma la migración hacia las ciudades, un fenómeno que expone a los nativos a la exclusión social, la pérdida de su identidad étnica y la falta de contención de sus líderes y familias extendidas.

El proceso penal: Entre la ley nacional y el derecho consuetudinario

Frente a la comisión de un delito, el sistema judicial paraguayo aplica un régimen diferenciado respaldado por la Constitución Nacional (Arts. 62 al 65) y el Convenio 169 de la OIT. Este marco reconoce la coexistencia del derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos fundamentales.

El protocolo de intervención del Ministerio Público ante denuncias en comunidades sigue cuatro pasos clave:

1. Notificación inmediata: La Oficina de Denuncias Penales comunica el caso al fiscal de turno y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2. Designación técnica: Se asigna un consultor técnico y un equipo especializado que se traslada hasta la comunidad para recabar datos e informar al líder comunitario.
3. Abordaje en el territorio: En casos de abuso sexual o violencia familiar, una psicóloga atiende a la víctima dentro de su propia comunidad para evitar traslados costosos. El líder aconseja si corresponde aplicar la justicia ordinaria o las normas consuetudinarias.
4. Dictamen jurídico-antropológico: Se elabora un informe con recomendaciones al fiscal sobre la ley aplicable, medidas de protección y posibles salidas al conflicto.

Justicia plural y diversidad cultural

El Código Procesal Penal (en sus artículos 26, 380 y 432) habilita la posibilidad de extinguir la acción penal si el conflicto fue resuelto satisfactoriamente según el derecho consuetudinario de la comunidad y con el acuerdo de las partes, previa verificación del juez.

“La configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural. Determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa”, explicó la abogada Viviana Benítez, del equipo técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía.

Esta convivencia entre el derecho estatal y las costumbres ancestrales busca garantizar que la aplicación de la justicia no despoje a los pueblos originarios de su identidad, priorizando la reparación del daño y el respeto a la diversidad cultural en todo el proceso penal.

En la noche del sábado se registró un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del Km 70 de la Ruta PY03, en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

Se vieron involucrados en el percance un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz, a bordo del cual viajaban Sheyla Jazmín Rodríguez Duarte (25) y Delia Calonga Roble (26), y dos camiones semirremolque.

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El vehículo acabó colisionando de forma violenta contra estos camiones, luego de que su conductora aparentemente intentara realizar una maniobra de adelantamiento, de acuerdo a reportes de medios locales.

Los datos indican que el rodado habría intentado adelantarse por la izquierda y, al tratar de retomar su carril, impactó contra estos vehículos de gran porte que circulaban en sentido contrario.

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Ambas jóvenes, quienes son oriundas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fallecieron de manera instantánea a causa de la aparatosidad del choque y la gravedad de las heridas sufridas.

Los transportistas involucrados resultaron ilesos tras el siniestro vial. Por protocolo, ambos fueron sometidos a la prueba de alcotest y arrojaron un resultado negativo, de acuerdo al informe de la Comisaría 3ª de Arroyos y Esteros.