El expediente del caso judicial conocido como “Comisarías de Oro” regresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la camarista Adriana Giagni impugnara de manera oficial el apartamiento de su colega, el juez Mario Camilo Torres.

Torres había decidido distanciarse de la causa aludiendo un presunto vínculo de amistad con uno de los principales acusados, el actual senador Rafael Filizzola.

Giagni sostuvo que la inhibición presentada por el magistrado Torres carece de los fundamentos y de las pruebas documentales exigidas por el Código Procesal Penal para viabilizar una separación del cargo. Al no acreditarse formalmente los motivos de la supuesta cercanía con el procesado, se generó una discrepancia de competencia que paraliza temporalmente la conformación del Tribunal de Apelaciones.

A raíz de este desacuerdo técnico entre los camaristas, el legajo judicial fue remitido a la máxima instancia judicial del país. La Corte Suprema de Justicia tendrá la responsabilidad de estudiar los antecedentes institucionales y resolver si ratifica a Torres o si, por el contrario, confirma la postura de Giagni dentro del proceso legal, permitiendo así destrabar la conformación de la Cámara que debe resolver las apelaciones pendientes.

El caso corresponde a un presunto esquema de lesión de confianza que data del año 2010, periodo en el que Filizzola ejercía como ministro del Interior. La Fiscalía apunta a que se autorizó un llamado licitatorio y el posterior desembolso total de los fondos públicos sin contar con estudios técnicos previos ni con las actas de recepción final de las obras, las cuales consistían en la modernización y edificación de celdas y baños en 24 sedes policiales del área Metropolitana.

Las obras quedaron inconclusas a pesar de haberse transferido el saldo completo a la firma contratista. Esta maniobra administrativa habría ocasionado un perjuicio patrimonial directo al Estado paraguayo de aproximadamente 1.200 millones de guaraníes.

Este lunes se prevé una jornada fría a fresca, cielo mayormente cubierto, vientos moderados del sur y hasta 17 °C.

Para mañana, martes, se espera un ambiente frío a fresco, cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias dispersas. Las extremas oscilarán entre 11ºC a y 17 °C.

El miércoles se registraría la temperatura más alta de la semana: 25 °C. No obstante, el ambiente irá de fresco a cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables y luego del sur.

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Para el jueves se aguardan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur. Las temperaturas irán de 15 °C a 20 °C. El viernes, la mínima será de 13 °C y la máxima de 19 °C.

La apacible localidad de Tava’i en la tarde de ayer se vio conmocionada por un violento ataque a tiros que dejó como saldo dos fallecidos y cuatro heridos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, y Julio César Ortega Servián, de 26 años, este último uno de los sicarios que perpetró el atentado.

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En las últimas horas trascendió la información de que Ortega -oriundo del distrito de Yby Pytá, Canindeyú- formaba parte del primer anillo del peligroso criminal Felipe Santiago Acosta Riveros.

Este sujeto había sido identificado como parte de la estructura liderada por alias “Macho”, de acuerdo a un organigrama divulgado tiempo atrás por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). En este caso, sería uno de sus hombres de confianza, a cargo de su seguridad.

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El Crio. Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, no descartó una eventual implicancia del peligroso criminal en este episodio catalogado como “sicariato”, más aún considerando la relación de cercanía que tuvo con el fallecido.

Datos de inteligencia sindican como el supuesto blanco del ataque a Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”, de 35 años, quien es una de las cuatro personas que resultaron heridas de bala.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio del Ministerio Público expuso un pormenorizado informe que revela la compleja situación de vulnerabilidad social y penal que atraviesan los pueblos originarios en Paraguay.

Dicho reporte expone desde la prevalencia de delitos graves hasta las barreras de discriminación que sufren al migrar a las zonas urbanas.

Entre los hechos punibles de mayor frecuencia registrados en las comunidades figuran la violencia familiar, la lesión, las amenazas, el homicidio doloso y el abuso sexual en niños. A esta lista se suman la coacción, el estupro, los delitos ambientales (Ley N.º 716/96) y el hurto agravado, siendo los días sábado, domingo y lunes los de mayor concentración de denuncias.

Los departamentos más sensibles

El análisis territorial identifica siete departamentos como las zonas más críticas por la frecuencia de causas investigadas:

• Canindeyú
• Caaguazú
• Amambay
• Concepción
• Alto Paraná
• Boquerón
• San Pedro

Según la Fiscalía, el avance del crimen organizado en estas regiones, sumado al flagelo del embarazo precoz y la violencia familiar, genera un impacto destructivo en el tejido social indígena. A esto se suma la migración hacia las ciudades, un fenómeno que expone a los nativos a la exclusión social, la pérdida de su identidad étnica y la falta de contención de sus líderes y familias extendidas.

El proceso penal: Entre la ley nacional y el derecho consuetudinario

Frente a la comisión de un delito, el sistema judicial paraguayo aplica un régimen diferenciado respaldado por la Constitución Nacional (Arts. 62 al 65) y el Convenio 169 de la OIT. Este marco reconoce la coexistencia del derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos fundamentales.

El protocolo de intervención del Ministerio Público ante denuncias en comunidades sigue cuatro pasos clave:

1. Notificación inmediata: La Oficina de Denuncias Penales comunica el caso al fiscal de turno y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2. Designación técnica: Se asigna un consultor técnico y un equipo especializado que se traslada hasta la comunidad para recabar datos e informar al líder comunitario.
3. Abordaje en el territorio: En casos de abuso sexual o violencia familiar, una psicóloga atiende a la víctima dentro de su propia comunidad para evitar traslados costosos. El líder aconseja si corresponde aplicar la justicia ordinaria o las normas consuetudinarias.
4. Dictamen jurídico-antropológico: Se elabora un informe con recomendaciones al fiscal sobre la ley aplicable, medidas de protección y posibles salidas al conflicto.

Justicia plural y diversidad cultural

El Código Procesal Penal (en sus artículos 26, 380 y 432) habilita la posibilidad de extinguir la acción penal si el conflicto fue resuelto satisfactoriamente según el derecho consuetudinario de la comunidad y con el acuerdo de las partes, previa verificación del juez.

“La configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural. Determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa”, explicó la abogada Viviana Benítez, del equipo técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía.

Esta convivencia entre el derecho estatal y las costumbres ancestrales busca garantizar que la aplicación de la justicia no despoje a los pueblos originarios de su identidad, priorizando la reparación del daño y el respeto a la diversidad cultural en todo el proceso penal.