Durante una charla con los medios de prensa, el mandatario Santiago Peña criticó las condiciones del millonario fideicomiso del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se invirtieron G. 828.000 millones.

“Hay enormes dudas sobre si ese fideicomiso realmente fue justo en el Instituto de Previsión Social. Se hicieron inversiones por más de 800.000 millones de guaraníes, pero con unas condiciones de lo que hoy estamos mirando”, dijo.

Peña puso especial énfasis en un saldo “a la vista” de G. 160.000 millones que permanece retenido mensualmente en la entidad bancaria del Grupo Zuccolillo. Estos fondos generan millonarios rendimientos que benefician al esquema del fideicomiso y al banco, pero que no se traducen en ningún tipo de ingreso o beneficio para el IPS ni para sus asegurados.

“Hay un saldo de 160.000 millones de guaraníes que están a la vista, eso genera un ingreso para el fideicomiso, pero ese ingreso no se traduce en un ingreso para IPS. Creo que eso también tiene que ser revisado”, acotó.

El origen de la polémica radica en las condiciones altamente ventajosas que el acuerdo otorgó al Banco Atlas y que posee una vigencia de 30 años. En la práctica, el mecanismo funciona como una suerte de “aduana financiera” que le provee al banco una colosal liquidez mensual sin asumir riesgos con su propio capital.

Cada mes, el 100% de los aportes de salud de trabajadores y empleadores ingresa primero a las cuentas de Atlas. El banco retiene el dinero durante 30 días para separar una “reserva mínima” de hasta G. 160.000 millones. Recién tras ese proceso, el remanente es devuelto al IPS.

El contrato estipula que todos los gastos administrativos, honorarios profesionales, auditorías, impuestos y costos legales no corren por cuenta de Atlas, sino que se pagan directamente con el dinero del IPS o de los fondos de la cuenta especial.

El propósito original del fideicomiso era financiar la construcción de cuatro centros médicos (el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico) por un total de G. 828.000 millones. Sin embargo, las actuales autoridades del IPS detectaron un esquema de presunta corrupción tras ordenar auditorías internas y externas, las cuales ya derivaron en cuatro denuncias penales.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se espera que terminen recién este año.

La advertencia municipal surge tras una seguidilla de denuncias vecinales recibidas en las últimas semanas, las cuales alertaron sobre intervenciones ilegales en distintos puntos de la capital. Ante esta situación, el director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, recordó que el derribo de ejemplares debe ser siempre el último recurso, sujeto a una previa verificación técnica.

El titular de la dependencia ambiental explicó que las sanciones económicas se establecen según la gravedad del hecho y oscilan entre 20 y 2.700 jornales mínimos. Por esta razón, la comuna exhorta a los frentistas y propietarios a gestionar la consulta formal ante el municipio antes de realizar cualquier intervención.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental recalcaron que no todo árbol con problemas sanitarios debe ser talado, ya que en muchos casos se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios o podas controladas de sanitación.

La autorización para la remoción se reserva únicamente para situaciones irreversibles, como ejemplares completamente secos, huecos, con alto riesgo de caída inminente o pertenecientes a especies invasivas no recomendadas para el entorno urbano.

De forma paralela a las fiscalizaciones ciudadanas, la comuna lleva adelante un relevamiento continuo en avenidas, paseos centrales y plazas de la ciudad. Como resultado de estos monitoreos, se proyecta intervenir cerca de un centenar de árboles en espacios públicos que registran riesgo potencial.

Las autoridades destacaron el rol clave del arbolado como aliado esencial para mitigar las extremas temperaturas del verano capitalino, generar sombra y aportar frescura y oxígeno a los barrios.

A través de una carta abierta remitida a las autoridades, la organización advirtió que el nulo avance en los procesos de provisión deja a decenas de personas sin la posibilidad de someterse a este examen en el momento indicado por los médicos.

Desde el gremio remarcaron que el retraso se debería a deudas pendientes con los prestadores del servicio, por lo que urgieron medidas presupuestarias para destrabar las contrataciones y regularizar los compromisos asumidos.

Los representantes de APACFA destacaron que el acceso a este estudio no representa un privilegio, sino un derecho esencial para la salud de quienes luchan contra la enfermedad, señalando que cada día de demora se traduce en angustia y en la pérdida de oportunidades críticas para la efectividad del tratamiento.

“No estamos solicitando un privilegio. Estamos solicitando que los pacientes con cáncer puedan acceder a un estudio esencial para su atención en el momento en que lo necesitan. Los pacientes necesitan respuestas. Los pacientes necesitan acceder al estudio de PET Scan. Los pacientes necesitan que las soluciones lleguen ahora”, concluye el comunicado.

El pedido formal fue dirigido al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, a la ministra de Salud María Teresa Barán y al ministro de Economía Óscar Lovera.

El jefe policial advirtió que los establecimientos penitenciarios representan los puntos de mayor vulnerabilidad y captación para la estructura criminal. Dentro de los penales, las personas privadas de libertad son más propensas a adherirse y someterse a la estas facciones transnacionales, fortaleciendo la presencia del grupo tras las rejas.

Actualmente, hay 1.000 miembros plenamente identificados, la mitad está recluida en el sistema penitenciario nacional, en tanto que la otra parte continúa operando.

A pesar de que la cifra total de miembros plenamente identificados no se registró un incremento drástico dentro del territorio nacional, los organismos de inteligencia se mantienen en alerta constante, de acuerdo a lo expresado por el Crio. Luis López.

Las investigaciones señalan que cabezas importantes del PCC buscan de forma recurrente ingresar al país con la intención de asentarse y tomar el control operativo de zonas estratégicas, con especial interés en la frontera.

Las tareas de monitoreo, inteligencia e intervenciones tácticas continúan de manera coordinada para frenar el avance de esta organización y neutralizar los intentos de sus principales mandos por consolidar células territoriales en la frontera.