El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), general Julio Fullaondo, confirmó al canal GEN que, desde la puesta en marcha de los nuevos medios operativos y los radares tácticos, las incursiones ilegales en el espacio aéreo disminuyeron prácticamente en un 100%.

Explicó que la estrategia de soberanía aérea se sostiene en tres ejes fundamentales. La primera es la adecuación del marco legal a través de la Ley 6980. La segunda es el fortalecimiento de las capacidades operativas, que incluye la adquisición de aviones Super Tucano, radares y la capacitación del personal. Y la tercera es la firma de convenios de cooperación internacional. A esto se suma la vigencia del decreto “Cielo Guaraní Soberano”, que articula el trabajo conjunto entre diversas instituciones del Estado para interceptar trazas no identificadas.

El general Fullaondo destacó que el combate al crimen organizado no puede ser abordado de forma aislada por una sola entidad. En ese sentido, Paraguay ratificó acuerdos bilaterales con Argentina, Brasil y Bolivia, y además lideró una iniciativa de alcance continental.

Durante la última reunión de comandantes de Fuerzas Aéreas de América desarrollada en República Dominicana, se firmó un memorando de entendimiento a propuesta de Paraguay entre los 23 países miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) para interconectar los centros de control e intercambiar información de inteligencia en tiempo real sobre el tráfico aéreo irregular.

“Desde noviembre del año pasado, cuando empezamos a operar de manera coordinada con los nuevos medios y los radares tácticos reparados en Israel, se produjeron varias detecciones que fueron de público conocimiento. Hoy tenemos información de inteligencia de que los grupos criminales están buscando otras alternativas para mover su mercadería porque saben que la Fuerza Aérea y las instituciones del Estado están presentes en el espacio aéreo nacional”, afirmó el comandante.

Al ser consultado sobre el porcentaje de efectividad del sistema desplegado, el titular de la FAP destacó que hubo una drástica caída en el ingreso de narcoavionetas. Gracias a la cobertura combinada entre patrullajes aéreos permanentes y los radares tácticos reubicados estratégicamente en distintos puntos del territorio nacional, la detección de vuelos dedicados al tráfico ilegal cayó a niveles mínimos.

El general Fullaondo subrayó que el costo de no invertir en la protección del espacio aéreo se traduce en un severo daño social debido a las secuelas que genera el narcotráfico y la adicción a las drogas en miles de familias paraguayas.

“No se dimensiona el impacto que el narcotráfico genera en la sociedad hasta que le toca a un familiar o a un amigo. El Gobierno Nacional está invirtiendo para lograr resultados concretos que permitan el desarrollo de la nación en un ambiente seguro y soberano”, resaltó el jefe militar.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.

Una mujer de 20 años de edad, identificada con las iniciales A.S., fue rescatada este miércoles en la ciudad brasileña de Marechal Cândido Rondon, estado de Paraná.

El operativo de rescate fue ejecutado por agentes de la Policía Federal de Brasil, en coordinación con el Departamento Anti Trata de Personas y Delitos Conexos de la Policía Nacional.

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La localización de esta joven compatriota fue posible luego de que la misma lograra establecer contacto con sus familiares en Paraguay, a quienes confirmó que era retenida en contra de su voluntad y sometida a explotación sexual.

Según relató a las autoridades, fue trasladada bajo engaños desde Ciudad del Este hasta el municipio de Marechal Cândido Rondon, con la promesa de una oportunidad laboral en el rubro de costura.

Al llegar al lugar indicado, descubrió la verdad y se percató que, en realidad, había sido llevada al vecino país para ofrecer servicios sexuales, actividad a la que se negó a dedicarse rotundamente.

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A.S. logró conseguir un teléfono celular a escondidas y pidió auxilio a sus allegados, enviándoles la ubicación donde se encontraba. Ello permitió a las autoridades brasileñas dar con su paradero y rescatarla con éxito.

El caso fue comunicado a la fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Alto Paraná, quien lleva adelante la investigación.