Los procedimientos estarán a cargo de funcionarios de distintas dependencias municipales, bajo la coordinación de la Dirección de la Policía Municipal Fiscalizadora. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la administración del intendente Luis Bello, en conjunto con los vecinos, para promover la formalidad de la actividad comercial y brindar mayores garantías a la ciudadanía.

El director de la dependencia, Gino Ruggero, explicó que durante las intervenciones se verificará que los establecimientos cumplan con las disposiciones municipales vigentes y cuenten con los mecanismos de seguridad exigidos para proteger a clientes, trabajadores y vecinos.

Asimismo, recordó que tanto los propietarios de comercios como los contribuyentes y la ciudadanía pueden presentar reclamos ante la Municipalidad, los cuales serán atendidos de manera inmediata.

Ruggero destacó además que se vienen fortaleciendo los mecanismos de transparencia en los procedimientos de fiscalización. En ese sentido, señaló que todos los funcionarios deben portar chalecos identificatorios, credenciales oficiales con código QR para verificar su identidad en el portal de la Municipalidad, además de la orden de trabajo y los formularios autorizados para cada intervención.

El funcionario enfatizó que ningún integrante de la Dirección de la Policía Municipal Fiscalizadora está autorizado a cobrar multas ni solicitar dinero durante un procedimiento. Explicó que, en caso de detectarse una infracción, se labra una notificación o un acta de intervención que posteriormente es remitida al Juzgado de Faltas, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes.

Abogado Gino Rugero.

En ese contexto, instó a denunciar de inmediato cualquier pedido de dinero por parte de un funcionario municipal, ya que se trata de una conducta prohibida que puede derivar en la separación del cargo y la apertura de un sumario administrativo.

Respecto al uso de tecnología, informó que las cámaras corporales (body cams) comenzaron a implementarse como un plan piloto con resultados positivos. Actualmente, la institución trabaja en ampliar la cantidad de equipos para extender su utilización a un mayor número de procedimientos, fortaleciendo la transparencia y la protección tanto de los ciudadanos como de los propios fiscalizadores.

Las verificaciones continuarán en diferentes barrios de Asunción como parte del plan municipal para fomentar el cumplimiento de las normas, consolidar la formalidad comercial y mejorar las condiciones de seguridad en la capital.

En su escrito difundido en redes sociales, el actual precandidato a presidente por el abdismo intentó justificar el desmantelamiento del proyecto Metrobús bajo el argumento de que heredó una obra inviable.

En entrevista con el canal GEN, la agente fiscal Yeimy Rossana Adle —quien integra el equipo de investigación junto con Nathalia Silva y Giovanni Grisetti— detalló cómo las decisiones unilaterales de Wiens terminaron por sepultar la infraestructura y ocasionaron un perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones al Estado paraguayo.

El Ministerio Público presentó la acusación formal y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público por los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras públicas, marco penal por el cual el ex alto funcionario se expone a una condena de hasta 7 años y medio de cárcel.

Línea de tiempo: los errores que destruyeron el proyecto

La fiscal desacreditó la postura de la defensa de Wiens, y reconstruyó punto por punto la secuencia de acontecimientos desde su asunción al frente del MOPC en agosto de 2018:

-Agosto de 2018: Avance del 40% y predisposición municipal (13 y 28 de agosto)

Al asumir Wiens, la obra contaba con un avance físico cercano al 40%. Pese a que la empresa Mota Engil presentó un preaviso de suspensión el 13 de agosto, el 28 de agosto la Municipalidad de Asunción envió una nota confirmando que estaba lista para otorgar los permisos de construcción en el Tramo 2. Sin embargo, el MOPC nunca más gestionó dicha autorización.

-Octubre de 2018: Acta de entendimiento y soterramiento (20 y 23 de octubre)

Tras constatar in situ que había frentes disponibles e intimar a la contratista el 23 de octubre, ese mismo día Wiens firmó sorpresivamente un acta de entendimiento con Mota Engil para suspender las obras. El MOPC destinó más de G. 8.030 millones para pagar trabajos que soterraron e inutilizaron la infraestructura ya construida, con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular.

-Junio de 2019: Dictámenes técnicos ignorados

El informe de intervención dispuesto por el propio Wiens concluyó en junio de 2019 aconsejando la continuidad del proyecto. En paralelo, un estudio encomendado a la consultora internacional Transconsult y financiado por el BID recomendó replantear y simplificar la obra, confirmando que solo 13 inmuebles requerían expropiación. Wiens ignoró ambas recomendaciones.

-Abril de 2020: Demolición de estaciones y desvío de insumos

Wiens ordenó la demolición de seis estaciones del corredor central (19 a la 24), donde el Estado ya había invertido más de G. 6.900 millones. Lo hizo sin contar con un dictamen técnico previo —exigido por la Procuraduría— y redistribuyó materiales protegidos por la Ley 5133 a rellenos de estacionamientos y centros asistenciales, violando las cláusulas contractuales con el BID.

-Octubre de 2023: Citación e interrupción de la prescripción (4 de octubre de 2023)

La Fiscalía citó en octubre de 2023 a una indagatoria a Wiens días antes de cumplirse los 5 años del inicio de los hechos punibles, que fue en octubre de 2018, interrumpiendo legalmente el plazo de prescripción. La causa sigue plenamente vigente por un nuevo periodo de 5 años.

“Se pagó con dinero del Estado para destruir obras del Estado”

La fiscal Yeimy Adle aseguró que existían las condiciones técnicas, normativas y financieras para culminar la red del bus de tránsito rápido.

“El señor Wiens pagó con plata del Estado para destruir obras del Estado; infraestructura en el marco de un proyecto de más de 20 años. Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad, pero prefirieron soterrar lo construido”, enfatizó Adle.

No existe prescripción

Respecto al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa, la agente del Ministerio Público recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

El fiscal Julio Ortiz confirmó que, esta mañana, al llegar a su oficina, le comunicaron la llegada de Vicente Bataglia, quien, en uso de sus derechos, optó por no prestar declaración.

“Se levantó la orden de detención y tiene a su disposición la carpeta fiscal para su defensa”, comentó Ortiz, en comunicación radial con la 730 AM.

El siguiente paso será comparecer ante el juez Rodrigo Estigarribia para la audiencia de imposición de medidas por el hecho punible que se le imputa: lesión de confianza.

Este es el primero de los nueve imputados que se presenta ante el fiscal. El expresidente Jorge Brítez y otros exfuncionarios habían acudido directamente ante el Juzgado, mientras que otra exencargada del área jurídica del IPS, a cargo de aprobar las adendas.

Brítez obtuvo su libertad ambulatoria mediante la presentación de una fianza de mil millones de guaraníes.

A poco tiempo del inicio del Mundial de Rally, Jacinto Santamaría presentó su renuncia al cargo de ministro de Turismo.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Santamaría explicó que lo hizo por motivos particulares y de dignidad personal, pero con la satisfacción de haber dedicado alma y vida a servir al Paraguay con honestidad y patriotismo.

“En este tiempo, nunca les mentí, y nunca les fallé”, escribió en letras mayúsculas y anunció su regreso al sector privado para continuar trabajando con pasión por el turismo. También agradeció al presidente por la oportunidad.

Santamaría asumió en la Senatur el 27 de abril pasado, en reemplazo de Angie Duarte, quien en ese momento dijo que el cambio le tomó por sorpresa.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, anunció que Javier Ramírez ocupará el cargo de manera interina.