La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, calificó la megaobra como “la intervención urbana más grande de la década”.

“Es un proceso que llevamos desde los primeros años de gestión. Vamos a bajar el tiempo de viaje con esta obra aproximadamente en una hora y media. Imagínense llegar a Encarnación en aproximadamente 4 horas o 4 horas y media, y disfrutar de todo lo que es Itapúa, que es un tesoro de nuestro país y es maravilloso”, destacó al canal GEN.

Centurión confirmó que el despliegue de las maquinarias pesadas arrancará de forma oficial este mes de agosto y se concentrará en el denominado “Tramo 0”, que abarca la zona de Acceso Sur desde Cuatro Mojones hasta Pratt Gill. El proyecto global contempla un trazado de 108 kilómetros de intervención que llegará hasta la ciudad de Quiindy, duplicando completamente la calzada.

Los trabajos del segundo semestre incluirán la instalación de campamentos, fresado de pavimentos, colocación de carpeta de concreto asfáltico, micropavimento y señalización, previendo que para el año 2027 las tareas se trasladen hacia Quiindy.

Según los datos de la ministra, 15.000 vehículos diarios se verán beneficiados de manera inmediata en la fase inicial; la ruta ampliará su capacidad para albergar hasta 50.000 vehículos por día, y el beneficio directo alcanzará a más de 1.800.000 personas del departamento Central y zonas del sur.

A diferencia de la duplicación de la ruta PY02, este proyecto posee una alta densidad demográfica. Para eliminar los históricos y crónicos nudos de congestión, el plan maestro incorpora siete pasos a desnivel sin semáforos en puntos críticos como Ñemby, el Liceo Acosta Ñu, la zona de Ytororó (con un paso bajo nivel y rotonda) e Itá-Nueva Italia.

“Lo importante acá es cómo vamos a solucionar estos cruces para darles velocidad y fluidez a los usuarios de la ruta 1. Esto va a transformar y beneficiar a ciudades como San Antonio, Ypané, Itá, Guarambaré, Villeta y Ñemby”, destacó.

Adicionalmente, para proteger los cascos urbanos y separar el tráfico pesado, se construirán circunvalaciones que desviarán el flujo de las ciudades, como la variante de Yaguarón (8 km) y la de Roque González (6 km).

MODELO DE NEGOCIO

La ejecución del proyecto está a cargo del consorcio Rutas del Mercosur, conformado por empresas paraguayas e internacionales que ganaron la licitación.

Centurión aprovechó para explicar cómo funciona el modelo de Alianza Público-Privada (APP) y por qué garantiza un “círculo virtuoso” para el Estado.

“El privado sale a buscar el financiamiento y el Estado reconoce la obra una vez que el tramo esté entregado y utilizado; no hay compromiso del Estado hasta que la obra esté terminada. Además, son 3 años de construcción y 30 años de mantenimiento. Al ser el constructor el responsable del mantenimiento por tres décadas, la calidad y la prolijidad de la construcción recaen 100% en él, porque velará por hacer una ejecución excelente que no le cree problemas económicos en el futuro”, subrayó.

OTRAS OBRAS DEL MOPC

Hacia el final de la entrevista, la ministra Claudia Centurión hizo un balance de la gestión actual, y destacó que el ministerio maneja actualmente una cartera activa de más de 200 proyectos a nivel país.

Además de los corredores logísticos tradicionales, el MOPC se encuentra construyendo siete grandes hospitales en simultáneo (en Curuguaty, Concepción, Santaní, Asunción, el Chaco y el Gran Hospital de Itauguá), y está próximo a lanzar la licitación para el de Ciudad del Este.

A eso se le suman escuelas, centros de atención a la primera infancia, sistemas de alcantarillado sanitario y agua potable en ciudades como Lambaré, Pilar, Carapeguá, Santa Rosa y San Ignacio, además de las obras de mejoramiento de cauces hídricos en Central y tres nuevas costaneras en Concepción, Villa Hayes y Pilar.

El juez Penal de Garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, explicó al canal GEN los fundamentos jurídicos que lo llevaron a otorgar el sobreseimiento definitivo a Eugenio Sanabria Vierci, el conductor que manejaba ebrio y provocó el trágico siniestro vial donde murieron cuatro personas en la Ruta Ecovía.

El magistrado confirmó que, tras extinguirse la causa mediante un acuerdo económico con parte de los familiares de las víctimas, el procesado recuperó su plenitud de derechos civiles, lo que incluye la habilitación legal para volver a conducir un vehículo.

