La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública para analizar el proyecto conocido como “Ley Canela”, que propone un nuevo marco regulatorio para la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización, tenencia y utilización de artefactos pirotécnicos en Paraguay.

La actividad, impulsada por el diputado José Rodríguez (ANR-Capital), se llevará a cabo el miércoles 29 de julio, de 08:00 a 12:00, y reunirá a especialistas, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores interesados en debatir la iniciativa.

El proyecto recibe el nombre de “Ley Canela” en referencia al caso de la perra Canela, que sufrió graves lesiones en el hocico tras la explosión de un petardo durante los festejos de Año Nuevo. El hecho generó una amplia conmoción y reavivó el debate sobre la necesidad de una regulación más estricta de la pirotecnia para proteger a las personas, los animales y el medioambiente.

La iniciativa no plantea prohibir totalmente la pirotecnia, sino establecer reglas más estrictas, diferenciando la pirotecnia visual de la sonora y concentrando sobre esta última las mayores restricciones debido a su impacto en la salud, la seguridad y el bienestar animal.

Entre los principales cambios figura la prohibición de la venta callejera, ambulante o informal de artefactos pirotécnicos en todo el país, permitiendo su comercialización únicamente en establecimientos habilitados. Además, prohíbe la venta, entrega o facilitación de estos productos a menores de 18 años.

Asimismo, la propuesta establece que la pirotecnia sonora solo podrá utilizarse en espectáculos autorizados por las autoridades competentes y ejecutados por operadores habilitados. Estos eventos deberán realizarse a más de 500 metros de hospitales, centros de salud, instituciones educativas, hogares de niños, residencias de adultos mayores y refugios de animales, con el objetivo de reducir los riesgos para los sectores más vulnerables.

El proyectista sostiene que la normativa vigente resulta insuficiente para prevenir los daños ocasionados por el uso inadecuado de estos artefactos. Según los datos expuestos en la iniciativa, durante las celebraciones de fin de año unas 60 personas resultan heridas por pirotecnia y cerca del 87% de las víctimas son menores de edad.

A ello se suma el impacto económico para el sistema de salud, ya que la atención integral de cada paciente puede representar un costo de entre G. 400 millones y G. 500 millones, considerando cirugías, internación y rehabilitación.

La audiencia pública servirá para recoger opiniones y aportes de especialistas y de los distintos sectores involucrados antes de que el proyecto continúe su tratamiento en el Congreso. La iniciativa también contempla la derogación de la Ley N.º 6.754/2021, que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes.

Diez personas, cinco hombres y cinco mujeres, fueron beneficiadas este martes con cirugías gratuitas de cataratas en el Hospital Regional de Concepción, con lo que la cifra de pacientes intervenidos asciende a 114 desde el inicio del programa, el pasado 13 de abril.

Las intervenciones son realizadas todos los martes, con un promedio de entre ocho y diez cirugías por jornada, mediante un servicio especializado y sin costo para los pacientes.

El programa es impulsado por el Ministerio de Salud Pública, a través de la I Región Sanitaria, y busca ampliar el acceso a tratamientos oftalmológicos para personas que necesitan recuperar su capacidad visual.

Durante la jornada, el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y la gobernadora de Concepción, Liz Meza, visitaron el Hospital Regional para conocer el funcionamiento del servicio y dialogar con pacientes y profesionales.

¿Cómo acceder a una cirugía gratuita de cataratas?

Las personas interesadas deben acudir de lunes a viernes al Hospital Regional de Concepción. El agendamiento se realiza en el día, a partir de las 06:00.

Posteriormente, los pacientes pasan por una evaluación en el Consultorio de Oftalmología, donde se realizan la consulta médica, los estudios prequirúrgicos y la valoración para determinar si requieren la intervención.

Los beneficiarios provienen de diferentes zonas del país, entre ellas Pedro Juan Caballero, San Pedro, Puerto Casado, Horqueta y varios distritos del departamento de Concepción.

Una cirugía de rápida recuperación

Las operaciones se realizan mediante facoemulsificación, una técnica considerada estándar para el tratamiento de las cataratas.

El procedimiento consiste en fragmentar mediante ultrasonido el cristalino que perdió su transparencia, a través de una pequeña incisión, para luego reemplazarlo por un lente intraocular plegable.

Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que permite una recuperación rápida y una importante mejoría de la visión.

Desde el inicio del programa, los pacientes intervenidos han recibido el alta médica con evolución favorable, permitiéndoles recuperar su capacidad visual y mejorar su calidad de vida.

Con estas jornadas, Salud Pública busca descentralizar la atención oftalmológica y acercar cirugías especializadas, gratuitas y de calidad a pacientes que necesitan recuperar la visión.

La advertencia municipal surge tras una seguidilla de denuncias vecinales recibidas en las últimas semanas, las cuales alertaron sobre intervenciones ilegales en distintos puntos de la capital. Ante esta situación, el director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, recordó que el derribo de ejemplares debe ser siempre el último recurso, sujeto a una previa verificación técnica.

El titular de la dependencia ambiental explicó que las sanciones económicas se establecen según la gravedad del hecho y oscilan entre 20 y 2.700 jornales mínimos. Por esta razón, la comuna exhorta a los frentistas y propietarios a gestionar la consulta formal ante el municipio antes de realizar cualquier intervención.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental recalcaron que no todo árbol con problemas sanitarios debe ser talado, ya que en muchos casos se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios o podas controladas de sanitación.

La autorización para la remoción se reserva únicamente para situaciones irreversibles, como ejemplares completamente secos, huecos, con alto riesgo de caída inminente o pertenecientes a especies invasivas no recomendadas para el entorno urbano.

De forma paralela a las fiscalizaciones ciudadanas, la comuna lleva adelante un relevamiento continuo en avenidas, paseos centrales y plazas de la ciudad. Como resultado de estos monitoreos, se proyecta intervenir cerca de un centenar de árboles en espacios públicos que registran riesgo potencial.

Las autoridades destacaron el rol clave del arbolado como aliado esencial para mitigar las extremas temperaturas del verano capitalino, generar sombra y aportar frescura y oxígeno a los barrios.

A través de una carta abierta remitida a las autoridades, la organización advirtió que el nulo avance en los procesos de provisión deja a decenas de personas sin la posibilidad de someterse a este examen en el momento indicado por los médicos.

Desde el gremio remarcaron que el retraso se debería a deudas pendientes con los prestadores del servicio, por lo que urgieron medidas presupuestarias para destrabar las contrataciones y regularizar los compromisos asumidos.

Los representantes de APACFA destacaron que el acceso a este estudio no representa un privilegio, sino un derecho esencial para la salud de quienes luchan contra la enfermedad, señalando que cada día de demora se traduce en angustia y en la pérdida de oportunidades críticas para la efectividad del tratamiento.

“No estamos solicitando un privilegio. Estamos solicitando que los pacientes con cáncer puedan acceder a un estudio esencial para su atención en el momento en que lo necesitan. Los pacientes necesitan respuestas. Los pacientes necesitan acceder al estudio de PET Scan. Los pacientes necesitan que las soluciones lleguen ahora”, concluye el comunicado.

El pedido formal fue dirigido al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, a la ministra de Salud María Teresa Barán y al ministro de Economía Óscar Lovera.