Durante una entrevista radial con la 780 AM, Chamorro relató el momento en que el personal del destacamento de la Prefectura, ubicado a unos 2.000 metros del lugar, percibió el impacto visual y auditivo de la explosión. Los uniformados acudieron de inmediato para brindar auxilio junto con otras embarcaciones.

El jefe naval confirmó que el saldo fatal fue de cinco jóvenes fallecidos y un único sobreviviente, quien se salvó al encontrarse en una lancha auxiliar detrás de la estructura afectada.

Respecto a las condiciones de la embarcación, Chamorro sostuvo que se trataba de una barcaza tanque que en ese momento se encontraba en lastre, es decir, vacía. Sin embargo, advirtió que el estar sin carga igual representa un peligro debido a los gases remanentes del combustible transportado.

Chamorro también aclaró la condición laboral de los fallecidos, quienes no formaban parte de una tripulación fija, ya que la barcaza estaba amarrada y sin un remolcador acoplado. Especificó que las víctimas pertenecían a una cuadrilla de una empresa especializada y habilitada para tareas de alistamiento pre y post viaje.

De acuerdo con las primeras informaciones, los operarios se encontraban trabajando sobre la cubierta y no dentro de los depósitos al momento de la explosión. La fuerza de los gases dañó y deformó la parte superior de la barcaza, lugar donde fueron hallados los cuerpos de las cinco víctimas.

Chamorro concluyó informando que la institución a su cargo ya se encuentra trabajando en coordinación con el Ministerio Público para determinar las causas específicas y qué protocolo pudo haber fallado.

El juez Penal de Garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, explicó al canal GEN los fundamentos jurídicos que lo llevaron a otorgar el sobreseimiento definitivo a Eugenio Sanabria Vierci, el conductor que manejaba ebrio y provocó el trágico siniestro vial donde murieron cuatro personas en la Ruta Ecovía.

El magistrado confirmó que, tras extinguirse la causa mediante un acuerdo económico con parte de los familiares de las víctimas, el procesado recuperó su plenitud de derechos civiles, lo que incluye la habilitación legal para volver a conducir un vehículo.

El magistrado argumentó que el Código Procesal Penal paraguayo faculta en su artículo 25, numeral 10 (en concordancia con el artículo 311) la aplicación de la figura de la conciliación por reparación integral del daño para dos tipos específicos de hechos: los delitos patrimoniales y los delitos de carácter culposo.

“Al tratarse de un hecho considerado culposo y al existir dos acuerdos firmados: uno en diciembre de 2024 con la familia Chena y otro en febrero con los tutores de la menor sobreviviente, donde las partes se ratificaron y desistieron de toda acción futura, la ley me obliga a proceder. Al levantarse las medidas cautelares, Sanabria Vierci queda plenamente libre y no se le puede imponer ninguna restricción, lo que significa que sí puede volver a manejar”, explicó Acuña.

Exclusión de la familia Jacquet

Consultado sobre la postura de la familia Jacquet, que se opuso desde el primer día a cualquier negociación monetaria por la muerte de sus seres queridos, el magistrado confirmó que la misma quedó formalmente fuera del expediente por decisión de la Cámara de Apelaciones, y que este fallo fue ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia.

“La familia Jacquet fue excluida del proceso por las instancias superiores. Al quedar únicamente las partes que sí arribaron a un acuerdo, la magistratura procedió en consecuencia”, señaló.

El juez reveló que la fiscalía dio su conformidad para el archivo de la causa. “El Ministerio Público, en vista a la posición asumida por las víctimas ratificadas de no querer proseguir con las acciones, dio su anuencia para cerrar el caso”, explicó.

“No tuvo intención de matar”

Respecto a cómo una persona que toma un volante en estado de ebriedad y mata a cuatro personas puede eludir la cárcel y recuperar la libertad en pocos meses, Acuña sostuvo que la legislación nacional tipifica estos sucesos como homicidios culposos por inobservancia del deber de cuidado y descarta la intencionalidad directa.

“Cuando alguien toma un vehículo en ese estado (ebrio), se expone a que ocurra lo peor, pero no lo hace con la intención de matar. Ocurre por no haber tomado el debido cuidado al manejar. En Paraguay no tenemos taxativamente regulada la figura del dolo eventual en el Código Penal. Aunque existe doctrina y jurisprudencia que la desarrollan muy bien, nuestro código actualmente no la prevé de forma explícita”, dijo el juez.

El Senado incluyó en el orden del día el proyecto que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la adquisición de medicamentos, presentado por los senadores Gustavo Leite, Antonio Barrios y Orlando Penner.

La propuesta legislativa plantea utilizar los Objetos del Gasto 200 “Servicios No Personales”, 300 “Bienes de Consumo e Insumos” y 500 “Inversión Física” por hasta 500.000 millones para la adquisición de medicamentos.

También dispone suspensión inmediata de todos los procedimientos de contratación pública financiados con los créditos presupuestarios afectados por la Ley que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encuentren en las etapas de previsión o compromiso,

Se exceptúa del redireccionamiento al Ministerio del Interior, Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Corte Suprema de Justicia y Contraloría General de la República, cuyos presupuestos permanecerán inalterables.

“Yo creo que es viable. La primera, el avenimiento de la economía de guerra, y la segunda, el descubrimiento de la deuda flotante”, señaló Leite.

A petición del senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado, la propuesta fue postergada a la espera de un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas.

En las últimas horas empezaron a viralizarse en redes sociales y grupos de WhatsApp algunos videos que muestran una pelea entre estudiantes secundarios.

Los protagonistas son alumnos del Colegio Nacional “Dr. Fernando de la Mora”, de la ciudad que lleva el mismo nombre, quienes se trenzaron a golpes y patadas.

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Los reportes indican que el conflicto inició en el predio del colegio y posteriormente se trasladó a la vía pública, donde algunos de los adolescentes se confrontaron físicamente ante la vista de transeúntes y conductores.

La madre de uno de los afectados comentó al SNT que los amigos de un alumno que había sido agredido días atrás serían los que iniciaron la gresca, luego de intentar “cobrar venganza” por la golpiza. “Esto es una cadena”.

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En lo que va del año lectivo, ya se registraron otros incidentes similares entre estudiantes del mismo colegio fernandino, reveló la denunciante, casi siempre involucrando al mismo grupo de menores.

Esta madre de familia espera que las autoridades educativas y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) puedan tomar cartas en el asunto y aplicar sanciones severas a los involucrados.