En una entrevista con el programa Fuego Cruzado por el Canal Gen, se analizó la situación entre Brasil y Paraguay, específicamente tras el reciente episodio en el que Lula dijo que “Un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil”, tras lo cual la Cancillería Nacional demoró una semana en reaccionar.

A criterio de Julieta Heduvan, existen recientes acuerdos firmados por Paraguay con los Estados Unidos que molestan a Lula, pero en lugar de mencionarlos, elige expresar su molestia de otra manera.

La firma del acuerdo SOFA y los nuevos convenios de seguridad son aspectos que desagradan a Lula, aunque no lo diga abiertamente.

“Si Lula menciona estas cuestiones más actuales que amenazan la seguridad de Brasil que tienen que ver con Paraguay, tiene que mencionar a Estados Unidos. Entonces, también eligió el camino fácil, eligió un conflicto histórico hace 160 años con Paraguay sabiendo que también la respuesta de Paraguay podría haber sido un poco menor que lo que podría ser abrir un conflicto mucho más grande con Estados Unidos”, opinó la analista internacional.

Respecto al silencio diplomático en Paraguay, Heduvan lo interpretó como prudencia por un lado, pero también consideró que nuestro país podría haber utilizado algunos de los mecanismos como una llamada de consulta al embajador, una nota para cuestionar un poco.

De haber hecho esto desde el principio, Paraguay habría evitado crecer en los roces que está teniendo con Brasil.

Por su parte, el analista político Mario Paz Castaign está convencido de que no es casualidad que Lula haya hecho estas declaraciones, pues el presidente brasileño se encuentra inmerso en un proceso electoral que termina en octubre.

“Él tiene una línea en la que quiere rescatar las consignas históricas de la sociedad brasileña, la autodeterminación, patria, soberanía, el nacionalismo incrustadas en el deber ser del pueblo brasileño”, opinó.

También mencionó una coincidencia muy importante relacionada con el factor económico: empresas brasileñas que están trasladando sus inversiones al Paraguay, lo que genera la captación de un flujo financiero.

“A raíz de la maquila y de otras radicaciones industriales, están en lo que va del año fluctuando los valores de importaciones y exportaciones alrededor de USD 4.000 millones y eso también juega parte de la historia”, comentó.

Paz Castaign cree que la respuesta de la Cancillería fue un poco tardía y que debió pronunciarse mucho antes.

La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N° 408/2014, normativa que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y promueve la estrategia de Basura Cero. Este marco legal faculta a la comuna asuncena a fiscalizar la correcta eliminación de los desechos en todo el ejido urbano y a aplicar las penalizaciones correspondientes.

Sin embargo, el alcance de las fiscalizaciones trasciende el plano municipal cuando se detectan faltas severas. El marco legal nacional contempla en el artículo 200° del Código Penal castigos específicos para quienes viertan, almacenen o traten desechos de manera indebida, siempre que estas acciones pongan en riesgo la pureza del agua, el aire o el suelo.

A esto se le suma la Ley N° 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, con especial énfasis en el vertido no autorizado de efluentes industriales y la mala gestión de residuos hospitalarios o laboratoriales.

Desde la comuna trabajan de manera articulada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio Público, estamentos encargados de intervenir ante indicios de la comisión de hechos punibles.

Desde el municipio enfatizaron que los operativos de control continuarán de forma estricta en distintos puntos de Asunción. Las autoridades apelaron a la conciencia de los frentistas y del sector privado.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.