Cartes en EE.UU., libre de sanciones: Ovelar pide no olvidar que Abdo fue el origen
Cartes en EE.UU., libre de sanciones: Ovelar pide no olvidar que Abdo fue el origen
La presencia de Horacio Cartes en Estados Unidos es un acto de justicia con el que demostró que siempre se comportó en respeto a las leyes, dijo el abogado Pedro Ovelar, quien confirmó que ambas sanciones fueron levantadas en octubre y pidió recordar que Mario Abdo, en ejercicio del poder, fue el origen de todo esto.
“Es un acto de justicia donde le dieron a una persona la oportunidad de demostrar que en todo momento se ha comportado en el marco del respeto a las leyes, ha demostrado que todo lo que se decía no era cierto”, expresó Pedro Ovelar en una entrevista con la 1080 AM.
Pidió analizar el origen de las sanciones, que, desde su óptica, se basan en elementos totalmente distorsionados, todos ellos salidos desde el Paraguay hacia Estados Unidos, por lo tanto, esta es una reivindicación de la justicia y de Horacio Cartes, opinó.
Respecto a las sanciones financieras y políticas, Ovelar confirmó que ambas fueron levantadas en octubre pasado, pero que algunos ponían en duda la veracidad porque el presidente de la ANR no viajaba. Sin embargo, una vez eliminadas las sanciones, se procedió a la solicitud de la visa que es la demostración fáctica de todo esto.
“Me parece justo que se le dé la relevancia importante y no olvidar cómo se generó esto, no se trata simplemente de la situación de una persona sino de toda una campaña orquestada desde Paraguay”, enfatizó.
Familias que trabajaban en Tabesa, el cierre de un frigorífico, la obligación de desprenderse de una empresa que le pertenecía, mencionó.
“Todas las personas directamente involucradas desde el Paraguay con fines políticos, maniobrando desde las más altas fuerzas del nivel político, en connivencia y en perfecta armonía con actores mediáticos que buscaron su destrucción personal y familiar, que sí se ha investigado y que se llegue hasta el final, porque esto no se inicia en EE.UU., se inicia en Paraguay”, afirmó.
Nota relacionada: Charla con Marco Rubio e impresiones sobre la Albirroja: Cartes en la final del Mundial
Ovelar habló de un acto maquiavélico montado por personas del poder político en el que, al frente, estuvo Mario Abdo Benítez, apoyado por sus secretarios y personas extrañas que no tenían relación con el organigrama administrativo.
Leé también
La mano de “Macho” estaría detrás del sicariato en Tava’i
Momento en que los sicarios llegan a bordo de una motocicleta. Imagen: captura de video.
El sicariato registrado este sábado en el distrito de Tava’i, Caazapá, tendría vinculación con Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, considerado como el criminal más buscado en Paraguay.
La apacible localidad de Tava’i en la tarde de ayer se vio conmocionada por un violento ataque a tiros que dejó como saldo dos fallecidos y cuatro heridos.
Las víctimas fatales fueron identificadas como Justo Pastor Bogado Ortigoza, de 29 años, y Julio César Ortega Servián, de 26 años, este último uno de los sicarios que perpetró el atentado.
Nota relacionada: Un tiroteo dejó dos muertos y cuatro heridos en Tava’i
En las últimas horas trascendió la información de que Ortega -oriundo del distrito de Yby Pytá, Canindeyú- formaba parte del primer anillo del peligroso criminal Felipe Santiago Acosta Riveros.
Este sujeto había sido identificado como parte de la estructura liderada por alias “Macho”, de acuerdo a un organigrama divulgado tiempo atrás por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). En este caso, sería uno de sus hombres de confianza, a cargo de su seguridad.
Leé también: Madre e hijo mueren en incendio en Caazapá: autor sería novio de la víctima
El Crio. Blas Fernández, subjefe del Departamento de Investigaciones de Caazapá, no descartó una eventual implicancia del peligroso criminal en este episodio catalogado como “sicariato”, más aún considerando la relación de cercanía que tuvo con el fallecido.
Datos de inteligencia sindican como el supuesto blanco del ataque a Julio César Sanabria Torales, alias “Julito”, de 35 años, quien es una de las cuatro personas que resultaron heridas de bala.
El mapa de los delitos que acorralan a las comunidades indígenas en Paraguay
Comunidad mbyá-guaraní frente al “opy” o casa ritual. Foto: ilustrativa.
Un informe divulgado por el Ministerio Público expone la dura realidad que enfrentan los pueblos originarios en nuestro país. La violencia familiar, los abusos a menores y el avance del crimen organizado encabezan los hechos más denunciados.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Observatorio del Ministerio Público expuso un pormenorizado informe que revela la compleja situación de vulnerabilidad social y penal que atraviesan los pueblos originarios en Paraguay.
Dicho reporte expone desde la prevalencia de delitos graves hasta las barreras de discriminación que sufren al migrar a las zonas urbanas.
