Esta mañana se llevó a cabo un encuentro entre el presidente de la República y varios extitulares del Ministerio de Hacienda, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De la reunión participaron Germán Rojas, Benigno López, Manuel Ferreira, Miguel Gómez, César Barreto, Óscar Llamosas, Marco Elizeche y Juan José Galeano, además del actual ministro Óscar Lovera.

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En la ocasión, Peña y los exministros “evaluaron el presente y el futuro de nuestra economía”, según menciona el informe compartido por la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia.

Guillermo Grance, vocero presidencial, comentó a los medios que este espacio fue muy importante para la reflexión, además de permitir hacer una evaluación de las finanzas públicas desde que asumió el actual gobierno hasta el día de hoy.

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Los asistentes lograron compartir una mesa de diálogo que permite “aportar una doble perspectiva”, sumando la experiencia previa de Santiago Peña como titular de la cartera económica y su visión actual como jefe de Estado.

Esta cuestión resulta “fundamental para analizar a profundidad la situación de las finanzas públicas y trazar proyecciones económicas sólidas y responsables para los próximos años”, resalta el informe de prensa.

La Dirección de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del sector sur, lluvias dispersas hasta 22 °C.

El domingo continuará el tiempo fresco, cielo mayormente cubierto y vientos del sector sur. Las temperaturas irán de 13 °C a 19 °C.

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El lunes y el martes, las mínimas serán de 12 °C y las máximas de 17 °C y 18 °C, respectivamente, con probables lluvias dispersas en el segundo caso.

El miércoles se prevé un ambiente de fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur. La temperatura llegará a 25 °C.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.