La decisión fue adoptada durante una reunión conjunta presidida por el senador Silvio Ovelar, con participación de autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el IPS y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), quienes expusieron sus argumentos ante los legisladores.

Al término del encuentro, el senador Natalicio Chase, relator de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó que los proyectos establecen excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas que, a criterio de las comisiones, no son necesarias, ya que la normativa vigente contempla mecanismos suficientes para atender situaciones de emergencia.

Asimismo, sostuvo que aprobar una ley de estas características podría generar discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, sin aportar soluciones concretas a la crisis financiera del IPS. Además, afirmó que, de acuerdo con los informes presentados por las autoridades, la propuesta no resulta factible.

Durante la reunión, el presidente del IPS, Isaías Ricardo Fretes, reconoció que la previsional atraviesa “el peor momento de su historia”, aunque aclaró que una eventual declaración de emergencia no resolverá los problemas estructurales si no va acompañada de recursos económicos.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, señaló que el Poder Ejecutivo trabaja en alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS. En tanto, el director de la DNCP, Agustín Encina, advirtió que flexibilizar los procesos de contratación podría debilitar los mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Finalmente, las comisiones acordaron mantener reuniones informativas con las autoridades de la previsional y anunciaron que en aproximadamente 15 días el presidente del IPS presentará un plan financiero para afrontar la situación económica de la institución.

En su escrito difundido en redes sociales, el actual precandidato a presidente por el abdismo intentó justificar el desmantelamiento del proyecto Metrobús bajo el argumento de que heredó una obra inviable.

En entrevista con el canal GEN, la agente fiscal Yeimy Rossana Adle —quien integra el equipo de investigación junto con Nathalia Silva y Giovanni Grisetti— detalló cómo las decisiones unilaterales de Wiens terminaron por sepultar la infraestructura y ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones al Estado paraguayo.

El Ministerio Público presentó la acusación formal y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras públicas, marco penal por el cual el ex alto funcionario se expone a una condena de hasta 7 años y medio de cárcel.

Línea de tiempo: los errores que destruyeron el proyecto

La fiscal desacreditó la postura de la defensa de Wiens, y reconstruyó punto por punto la secuencia de acontecimientos desde su asunción al frente del MOPC en agosto de 2018:

-Agosto de 2018: Avance del 40% y predisposición municipal (13 y 28 de agosto)

Al asumir Wiens, la obra contaba con un avance físico cercano al 40%. Pese a que la empresa Mota Engil presentó un preaviso de suspensión el 13 de agosto, el 28 de agosto la Municipalidad de Asunción envió una nota confirmando que estaba lista para otorgar los permisos de construcción en el Tramo 2. Sin embargo, el MOPC nunca más gestionó dicha autorización.

-Octubre de 2018: Acta de entendimiento y soterramiento (20 y 23 de octubre)

Tras constatar in situ que había frentes disponibles e intimar a la contratista el 23 de octubre, ese mismo día Wiens firmó sorpresivamente un acta de entendimiento con Mota Engil para suspender las obras. El MOPC destinó más de G. 8.030 millones para pagar trabajos que soterraron e inutilizaron la infraestructura ya construida, con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular.

-Junio de 2019: Dictámenes técnicos ignorados

El informe de intervención dispuesto por el propio Wiens concluyó en junio de 2019 aconsejando la continuidad del proyecto. En paralelo, un estudio encomendado a la consultora internacional Transconsult y financiado por el BID recomendó replantear y simplificar la obra, confirmando que solo 13 inmuebles requerían expropiación. Wiens ignoró ambas recomendaciones.

-Abril de 2020: Demolición de estaciones y desvío de insumos

Wiens ordenó la demolición de seis estaciones del corredor central (19 a la 24), donde el Estado ya había invertido más de G. 6.900 millones. Lo hizo sin contar con un dictamen técnico previo —exigido por la Procuraduría— y redistribuyó materiales protegidos por la Ley 5133 a rellenos de estacionamientos y centros asistenciales, violando las cláusulas contractuales con el BID.

-Octubre de 2023: Citación e interrupción de la prescripción (4 de octubre de 2023)

La Fiscalía citó a indagatoria a Wiens días antes de cumplirse los 5 años del inicio de los hechos punibles (octubre de 2018), interrumpiendo legalmente el plazo de prescripción. La causa sigue plenamente vigente por un nuevo periodo de 5 años.

“Se pagó con dinero del Estado para destruir obras del Estado”

La fiscal Yeimy Adle aseguró que existían las condiciones técnicas, normativas y financieras para culminar la red del bus de tránsito rápido.

“El señor Wiens pagó con plata del Estado para destruir obras del Estado; infraestructura en el marco de un proyecto de más de 20 años. Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad, pero prefirieron soterrar lo construido”, enfatizó Adle.

No existe prescripción

Respecto al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa, la agente del Ministerio Público recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

El fiscal Julio Ortiz confirmó que, esta mañana, al llegar a su oficina, le comunicaron la llegada de Vicente Bataglia, quien, en uso de sus derechos, optó por no prestar declaración.

“Se levantó la orden de detención y tiene a su disposición la carpeta fiscal para su defensa”, comentó Ortiz, en comunicación radial con la 730 AM.

El siguiente paso será comparecer ante el juez Rodrigo Estigarribia para la audiencia de imposición de medidas por el hecho punible que se le imputa: lesión de confianza.

Este es el primero de los nueve imputados que se presenta ante el fiscal. El expresidente Jorge Brítez y otros exfuncionarios habían acudido directamente ante el Juzgado, mientras que otra exencargada del área jurídica del IPS, a cargo de aprobar las adendas.

Brítez obtuvo su libertad ambulatoria mediante la presentación de una fianza de mil millones de guaraníes.

A poco tiempo del inicio del Mundial de Rally, Jacinto Santamaría presentó su renuncia al cargo de ministro de Turismo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Santamaría explicó que lo hizo por motivos particulares y de dignidad personal, pero con la satisfacción de haber dedicado alma y vida a servir al Paraguay con honestidad y patriotismo.

“En este tiempo, nunca les mentí, y nunca les fallé”, escribió en letras mayúsculas y anunció su regreso al sector privado para continuar trabajando con pasión por el turismo. También agradeció al presidente por la oportunidad.

Santamaría asumió en la Senatur el 27 de abril pasado, en reemplazo de Angie Duarte, quien en ese momento dijo que el cambio le tomó por sorpresa.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, anunció que Javier Ramírez ocupará el cargo de manera interina.