Un espeluznante hecho de presunto feminicidio seguido de suicidio sacudió a la comunidad de la compañía Yvysunu - Curusú Legua, en la ciudad de Guarambaré, durante las primeras horas de este sábado.

El macabro hallazgo se produjo cerca de las 06:20, cuando una niña de apenas 8 años se despertó y encontró los cadáveres de sus padres en el interior de la vivienda familiar. La menor corrió a dar aviso a sus familiares y a su abuela, quienes de inmediato alertaron a las autoridades.

La víctima fatal fue identificada como Liz Andrea Ortellado, de 30 años, mientras que el autor del horrendo crimen fue su pareja, Walter Fabián Acosta Duarte, de 34 años, quien se quitó la vida tras cometer el ataque.

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ANTECEDENTES DE VIOLENCIA

Según confirmaciones del comisario Santacruz a los NPY, el agresor utilizó una tijera para infligir las heridas mortales a la mujer. A pocos metros del cadáver de la mujer, los intervinientes hallaron el cuerpo sin vida del hombre.

Los datos de la investigación policial revelaron un antecedente alarmante: la mujer ya había presentado denuncias anteriores por violencia familiar en contra de Acosta Duarte. Sin embargo, los episodios de violencia escalaron hasta desencadenar en el trágico final.

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Agentes de la Comisaría 22ª de Guarambaré acudieron al lugar de la tragedia y comunicaron el hecho al Ministerio Público.

Efectivos de Criminalística, el médico forense y la fiscalía de turno se desplegaron en la escena para el levantamiento de evidencias y la realización de los procedimientos legales correspondientes, a fin de determinar con exactitud las circunstancias del hecho. Los cuerpos fueron trasladados para las pericias de rigor mientras se brinda contención a la pequeña superviviente.

En su escrito difundido en redes sociales, el actual precandidato a presidente por el abdismo intentó justificar el desmantelamiento del proyecto Metrobús bajo el argumento de que heredó una obra inviable.

En entrevista con el canal GEN, la agente fiscal Yeimy Rossana Adle —quien integra el equipo de investigación junto con Nathalia Silva y Giovanni Grisetti— detalló cómo las decisiones unilaterales de Wiens terminaron por sepultar la infraestructura y ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones al Estado paraguayo.

El Ministerio Público presentó la acusación formal y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras públicas, marco penal por el cual el ex alto funcionario se expone a una condena de hasta 7 años y medio de cárcel.

Línea de tiempo: los errores que destruyeron el proyecto

La fiscal desacreditó la postura de la defensa de Wiens, y reconstruyó punto por punto la secuencia de acontecimientos desde su asunción al frente del MOPC en agosto de 2018:

-Agosto de 2018: Avance del 40% y predisposición municipal (13 y 28 de agosto)

Al asumir Wiens, la obra contaba con un avance físico cercano al 40%. Pese a que la empresa Mota Engil presentó un preaviso de suspensión el 13 de agosto, el 28 de agosto la Municipalidad de Asunción envió una nota confirmando que estaba lista para otorgar los permisos de construcción en el Tramo 2. Sin embargo, el MOPC nunca más gestionó dicha autorización.

-Octubre de 2018: Acta de entendimiento y soterramiento (20 y 23 de octubre)

Tras constatar in situ que había frentes disponibles e intimar a la contratista el 23 de octubre, ese mismo día Wiens firmó sorpresivamente un acta de entendimiento con Mota Engil para suspender las obras. El MOPC destinó más de G. 8.030 millones para pagar trabajos que soterraron e inutilizaron la infraestructura ya construida, con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular.

-Junio de 2019: Dictámenes técnicos ignorados

El informe de intervención dispuesto por el propio Wiens concluyó en junio de 2019 aconsejando la continuidad del proyecto. En paralelo, un estudio encomendado a la consultora internacional Transconsult y financiado por el BID recomendó replantear y simplificar la obra, confirmando que solo 13 inmuebles requerían expropiación. Wiens ignoró ambas recomendaciones.

-Abril de 2020: Demolición de estaciones y desvío de insumos

Wiens ordenó la demolición de seis estaciones del corredor central (19 a la 24), donde el Estado ya había invertido más de G. 6.900 millones. Lo hizo sin contar con un dictamen técnico previo —exigido por la Procuraduría— y redistribuyó materiales protegidos por la Ley 5133 a rellenos de estacionamientos y centros asistenciales, violando las cláusulas contractuales con el BID.

-Octubre de 2023: Citación e interrupción de la prescripción (4 de octubre de 2023)

La Fiscalía citó en octubre de 2023 a una indagatoria a Wiens días antes de cumplirse los 5 años del inicio de los hechos punibles, que fue en octubre de 2018, interrumpiendo legalmente el plazo de prescripción. La causa sigue plenamente vigente por un nuevo periodo de 5 años.

“Se pagó con dinero del Estado para destruir obras del Estado”

La fiscal Yeimy Adle aseguró que existían las condiciones técnicas, normativas y financieras para culminar la red del bus de tránsito rápido.

“El señor Wiens pagó con plata del Estado para destruir obras del Estado; infraestructura en el marco de un proyecto de más de 20 años. Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad, pero prefirieron soterrar lo construido”, enfatizó Adle.

No existe prescripción

Respecto al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa, la agente del Ministerio Público recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

El fiscal Julio Ortiz confirmó que, esta mañana, al llegar a su oficina, le comunicaron la llegada de Vicente Bataglia, quien, en uso de sus derechos, optó por no prestar declaración.

“Se levantó la orden de detención y tiene a su disposición la carpeta fiscal para su defensa”, comentó Ortiz, en comunicación radial con la 730 AM.

El siguiente paso será comparecer ante el juez Rodrigo Estigarribia para la audiencia de imposición de medidas por el hecho punible que se le imputa: lesión de confianza.

Este es el primero de los nueve imputados que se presenta ante el fiscal. El expresidente Jorge Brítez y otros exfuncionarios habían acudido directamente ante el Juzgado, mientras que otra exencargada del área jurídica del IPS, a cargo de aprobar las adendas.

Brítez obtuvo su libertad ambulatoria mediante la presentación de una fianza de mil millones de guaraníes.

A poco tiempo del inicio del Mundial de Rally, Jacinto Santamaría presentó su renuncia al cargo de ministro de Turismo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Santamaría explicó que lo hizo por motivos particulares y de dignidad personal, pero con la satisfacción de haber dedicado alma y vida a servir al Paraguay con honestidad y patriotismo.

“En este tiempo, nunca les mentí, y nunca les fallé”, escribió en letras mayúsculas y anunció su regreso al sector privado para continuar trabajando con pasión por el turismo. También agradeció al presidente por la oportunidad.

Santamaría asumió en la Senatur el 27 de abril pasado, en reemplazo de Angie Duarte, quien en ese momento dijo que el cambio le tomó por sorpresa.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, anunció que Javier Ramírez ocupará el cargo de manera interina.