El magistrado argumentó que el Código Procesal Penal paraguayo faculta en su artículo 25, numeral 10 (en concordancia con el artículo 311) la aplicación de la figura de la conciliación por reparación integral del daño para dos tipos específicos de hechos: los delitos patrimoniales y los delitos de carácter culposo.

“Al tratarse de un hecho considerado culposo y al existir dos acuerdos firmados: uno en diciembre de 2024 con la familia Chena y otro en febrero con los tutores de la menor sobreviviente, donde las partes se ratificaron y desistieron de toda acción futura, la ley me obliga a proceder. Al levantarse las medidas cautelares, Sanabria Vierci queda plenamente libre y no se le puede imponer ninguna restricción, lo que significa que sí puede volver a manejar”, explicó Acuña.

Exclusión de la familia Jacquet

Consultado sobre la postura de la familia Jacquet, que se opuso desde el primer día a cualquier negociación monetaria por la muerte de sus seres queridos, el magistrado confirmó que la misma quedó formalmente fuera del expediente por decisión de la Cámara de Apelaciones, y que este fallo fue ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia.

“La familia Jacquet fue excluida del proceso por las instancias superiores. Al quedar únicamente las partes que sí arribaron a un acuerdo, la magistratura procedió en consecuencia”, señaló.

El juez reveló que la fiscalía dio su conformidad para el archivo de la causa. “El Ministerio Público, en vista a la posición asumida por las víctimas ratificadas de no querer proseguir con las acciones, dio su anuencia para cerrar el caso”, explicó.

“No tuvo intención de matar”

Respecto a cómo una persona que toma un volante en estado de ebriedad y mata a cuatro personas puede eludir la cárcel y recuperar la libertad en pocos meses, Acuña sostuvo que la legislación nacional tipifica estos sucesos como homicidios culposos por inobservancia del deber de cuidado y descarta la intencionalidad directa.

“Cuando alguien toma un vehículo en ese estado (ebrio), se expone a que ocurra lo peor, pero no lo hace con la intención de matar. Ocurre por no haber tomado el debido cuidado al manejar. En Paraguay no tenemos taxativamente regulada la figura del dolo eventual en el Código Penal. Aunque existe doctrina y jurisprudencia que la desarrollan muy bien, nuestro código actualmente no la prevé de forma explícita”, dijo el juez.

El Senado incluyó en el orden del día el proyecto que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la adquisición de medicamentos, presentado por los senadores Gustavo Leite, Antonio Barrios y Orlando Penner.

La propuesta legislativa plantea utilizar los Objetos del Gasto 200 “Servicios No Personales”, 300 “Bienes de Consumo e Insumos” y 500 “Inversión Física” por hasta 500.000 millones para la adquisición de medicamentos.

También dispone suspensión inmediata de todos los procedimientos de contratación pública financiados con los créditos presupuestarios afectados por la Ley que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encuentren en las etapas de previsión o compromiso,

Se exceptúa del redireccionamiento al Ministerio del Interior, Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Corte Suprema de Justicia y Contraloría General de la República, cuyos presupuestos permanecerán inalterables.

“Yo creo que es viable. La primera, el avenimiento de la economía de guerra, y la segunda, el descubrimiento de la deuda flotante”, señaló Leite.

A petición del senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado, la propuesta fue postergada a la espera de un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas.

En las últimas horas empezaron a viralizarse en redes sociales y grupos de WhatsApp algunos videos que muestran una pelea entre estudiantes secundarios.

Los protagonistas son alumnos del Colegio Nacional “Dr. Fernando de la Mora”, de la ciudad que lleva el mismo nombre, quienes se trenzaron a golpes y patadas.

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Los reportes indican que el conflicto inició en el predio del colegio y posteriormente se trasladó a la vía pública, donde algunos de los adolescentes se confrontaron físicamente ante la vista de transeúntes y conductores.

La madre de uno de los afectados comentó al SNT que los amigos de un alumno que había sido agredido días atrás serían los que iniciaron la gresca, luego de intentar “cobrar venganza” por la golpiza. “Esto es una cadena”.

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En lo que va del año lectivo, ya se registraron otros incidentes similares entre estudiantes del mismo colegio fernandino, reveló la denunciante, casi siempre involucrando al mismo grupo de menores.

Esta madre de familia espera que las autoridades educativas y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) puedan tomar cartas en el asunto y aplicar sanciones severas a los involucrados.