A tempranas horas de este sábado, personal de la Comisaría 17ª Fortuna Guazú tomó intervención ante un hallazgo de cadáver en el asentamiento Techapyrã de Zanja Pytã, departamento de Amambay.

El cuerpo sin vida pertenece a Apolonio Cabañas Sosa, de 40 años, quien fue localizado sin signos vitales en un camino vecinal de la zona.

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La víctima presentaba rastros visibles de heridas producidas por arma blanca, como así también un golpe en la cabeza, de acuerdo al informe policial.

El ahora fallecido -quien se desempeñaba como cuidador de una vivienda en la ciudad- habría mantenido una discusión con otro sujeto, en medio de una ronda de tragos, conforme al relato de un testigo.

Por razones que aún deben ser esclarecidas, ambos protagonizaron un fuerte cruce verbal que desencadenó en el ataque contra Cabañas, quien acabó falleciendo trágicamente.

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Horas después, se confirmó la detención del principal sospechoso de este crimen. Se trata de Juan Carlos González Benítez, de 35 años, miembro de la comunidad indígena Tavamboae de Zanja Pytã.

En su poder incautaron un machetillo de 50 centímetros con mango negro, el cual, se sospecha, habría sido utilizada para acabar con la vida de la víctima.

Itaipú comunicó a través de sus redes sociales la obtención de la orden de inicio de obras para las reformas en el catedral San Blas de Ciudad del Este.

Se trata del más importante templo católico ubicado en la capital del Alto Paraná y que el pasado mes de febrero había sido afectado parcialmente por un incendio de considerables proporciones.

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La autorización para el inicio de los trabajos de restauración es “un paso concreto que marca el camino hacia la revitalización total de esta iglesia”, mencionó la binacional en su posteo, que va acompañado por un material audiovisual.

El render muestra el diseño renovado de la iglesia San Blas, que incluirá algunas reformas importantes en su infraestructura, en el afán de ofrecer una experiencia confortable a los feligreses que acudan allí.

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“Pronto veremos cómo la Catedral San Blas recupera todo su esplendor”, enfatizan desde Itaipú, que se encargará de costear los gastos en su totalidad.

La comisión especial creada para impulsar estos trabajos de refacción involucra a representantes de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná y la Universidad Católica, quienes tuvieron a su cargo diseñar el proyecto.

El juez Penal de Garantías de Cordillera, Augusto Acuña Rojas, explicó al canal GEN los fundamentos jurídicos que lo llevaron a otorgar el sobreseimiento definitivo a Eugenio Sanabria Vierci, el conductor que manejaba ebrio y provocó el trágico siniestro vial donde murieron cuatro personas en la Ruta Ecovía.

El magistrado confirmó que, tras extinguirse la causa mediante un acuerdo económico con parte de los familiares de las víctimas, el procesado recuperó su plenitud de derechos civiles, lo que incluye la habilitación legal para volver a conducir un vehículo.

El magistrado argumentó que el Código Procesal Penal paraguayo faculta en su artículo 25, numeral 10 (en concordancia con el artículo 311) la aplicación de la figura de la conciliación por reparación integral del daño para dos tipos específicos de hechos: los delitos patrimoniales y los delitos de carácter culposo.

“Al tratarse de un hecho considerado culposo y al existir dos acuerdos firmados: uno en diciembre de 2024 con la familia Chena y otro en febrero con los tutores de la menor sobreviviente, donde las partes se ratificaron y desistieron de toda acción futura, la ley me obliga a proceder. Al levantarse las medidas cautelares, Sanabria Vierci queda plenamente libre y no se le puede imponer ninguna restricción, lo que significa que sí puede volver a manejar”, explicó Acuña.

Exclusión de la familia Jacquet

Consultado sobre la postura de la familia Jacquet, que se opuso desde el primer día a cualquier negociación monetaria por la muerte de sus seres queridos, el magistrado confirmó que la misma quedó formalmente fuera del expediente por decisión de la Cámara de Apelaciones, y que este fallo fue ratificado por la propia Corte Suprema de Justicia.

“La familia Jacquet fue excluida del proceso por las instancias superiores. Al quedar únicamente las partes que sí arribaron a un acuerdo, la magistratura procedió en consecuencia”, señaló.

El juez reveló que la fiscalía dio su conformidad para el archivo de la causa. “El Ministerio Público, en vista a la posición asumida por las víctimas ratificadas de no querer proseguir con las acciones, dio su anuencia para cerrar el caso”, explicó.

“No tuvo intención de matar”

Respecto a cómo una persona que toma un volante en estado de ebriedad y mata a cuatro personas puede eludir la cárcel y recuperar la libertad en pocos meses, Acuña sostuvo que la legislación nacional tipifica estos sucesos como homicidios culposos por inobservancia del deber de cuidado y descarta la intencionalidad directa.

“Cuando alguien toma un vehículo en ese estado (ebrio), se expone a que ocurra lo peor, pero no lo hace con la intención de matar. Ocurre por no haber tomado el debido cuidado al manejar. En Paraguay no tenemos taxativamente regulada la figura del dolo eventual en el Código Penal. Aunque existe doctrina y jurisprudencia que la desarrollan muy bien, nuestro código actualmente no la prevé de forma explícita”, dijo el juez.

En aquel fatídico siniestro vial, perdieron la vida Osvaldo Darío Jacquet Valdez (39), su esposa Kristin Maria Blumenrother (40) y su hijo de apenas un año de edad, quienes viajaban en un automóvil que fue embestido por la camioneta al mando de Sanabria. La cuarta víctima fatal fue Nancy Angeluz Chena.

La fiscal Zulma Benítez había pedido que la causa fuera elevada a juicio oral, pero el acuerdo de reparación con los familiares de las víctimas puso fin al proceso.

El Senado incluyó en el orden del día el proyecto que autoriza la transferencia de créditos presupuestarios a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para la adquisición de medicamentos, presentado por los legisladores Gustavo Leite, Antonio Barrios y Orlando Penner.

La propuesta legislativa plantea utilizar los Objetos del Gasto 200 “Servicios No Personales”, 300 “Bienes de Consumo e Insumos” y 500 “Inversión Física” por hasta 500.000 millones para la adquisición de medicamentos.

También dispone la suspensión inmediata de todos los procedimientos de contratación pública financiados con los créditos presupuestarios afectados por la Ley que, a la fecha de su entrada en vigencia, se encuentren en las etapas de previsión o compromiso.

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Se exceptúa del redireccionamiento al Ministerio del Interior, Pasajes y Viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Corte Suprema de Justicia y Contraloría General de la República, cuyos presupuestos permanecerán inalterables.

“Yo creo que es viable por dos razones. La primera, el avenimiento de la economía de guerra, y la segunda, el descubrimiento de la deuda flotante”, señaló Leite.

A petición del senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado, la propuesta fue postergada a la espera de un dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas.