La iniciativa busca reemplazar la referencia actual de G. 250, considerada desfasada frente a la realidad económica del país, por el denominado “galeno”, una unidad equivalente a un jornal y medio del salario mínimo. De esta manera, el arancel se actualizaría automáticamente cada vez que se modifique el salario mínimo, evitando nuevas reformas legislativas para su ajuste periódico.

Los impulsores del proyecto señalaron que el nuevo mecanismo establecerá un piso para los honorarios profesionales en el ámbito privado, impidiendo acuerdos por debajo del valor fijado y declarando nulos aquellos convenios que incumplan dicha disposición.

El presidente de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Latorre, destacó la importancia del anteproyecto de ley presentado por sociedades científicas, colegios y gremios médicos, orientado a actualizar el arancel médico-quirúrgico privado, que permitirá avanzar en la dignificación del ejercicio profesional.

“La propuesta busca resolver un problema histórico relacionado con el valor del “galeno”, unidad utilizada como referencia para los procedimientos médicos. Lo que tiende a suceder, naturalmente, es que sube todo, pero el galeno queda en la misma unidad de medida. Y eso siempre genera un problema y un retraso en términos de dignificación para lo que corresponde a los procedimientos médicos", manifestó.

Asimismo, valoró la iniciativa de vincular el valor del galeno al jornal mínimo. “Me pareció muy interesante la idea de los colegas médicos de anclar el galeno al jornal mínimo. De esta manera, cuando crezca el jornal, que crece buscando acompañar el aumento del costo de vida, también va a crecer el galeno y, de esta manera, el médico va a estar un paso más cerca de su dignificación”, expresó.

El diputado Latorre también sostuvo que el proyecto representa una oportunidad para debatir nuevos mecanismos de financiamiento y prestación de servicios en el sistema de salud. “Yo lo veo como una gran oportunidad. Si bien el planteamiento busca regular los procedimientos médicos en el sector privado, también puede servir para establecer un valor para las prestaciones de servicios en el sistema público de salud”, afirmó.

Finalmente, indicó que la propuesta puede abrir el camino para analizar diferentes modelos de atención sanitaria.

Durante la presentación, los representantes del sector médico sostuvieron que la actualización del arancel responde a una necesidad largamente postergada, considerando que el país ha experimentado importantes avances económicos en las últimas décadas. Recordaron que Paraguay registró un crecimiento del Producto Interno Bruto del 6,6 % en 2025 y consolidó el grado de inversión, mientras que para 2026 se proyecta una expansión del 4,5 %. En ese contexto, afirmaron que fortalecer las condiciones del ejercicio profesional constituye un componente necesario para avanzar hacia un sistema de salud de mayor calidad.

Los profesionales aclararon que la propuesta se circunscribe exclusivamente al ejercicio privado de la medicina y no modifica el funcionamiento del sistema público de salud ni del Instituto de Previsión Social (IPS), que cuentan con mecanismos propios de actualización presupuestaria y normativa. Según explicaron, el objetivo es cubrir el vacío existente en el sector privado, cuyo arancel permanece congelado desde hace más de cinco décadas.

La presentación del anteproyecto contó con el respaldo de numerosas organizaciones del sector, entre ellas el Colegio Médico Quirúrgico del Paraguay, el Círculo Paraguayo de Médicos, la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, así como diversas sociedades científicas vinculadas a especialidades médicas, que expresaron su apoyo a la actualización del marco legal vigente.

Desde este lunes 17 de agosto, a las 08:00 hs, arrancarán los trabajos viales sobre la calle San Estanislao, comunicó la Municipalidad de Asunción.

La intervención, que forma parte del “Plan Vial ASU 400 Cuadras”, en su primera etapa abarcará aproximadamente 250 metros desde la Costanera Norte, en dirección a la Av. Artigas.

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A raíz de estas obras, se implementarán medidas especiales para organizar la circulación y permitir el desarrollo de los trabajos en el mencionado tramo, conocido comúnmente como “camino al Club Mbigua”.

Personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acompañará la ejecución de las tareas y coordinará la circulación de vehículos durante las distintas etapas del proceso, de modo a orientar a los conductores que crucen por allí.

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En vista a que la calle San Estanislao cuenta con un único trayecto de entrada y salida, sin calles transversales ni vías alternativas, se recomienda utilizar las avenidas Artigas, General Santos y José Asunción Flores, además de la Costanera Norte, para ingresar y salir del sector.

El acceso a los puntos próximos al área de obras estará reservado a frentistas y residentes, quienes podrán avanzar hasta los sectores habilitados, anticiparon desde el municipio.

En el marco de la celebración por el Día del Niño, el Observatorio del Ministerio Público presentó un análisis de sus registros estadísticos sobre hechos punibles vinculados con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre enero de 2020 y julio de 2026 fueron registradas un total de 110.886 causas correspondientes a ocho categorías.

