Las víctimas fatales viajaban a bordo de una camioneta de la marca Geely, modelo Coolray. Fueron identificadas como Laura María Benítez Núñez, de 53 años, quien ejercía como magistrada y se encontraba al mando del volante, además de sus acompañantes Erika Tamary Griffith Paredes, de 22 años, y Mónica María Guadalupe Otazú Araujo, de 26 años.

De acuerdo con el informe de los intervinientes, el impacto entre los rodados fue frontal. A consecuencia de la violencia del choque, la conductora Laura María Benítez Núñez perdió la vida de forma instantánea en el lugar del percance debido a la gravedad de las lesiones.

Por su parte, las jóvenes Erika Tamary Griffith y Mónica María Otazú fueron rescatadas con vida por los bomberos voluntarios tras quedar atrapadas en el habitáculo. Ambas fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital General de Itapúa; sin embargo, horas más tarde los médicos confirmaron el deceso a raíz de los severos traumatismos causados por la colisión.

El otro vehículo involucrado en el siniestro corresponde a una camioneta Chevrolet S10, la cual era guiada por Saddan Hammoudi Garay, un joven de 23 años. El conductor resultó ileso del percance y dio resultado negativo a la prueba de alcotest efectuada por la Patrulla Caminera.

En las últimas horas empezaron a viralizarse en redes sociales y grupos de WhatsApp algunos videos que muestran una pelea entre estudiantes secundarios.

Los protagonistas son alumnos del Colegio Nacional “Dr. Fernando de la Mora”, de la ciudad que lleva el mismo nombre, quienes se trenzaron a golpes y patadas.

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Los reportes indican que el conflicto inició en el predio del colegio y posteriormente se trasladó a la vía pública, donde algunos de los adolescentes se confrontaron físicamente ante la vista de transeúntes y conductores.

La madre de uno de los afectados comentó al SNT que los amigos de un alumno que había sido agredido días atrás serían los que iniciaron la gresca, luego de intentar “cobrar venganza” por la golpiza. “Esto es una cadena”.

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En lo que va del año lectivo, ya se registraron otros incidentes similares entre estudiantes del mismo colegio fernandino, reveló la denunciante, casi siempre involucrando al mismo grupo de menores.

Esta madre de familia espera que las autoridades educativas y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) puedan tomar cartas en el asunto y aplicar sanciones severas a los involucrados.

LA CAJA NEGRA

Aunque la promulgación de la Ley N.º 4995/2013 de Educación Superior y la Resolución CONES N.º 166/2015 buscaron reorganizar el sector y blanquear las ofertas vigentes mediante procesos de adecuación, el escándalo de los títulos de contenido falso puso en evidencia que esa transición se basó en declaraciones juradas y papeles administrativos generados por las propias universidades, y que se omitieron auditorías históricas reales sobre lo que verdaderamente ocurría en las aulas.

En un intento por frenar el fraude académico, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió la Resolución N.º 1546/2025, la cual impone como condición obligatoria para el registro de títulos que la carrera o programa cuente con la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Sin embargo, la medida amenaza con dejar en la indefensión a miles de egresados.

Confusión entre habilitación y acreditación

El debate técnico-jurídico radica en la jerarquía de las normas y en las atribuciones de los organismos reguladores fijados por la Ley N.º 4995/2013.

La ley marco establece claramente que la habilitación para funcionar es competencia del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), mientras que la acreditación es un proceso posterior de certificación de calidad académica a cargo de la ANEAES. Bajo la legislación vigente, una carrera puede estar legalmente habilitada para operar y expedir títulos sin estar acreditada.

Los expertos advierten que una resolución ministerial (MEC N.º 1546/2025) no posee el rango legal para modificar las consecuencias jurídicas de una habilitación previa otorgada por el CONES, ya que se vulnera la jerarquía de las normas (Artículo 137 de la Constitución Nacional).

Estudiantes de buena fe, los principales damnificados

El aspecto más crítico de esta encrucijada reglamentaria es el impacto sobre los estudiantes que se matricularon, cursaron y pagaron sus carreras confiando en la habilitación oficial otorgada en su momento por el Estado.

Si el MEC bloquea el registro de un título exigiendo una acreditación posterior que la ley no demandaba al momento de iniciar los estudios, se incurre en una violación del principio de irretroactividad de la ley (Artículo 14 de la Constitución). El alumno no es el encargado de fiscalizar a las universidades; esa es responsabilidad del Estado.

La urgencia de depurar sin vulnerar derechos

Si bien la erradicación de las “facultades garaje” y la persecución de los títulos falsificados son una exigencia impostergable para garantizar la seguridad pública —especialmente en carreras de la salud y el derecho—, los analistas coinciden en que la lucha contra la impunidad no puede librarse a costa de sancionar a los estudiantes de buena fe.

El Estado debe canalizar la fiscalización hacia las autoridades institucionales infractoras y no trasladar el castigo administrativo a quienes invirtieron años de esfuerzo y recursos para formarse.

La Cámara Alta aprobó este miércoles el proyecto de ley que autoriza un préstamo de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (aproximadamente USD 286 millones), otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), para la construcción del denominado Corredor de Integración Suroeste.

Al recibir esta media sanción de senadores, el documento pasa ahora a la Cámara de Diputados para su siguiente trámite legislativo.

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Impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el proyecto abarca 154 kilómetros de rutas y más de 25 kilómetros de travesías urbanas entre las localidades de Yabebyry (Misiones) y Pilar (Ñeembucú).

Contempla la construcción de cuatro nuevos puentes, circunvalaciones, obras de drenaje y accesos a zonas turísticas y pesqueras clave como Cerrito y Corateí.

Esta infraestructura busca reducir costos logísticos, elevar la competitividad regional y potenciar el turismo en zonas que históricamente registraron uno de los niveles más bajos de pavimentación en el país.

El financiamiento contempla además una ampliación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal actual.

De ser sancionado por la Cámara de Diputados y promulgado por el Poder Ejecutivo, el MOPC podrá dar inicio a las licitaciones correspondientes para la ejecución de las obras.