El agente fiscal Cristian González de San Estanislao, lidera las investigaciones para esclarecer el fallecimiento de un recién nacido hallado sin vida en la compañía San Blas Novireta. Ante las evidencias recaudadas, dispuso la detención preventiva de la madre, una joven de 18 años de edad.

El procedimiento se activó tras una denuncia presentada en la Comisaría 8ª local, lo que motivó la intervención inmediata de una comitiva fiscal-policial acompañada por un médico forense.

Al acudir a la vivienda para la exhumación del cuerpo, los peritos confirmaron durante la inspección primaria que se trataba de un feto de sexo masculino a término de gestación, con una extensión de 47 centímetros.

Con el objetivo de precisar la causa exacta del deceso, la Fiscalía ordenó la realización de una necropsia pericial. Este estudio técnico resulta clave para definir la carátula legal de la investigación, ya que permitirá establecer si el fallecimiento ocurrió dentro del vientre materno, lo que configuraría una hipótesis de aborto, o si llegó a nacer con vida y respiró antes de morir, lo que orientaría la causa hacia un homicidio o infanticidio.

De acuerdo con los datos preliminares, la joven habría mantenido su estado de gestación oculto de su entorno familiar. Las sospechas surgieron cuando sus propios parientes notaron conductas atípicas y accesos reiterados al sanitario, donde posteriormente hallaron al lactante sin signos vitales y con aparentes indicios de violencia.

Ante la conmoción del descubrimiento y el desconocimiento de los protocolos legales ante un deceso, los denunciantes optaron primeramente por colocar el cuerpo en una caja de cartón y sepultarlo en el predio familiar. Tras concretar el enterramiento, los familiares acudieron a la sede policial de la zona para formalizar la denuncia sobre lo acontecido.

El Ministerio Público confirmó que aguardará los resultados finales del análisis forense para formular la imputación formal y delimitar la eventual responsabilidad penal de la sospechosa.

La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N° 408/2014, normativa que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y promueve la estrategia de Basura Cero. Este marco legal faculta a la comuna asuncena a fiscalizar la correcta eliminación de los desechos en todo el ejido urbano y a aplicar las penalizaciones correspondientes.

Sin embargo, el alcance de las fiscalizaciones trasciende el plano municipal cuando se detectan faltas severas. El marco legal nacional contempla en el artículo 200° del Código Penal castigos específicos para quienes viertan, almacenen o traten desechos de manera indebida, siempre que estas acciones pongan en riesgo la pureza del agua, el aire o el suelo.

A esto se le suma la Ley N° 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, con especial énfasis en el vertido no autorizado de efluentes industriales y la mala gestión de residuos hospitalarios o laboratoriales.

Desde la comuna trabajan de manera articulada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio Público, estamentos encargados de intervenir ante indicios de la comisión de hechos punibles.

Desde el municipio enfatizaron que los operativos de control continuarán de forma estricta en distintos puntos de Asunción. Las autoridades apelaron a la conciencia de los frentistas y del sector privado.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.