En charla con GEN, José Duarte sostuvo que es una articulación público-privada para la estafa colectiva. Sostuvo que este esquema delictivo no podría sostenerse en el tiempo sin la complicidad de funcionarios estatales, ya que el registro y control de carreras funcionaron históricamente como una caja recaudatoria protegida por intereses corporativos dentro del propio circuito educativo.

El titular de la Aneaes detalló que el desorden normativo permite la existencia de universidades con sistemas multicampus que abren filiales de forma irregular en diversos puntos del país, dictan clases sin el aval correspondiente y, finalmente, emiten los títulos utilizando los registros de sus sedes centrales que sí cuentan con habilitación legal.

A esta práctica se suma el fenómeno de las carreras fantasma, ofertas académicas que obtuvieron un reconocimiento administrativo inicial tras la vigencia del marco normativo, pero que nunca llegaron a implementarse de forma real o continua.

Al figurar permanentemente como activas en el catastro del Cones debido a la falta de auditorías en el terreno, estas instituciones generan repentinamente masivas cohortes de egresados que logran registrar sus diplomas ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a pesar de no haber cumplido con la carga horaria ni las modalidades exigidas por ley.

Duarte recordó que la gravedad de este escenario ya había sido advertida formalmente por la Aneaes a comienzos de este año, mucho antes de que el caso tomara estado público y derivara en un escándalo mediático y político.

Los informes técnicos revelaron la existencia de más de 100.000 títulos registrados ante el MEC que procedían de carreras totalmente rezagadas en sus procesos de evaluación.

La gran mayoría de estas ofertas académicas estaban legalmente obligadas a someterse a los controles de calidad institucional, pero operaban ignorando deliberadamente los dictámenes del órgano evaluador.

Indicó que el Estado paraguayo carece actualmente de la capacidad operativa para conocer las condiciones reales de implementación de miles de carreras catastradas.

Para el presidente de la Aneaes, el uso perverso de las lagunas normativas de la Ley de Educación Superior puede corregirse si existe una verdadera determinación por parte de las autoridades del Gobierno.

Cuestionó que, a dos años de haberse presentado el Registro Único del Estudiante (RUE) de la educación superior como la solución definitiva a las adulteraciones, los sistemas de trazabilidad sigan sin funcionar con la rigurosidad necesaria.

El experto enfatizó que la solución de fondo exige transparentar de manera inmediata los archivos estatales, abriendo el Registro de Títulos a toda la ciudadanía bajo la Ley de Acceso a la Información Pública.

El viceministro de Atención Integral de la Salud precisó en entrevista con el canal GEN/Nación Media, que el Gobierno paraguayo asume al 100% la cobertura económica de los pacientes remitidos a la Argentina para atenciones complejas.

La aclaración se da en medio de la nueva medida implementada en Argentina, donde se fijaron aranceles para extranjeros no residentes en hospitales públicos de ese país.

De acuerdo al doctor Recalde, el Estado nacional continúa financiando casos emblemáticos cuyas inversiones superaron los 100.000 dólares por procedimiento, según los convenios y la institución que reciba a cada paciente.

Con la finalidad de optimizar estos recursos e impulsar la soberanía médica, una delegación paraguaya entabló reuniones estratégicas con el ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, para concretar un acuerdo con el Hospital El Cruce.

Ese centro, referente regional en trasplante de hígado en adultos con más de 300 intervenciones realizadas, actuará como tutor académico para capacitar a los profesionales de Paraguay, permitiendo la instrucción mediante pasantías y la llegada de especialistas para monitorear los procesos en el país.

A la par de mantener el respaldo financiero estatal en el exterior, la gestión del Gobierno busca el desarrollo de la infraestructura sanitaria interna para reducir de forma progresiva la dependencia de derivados internacionales. Al respecto, Recalde remarcó que las obras en curso en Concepción, el Chaco, Curuguaty, el Gran Hospital Nacional de Itauguá, y ahora el de CDE, buscan dignificar la atención pública.

Personal de seguridad del Hospital Central, en conjunto con representantes de la Fiscalía y autoridades del centro médico, realizaron un sorpresivo procedimiento en los albergues destinados a familiares de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras la denuncia de un usuario, a quien se le sugirió comprar en el sitio un fármaco recetado que debía ser abastecido por la propia red de salud pública.

Durante el registro del primer recinto, las autoridades hallaron un importante volumen de insumos médicos e instrumentos de uso hospitalario como gasas, batas, jeringas y chatas, además de fármacos de alto costo como eritropoyetina, cuyo valor de mercado ronda los 4 millones de guaraníes por unidad.

Muchos de los productos, entre los que también figuraban antibióticos con dudosas condiciones de conservación, conservaban etiquetas oficiales del IPS y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS). En el sitio se incautaron además dinero en efectivo oculto en cajas de madera y artículos variados como alimentos y perfumes.

Como resultado de este primer operativo, una mujer fue demorada y trasladada a la Comisaría 12.ª, quedando a disposición del Ministerio Público. El fiscal Luis Barboza, quien encabezó el procedimiento bajo directivas de la fiscala Hermenegilda Cubilla, confirmó que solicitarán la intervención de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para establecer la procedencia exacta de los fármacos y evaluar los riesgos sanitarios.

La inspección se extendió hacia un segundo albergue contiguo, donde localizaron otro lote de medicamentos irregulares que incluía sustancias sujetas a estricto control médico, entre ellas fentanilo. En este segundo punto no se registraron detenciones inmediatas, aunque la clasificación de los insumos continuó con el apoyo técnico del servicio de Farmacia del Hospital Central.

Por su parte, la Dirección del Hospital Central del IPS y los departamentos de Auditoría e Investigación Jurídica ratificaron su apertura para colaborar con la investigación penal.

Las autoridades institucionales se comprometieron a facilitar los controles internos necesarios para determinar las responsabilidades administrativas y penales detrás del desvío de estos insumos esenciales.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado mostró de qué manera de levantará el nuevo centro asistencial en el este del país.

En su etapa inicial, el moderno centro asistencial contará con 56 unidades de terapia intensiva y 204 camas de internación.

Esta infraestructura permitirá absorber una alta demanda médica y reducir significativamente la necesidad de traslado de pacientes hacia la capital del país.

La obra beneficiará directamente a más de un millón de personas en el departamento de Alto Paraná y zonas aledañas.

Con esta inversión, el Gobierno busca garantizar atención médica especializada y equipamiento de última generación, respondiendo de forma concreta a las necesidades históricas de la población en materia de salud pública.