El titular del MUVH destacó el crecimiento registrado durante los últimos meses y señaló que la reciente implementación de la versión 3.0 del programa amplió el universo de beneficiarios al elevar de seis a nueve salarios mínimos el límite de ingresos para acceder a los créditos.

De acuerdo con datos oficiales, las operaciones gestionadas superan los USD 269 millones y el programa ya tiene presencia en los 17 departamentos del país mediante una red de 34 entidades financieras, entre bancos, financieras y cooperativas.

Baruja indicó que el objetivo es seguir incrementando el número de familias beneficiadas y estimó que antes de finalizar el año podrían alcanzarse entre 7.000 y 7.500 créditos.

Expo y Foro Che Róga

El ministro invitó además a la ciudadanía a participar de la Expo y Foro Che Róga, que se realizará los días 25 y 26 de julio en el Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito.

Durante el evento, organizado por el MUVH y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), los asistentes podrán conocer las distintas alternativas de financiamiento, recibir asesoramiento y postularse para acceder a una vivienda mediante el programa.

Gestionan más recursos

El crecimiento de la demanda también aceleró el uso de la línea de crédito de USD 200 millones otorgada por el Gobierno de Taiwán a través del Eximbank y canalizada por la AFD para financiar el programa.

Ante este escenario, Baruja confirmó que el Gobierno ya inició gestiones para obtener una nueva línea de financiamiento por otros USD 200 millones, con el objetivo de sostener la expansión de Che Róga Porã y ampliar la cantidad de familias beneficiadas.

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Tres versiones del programa

Che Róga Porã fue lanzado en julio de 2024 para facilitar el acceso a la vivienda a familias con ingresos de entre uno y cuatro salarios mínimos.

Posteriormente, en abril de 2025, la versión 2.0 amplió el límite hasta seis salarios mínimos e incorporó nuevas modalidades, como la construcción en terreno propio, la compra de viviendas terminadas, la adquisición de terrenos y las ampliaciones o refacciones.

La versión 3.0, presentada este año, volvió a ampliar el alcance del programa al elevar el tope de ingresos hasta nueve salarios mínimos y mejorar las condiciones de financiamiento para las empresas desarrolladoras.

Déficit habitacional y empleo

El ministro sostuvo que el ritmo de construcción impulsado por el programa comienza a contribuir a la reducción del déficit habitacional, aunque reconoció que el desafío sigue siendo importante.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Paraguay registra un déficit habitacional de 1.117.212 viviendas. De ese total, 108.678 corresponden a viviendas que deben construirse, mientras que más de un millón requieren ampliaciones, mejoras o refacciones.

Baruja también destacó el impacto económico del programa, al señalar que cada vivienda genera alrededor de diez puestos de trabajo. Estimó que actualmente entre 25.000 y 40.000 personas trabajan de manera directa en obras vinculadas a Che Róga Porã, además del efecto multiplicador sobre la industria nacional de materiales para la construcción.

Finalmente, el titular del MUVH reiteró que el acceso al programa no depende de afiliaciones políticas, sino del cumplimiento de los requisitos establecidos, e instó a los interesados a realizar el proceso de postulación a través del portal oficial o mediante las empresas desarrolladoras adheridas.

La apacible localidad de Tava’i en la tarde de ayer se vio conmocionada por un violento ataque a tiros que dejó como saldo dos fallecidos y cuatro heridos.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, y Julio César Ortega Servián, de 26 años, este último uno de los sicarios que perpetró el atentado.

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En las últimas horas trascendió la información de que Ortega -oriundo del distrito de Yby Pytá, Canindeyú- formaba parte del primer anillo del peligroso criminal Felipe Santiago Acosta Riveros.

Este sujeto había sido identificado como parte de la estructura liderada por alias “Macho”, de acuerdo a un organigrama divulgado tiempo atrás por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). En este caso, sería uno de sus hombres de confianza, a cargo de su seguridad.

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El Crio. Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, no descartó una eventual implicancia del peligroso criminal en este episodio catalogado como “sicariato”, más aún considerando la relación de cercanía que tuvo con el fallecido.