El incumplimiento del deber legal alimentario encabeza el relevamiento, con 48.832 causas, equivalente a cerca del 44% del total. Le siguen el abuso sexual en niños, con 21.839 casos; la violación del deber de cuidado o educación, con 13.564; la pornografía relativa a niños y adolescentes, con 13.379; y el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, con 9.983. Estas cinco categorías concentran aproximadamente el 97% de todas las causas analizadas.

En cuanto al abuso sexual en niños, el Ministerio Público registró 21.839 causas durante el periodo estudiado. El mayor número entre los años completos se produjo en 2022, con 3.814 casos. Los datos complementarios señalan que, dentro de los registros considerados, la franja etaria consignada se ubica entre los 10 y 13 años y el 84% corresponde al sexo femenino.

Otro indicador que muestra un crecimiento sostenido es el relacionado con la violación del deber de cuidado o educación. Las causas pasaron de 1.473 en 2020 a 2.706 en 2025, lo que representa un aumento aproximado del 84%. Hasta julio de 2026 se contabilizaron otras 1.606 causas, llegando a un acumulado de 13.564.

Los registros también incluyen hechos vinculados con entornos digitales. La pornografía relativa a niños y adolescentes acumula 13.379 causas desde 2020, mientras que el abuso por medios tecnológicos suma 54. En el primer caso, el 84% de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino y la franja etaria consignada es de 14 a 17 años. En el segundo, el 81% corresponde al sexo femenino y la franja etaria se ubica entre los 10 y 13 años.

El maltrato de niños y adolescentes bajo tutela acumula 9.983 causas. Los registros muestran una evolución de 1.393 casos en 2020 a 1.623 en 2025, mientras que hasta julio de 2026 se contabilizaron 910. Los datos complementarios consignan una franja etaria de 5 a 9 años y señalan que el 51% de las víctimas registradas corresponde al sexo femenino.

Al comparar los años completos entre 2020 y 2025, la Fiscalía contabilizó 99.762 causas. El mayor registro anual se produjo en 2024, con 18.942 casos, seguido de 2022, con 17.587, y 2025, con 17.861. En los primeros siete meses de 2026 fueron registradas 11.124 causas, aunque este periodo no puede compararse directamente con los años completos anteriores.

El Ministerio Público aclaró que las estadísticas corresponden a causas ingresadas y no equivalen al número de víctimas, por lo que no debe establecerse una relación directa entre una causa y un niño, niña o adolescente afectado. Asimismo, los registros se encuentran sujetos a actualizaciones.

Los datos buscan dimensionar las situaciones que llegan al sistema de justicia y contribuir a orientar las respuestas institucionales. Desde el Ministerio Público se destaca la necesidad de fortalecer la prevención, la protección y la intervención especializada, preservando la dignidad, privacidad e interés superior de niños, niñas y adolescentes.

En las últimas horas transcendieron las identidades de las cuatro víctimas fatales que aún quedaban por ser identificadas, luego del percance vial ocurrido en el Km 48 de la Ruta PY02.

Se trata de Marcelo Ávalos, de 48 años, su esposa Fátima Silva Galeano, de 45 años, y sus hijos Fátima Sabrina y Fernando Jesús, de 9 y 18 años, respectivamente. Los mismos eran oriundos de la ciudad de Luque y se encontraban regresando de un viaje a Ciudad del Este.

La familia viajaba a bordo de un automóvil de la marca Toyota modelo Ractis que fue embestido por un camión cargado de ladrillos, el cual perdió los frenos y protagonizó este choque múltiple en la zona de la Compañía Pedrozo.

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El vehículo posteriormente acabó incendiándose, luego de chocar contra un poste de la ANDE. Sus cuatro ocupantes murieron calcinados en su interior, de acuerdo al reporte oficial.

Los hermanos de Marcelo Ávalos lamentaron esta tragedia que enluta a toda una familia y deja una pérdida imborrable. “Es un momento muy difícil por el que estamos pasando. Esta es una catástrofe”, afirmó uno de ellos al canal C9N.

El mismo expresó su cuestionamiento a las instituciones responsables de evitar que ocurran este tipo de accidentes, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a quien reprochó duramente, más aún considerando los otros antecedentes trágicos en ese mismo punto de la Ruta PY02.

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El pedido unánime es que se pueda hacer justicia y que las autoridades competentes tomen las acciones debidas para evitar nuevas tragedias de esta índole. “Pedimos que tomen con seriedad para que esto sea un antes y un después”, expresó otro hermano del fallecido.

Cabe mencionar que la pequeña Fátima Sabrina este lunes debía cumplir un año más de vida, por lo que su penosa muerte genera un dolor aún mayor entre sus familiares y allegados.