Entre los hechos punibles de mayor frecuencia registrados en las comunidades figuran la violencia familiar, la lesión, las amenazas, el homicidio doloso y el abuso sexual en niños. A esta lista se suman la coacción, el estupro, los delitos ambientales (Ley N.º 716/96) y el hurto agravado, siendo los días sábado, domingo y lunes los de mayor concentración de denuncias.
Los departamentos más sensibles
El análisis territorial identifica siete departamentos como las zonas más críticas por la frecuencia de causas investigadas:
- Canindeyú
- Caaguazú
- Amambay
- Concepción
- Alto Paraná
- Boquerón
- San Pedro
Según la Fiscalía, el avance del crimen organizado en estas regiones, sumado al flagelo del embarazo precoz y la violencia familiar, genera un impacto destructivo en el tejido social indígena. A esto se suma la migración hacia las ciudades, un fenómeno que expone a los nativos a la exclusión social, la pérdida de su identidad étnica y la falta de contención de sus líderes y familias extendidas.
El proceso penal: Entre la ley nacional y el derecho consuetudinario
Frente a la comisión de un delito, el sistema judicial paraguayo aplica un régimen diferenciado respaldado por la Constitución Nacional (Arts. 62 al 65) y el Convenio 169 de la OIT. Este marco reconoce la coexistencia del derecho estatal con el derecho consuetudinario indígena, siempre que no se vulneren los derechos humanos fundamentales.
El protocolo de intervención del Ministerio Público ante denuncias en comunidades sigue cuatro pasos clave:
- Notificación inmediata: La Oficina de Denuncias Penales comunica el caso al fiscal de turno y a la Dirección de Derechos Étnicos.
- Designación técnica: Se asigna un consultor técnico y un equipo especializado que se traslada hasta la comunidad para recabar datos e informar al líder comunitario.
- Abordaje en el territorio: En casos de abuso sexual o violencia familiar, una psicóloga atiende a la víctima dentro de su propia comunidad para evitar traslados costosos. El líder aconseja si corresponde aplicar la justicia ordinaria o las normas consuetudinarias.
- Dictamen jurídico-antropológico: Se elabora un informe con recomendaciones al fiscal sobre la ley aplicable, medidas de protección y posibles salidas al conflicto.
Justicia plural y diversidad cultural
El Código Procesal Penal (en sus artículos 26, 380 y 432) habilita la posibilidad de extinguir la acción penal si el conflicto fue resuelto satisfactoriamente según el derecho consuetudinario de la comunidad y con el acuerdo de las partes, previa verificación del juez.
“La configuración del delito no posee un carácter universal, sino que depende del contexto cultural. Determinadas conductas consideradas punibles por el derecho positivo pueden no serlo dentro de una comunidad indígena, y viceversa”, explicó la abogada Viviana Benítez, del equipo técnico de la Dirección de Planificación de la Fiscalía.
Esta convivencia entre el derecho estatal y las costumbres ancestrales busca garantizar que la aplicación de la justicia no despoje a los pueblos originarios de su identidad, priorizando la reparación del daño y el respeto a la diversidad cultural en todo el proceso penal.
Dos jóvenes fallecen tras sufrir aparatoso choque en Arroyos y Esteros
En estas condiciones quedó el vehículo tras el choque. Foto: Gentileza.
Dos jóvenes mujeres perdieron la vida de forma trágica en un accidente ocurrido en la localidad de Arroyos y Esteros, luego de que el vehículo en el que circulaban chocara contra dos camiones de gran porte.
En la noche del sábado se registró un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del Km 70 de la Ruta PY03, en la ciudad de Arroyos y Esteros, departamento de Cordillera.
Se vieron involucrados en el percance un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz, a bordo del cual viajaban Sheyla Jazmín Rodríguez Duarte (25) y Delia Calonga Roble (26), y dos camiones semirremolque.
Te puede interesar: Una joven conductora murió tras estrellar su camioneta contra una casa en Villa Elisa
El vehículo acabó colisionando de forma violenta contra estos camiones, luego de que su conductora aparentemente intentara realizar una maniobra de adelantamiento, de acuerdo a reportes de medios locales.
Los datos indican que el rodado habría intentado adelantarse por la izquierda y, al tratar de retomar su carril, impactó contra estos vehículos de gran porte que circulaban en sentido contrario.
Leé también: Madre e hijo mueren en incendio en Caazapá: autor sería novio de la víctima
Ambas jóvenes, quienes son oriundas de la ciudad de Pedro Juan Caballero, fallecieron de manera instantánea a causa de la aparatosidad del choque y la gravedad de las heridas sufridas.
Los transportistas involucrados resultaron ilesos tras el siniestro vial. Por protocolo, ambos fueron sometidos a la prueba de alcotest y arrojaron un resultado negativo, de acuerdo al informe de la Comisaría 3ª de Arroyos y Esteros.
