En charla con GEN, Mettel señaló que el sector técnico se enteró de la salida del ingeniero Félix Sosa y del nombramiento de su sucesor a través de los medios de designación. No obstante, valoró la trayectoria profesional de Miguel Báez, al destacar que es un profesional respetado dentro de la entidad donde hizo carrera hasta retirarse hace dos años cuando ocupaba la Gerencia Técnica.

A pesar de este reconocimiento, el titular de la UIA enfatizó que la exigencia de transparencia y rigor técnico se mantendrá inalterable.

El referente gremial explicó que el cambio de autoridades se produce en medio de un escenario de alta incertidumbre y especulaciones sobre la política energética del país.

Mettel expuso un ejercicio financiero enfocado en el acuerdo planteado con la firma Atome, el cual pretende fijar una tarifa especial de USD 30 por megavatio hora durante un plazo de 15 años.

Para la UIA, ese valor se sitúa por debajo de la tarifa técnica real de la ANDE, estimada actualmente en USD 44 por megavatio hora. Con esto existe un desfasaje inicial de USD 14 por debajo del costo real de generación y distribución. Ese margen representa una menor recaudación cercana a los USD 30 millones por año para la empresa estatal. En los 15 años en que se establece el contrato, la pérdida proyectada alcanza los USD 450 millones, una cifra que casi iguala la inversión total anunciada por la empresa privada, que ronda los USD 650 millones.

Mettel advirtió además que este perjuicio financiero podría ser aún mayor, dado que la tarifa técnica de USD 44 tenderá a incrementarse con el paso del tiempo por el ajuste de los costos operativos y de infraestructura.

El titular del gremio confirmó que solicitarán una reunión formal con el nuevo presidente de la ANDE para entregarle el mismo informe ejecutivo que ya había sido presentado a la administración saliente, fruto de un conversatorio técnico desarrollado por los profesionales de la institución.

“Vamos a presentar nuestra propuesta al nuevo presidente y no vamos a salir de nuestra postura. Creemos que estamos en el camino correcto y vamos a defender la premisa de no entregar la energía a un costo barato, sino a un costo justo que cubra los costos reales de la ANDE y atienda los requerimientos de nuestra carta orgánica. Vamos a escuchar sus ideas para tener un mejor panorama, pero nuestra defensa técnica seguirá firme con la misma fuerza, no importa quién esté al frente”, dijo Mettel.

La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N° 408/2014, normativa que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y promueve la estrategia de Basura Cero. Este marco legal faculta a la comuna asuncena a fiscalizar la correcta eliminación de los desechos en todo el ejido urbano y a aplicar las penalizaciones correspondientes.

Sin embargo, el alcance de las fiscalizaciones trasciende el plano municipal cuando se detectan faltas severas. El marco legal nacional contempla en el artículo 200° del Código Penal castigos específicos para quienes viertan, almacenen o traten desechos de manera indebida, siempre que estas acciones pongan en riesgo la pureza del agua, el aire o el suelo.

A esto se le suma la Ley N° 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, con especial énfasis en el vertido no autorizado de efluentes industriales y la mala gestión de residuos hospitalarios o laboratoriales.

Desde la comuna trabajan de manera articulada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio Público, estamentos encargados de intervenir ante indicios de la comisión de hechos punibles.

Desde el municipio enfatizaron que los operativos de control continuarán de forma estricta en distintos puntos de Asunción. Las autoridades apelaron a la conciencia de los frentistas y del sector privado.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.