Datos de inteligencia sindican como el supuesto blanco del ataque a Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”, de 35 años, quien es una de las cuatro personas que resultaron heridas de bala.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio del Ministerio Público expuso un pormenorizado informe que revela la compleja situación de vulnerabilidad social y penal que atraviesan los pueblos originarios en Paraguay.

Dicho reporte expone desde la prevalencia de delitos graves hasta las barreras de discriminación que sufren al migrar a las zonas urbanas.

Entre los hechos punibles de mayor frecuencia registrados en las comunidades figuran la violencia familiar, la lesión, las amenazas, el homicidio doloso y el abuso sexual en niños. A esta lista se suman la coacción, el estupro, los delitos ambientales (Ley N.º 716/96) y el hurto agravado, siendo los días sábado, domingo y lunes los de mayor concentración de denuncias.

Los departamentos más sensibles

El análisis territorial identifica siete departamentos como las zonas más críticas por la frecuencia de causas investigadas:

• Canindeyú
• Caaguazú
• Amambay
• Concepción
• Alto Paraná
• Boquerón
• San Pedro

Según la Fiscalía, el avance del crimen organizado en estas regiones, sumado al flagelo del embarazo precoz y la violencia familiar, genera un impacto destructivo en el tejido social indígena. A esto se suma la migración hacia las ciudades, un fenómeno que expone a los nativos a la exclusión social, la pérdida de su identidad étnica y la falta de contención de sus líderes y familias extendidas.

El proceso penal: Entre la ley nacional y el derecho consuetudinario

Frente a la comisión de un delito, el sistema judicial paraguayo aplica un régimen diferenciado respaldado por la Constitución Nacional (Arts. 62 al 65) y el Convenio 169 de la OIT. Este marco reconoce la coexistencia del derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos fundamentales.

El protocolo de intervención del Ministerio Público ante denuncias en comunidades sigue cuatro pasos clave:

1. Notificación inmediata: La Oficina de Denuncias Penales comunica el caso al fiscal de turno y a la Dirección de Derechos Étnicos.
2. Designación técnica: Se asigna un consultor técnico y un equipo especializado que se traslada hasta la comunidad para recabar datos e informar al líder comunitario.
3. Abordaje en el territorio: En casos de abuso sexual o violencia familiar, una psicóloga atiende a la víctima dentro de su propia comunidad para evitar traslados costosos. El líder aconseja si corresponde aplicar la justicia ordinaria o las normas consuetudinarias.
4. Dictamen jurídico-antropológico: Se elabora un informe con recomendaciones al fiscal sobre la ley aplicable, medidas de protección y posibles salidas al conflicto.

Justicia plural y diversidad cultural

El Código Procesal Penal (en sus artículos 26, 380 y 432) habilita la posibilidad de extinguir la acción penal si el conflicto fue resuelto satisfactoriamente según el derecho consuetudinario de la comunidad y con el acuerdo de las partes, previa verificación del juez.

“La configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural. Determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa”, explicó la abogada Viviana Benítez, del equipo técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía.

Esta convivencia entre el derecho estatal y las costumbres ancestrales busca garantizar que la aplicación de la justicia no despoje a los pueblos originarios de su identidad, priorizando la reparación del daño y el respeto a la diversidad cultural en todo el proceso penal.

En la noche del sábado se registró un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del Km 70 de la Ruta PY03, en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.

Se vieron involucrados en el percance un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz, a bordo del cual viajaban Sheyla Jazmín Rodríguez Duarte (25) y Delia Calonga Roble (26), y dos camiones semirremolque.

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El vehículo acabó colisionando de forma violenta contra estos camiones, luego de que su conductora aparentemente intentara realizar una maniobra de adelantamiento, de acuerdo a reportes de medios locales.

Los datos indican que el rodado habría intentado adelantarse por la izquierda y, al tratar de retomar su carril, impactó contra estos vehículos de gran porte que circulaban en sentido contrario.

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Ambas jóvenes, quienes son oriundas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fallecieron de manera instantánea a causa de la aparatosidad del choque y la gravedad de las heridas sufridas.

Los transportistas involucrados resultaron ilesos tras el siniestro vial. Por protocolo, ambos fueron sometidos a la prueba de alcotest y arrojaron un resultado negativo, de acuerdo al informe de la Comisaría 3ª de Arroyos y Esteros.