En respuesta al trágico atentado que conmocionó al departamento de Canindeyú y dejó como saldo la pérdida de vidas humanas —entre ellas efectivos policiales y un civil—, la Policía Nacional puso en marcha un plan integral de reestructuración, asistencia a familiares y fortalecimiento de la seguridad en la zona.

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Como parte de los trabajos iniciados en los últimos días, las autoridades emprendieron las obras de refacción y reacondicionamiento del puesto policial afectado. En un gesto de homenaje y memoria institucional, la antigua estructura de madera será acondicionada para convertirse en un espacio conmemorativo y museo en honor a las personas caídas durante el ataque.

Por disposición del Crio. Gral. Insp. Ricardo Orué Salinas, director de Policía de Canindeyú, se concretó la rotación y el traslado total del personal policial asignado a la unidad hasta el día del atentado. La dependencia cuenta ahora con:

• Nuevo contingente: Equipos de agentes y personal renovado a cargo del puesto.
• Fuerzas de élite permanentes: Apoyo continuo de unidades tácticas del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).
• Renovación logística: Dotación de nuevos equipos tácticos y de comunicación para la cobertura preventiva en la zona.

ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL A LAS FAMILIAS

Paralelamente a los cambios operativos, autoridades de la Policía Nacional visitaron a los familiares de las víctimas para brindar contención e inicio de los trámites administrativos de asistencia legal y económica destinados a las viudas e hijos de los uniformados fallecidos. Asimismo, se coordinó la asistencia estatal para los familiares del civil que perdió la vida en el lugar del hecho.

Las tareas de obras en la sede policial y el despliegue de las fuerzas tácticas continúan de manera permanente en el departamento para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.

A partir del 14 de septiembre iniciarán los trabajos de reacondicionamiento y reparación de la calle interna de acceso al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital Central, según anunció la previsional en un comunicado.

La obra se ejecutará en el marco del contrato de “Rehabilitación Vial del Hospital Central del IPS”.

La fecha estimada para la culminación es el 14 de octubre, aunque esto podría variar y prolongarse de acuerdo con las condiciones climáticas.

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El acceso vehicular permanecerá cerrado y el tránsito será redireccionado por vías alternativas, a fin de garantizar la seguridad y facilitar la circulación dentro del predio hospitalario.

El percance sucedió este sábado sobre la ruta PY 02, a la altura del km 3,4, donde un camión que transportaba mercaderías de cervepar perdió el control.

El conductor había salido a las 6:40 de esta mañana de Minga Guazú rumbo a San Alberto, norte de Alto Paraná.

Al alcanzar una rotonda, el camión chocó y volcó, tras lo cual quedó incrustado contra un cartel.

El comisario interviniente informó que la empresa Cervepar alquila el servicio de transporte de una firma tercerizada, es decir, tanto el camión como el chofer son de dicha empresa.

“Pretendía hacer la rotonda, momento en que, no sabemos si por fallas mecánicas o por qué circunstancias, pasó esto”, comentó el uniformado, en un contacto con Telefuturo.

Por su parte, los bomberos tuvieron que utilizar equipos hidráulicos y varias herramientas para rescatar el cuerpo sin vida del conductor de 44 años.

Una jueza de Paz de La Encarnación, un actuario judicial, una ujier notificadora y una abogada están acusados por el Ministerio Público.

Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce Rolandi y Leonardi Guerrero solicitaron juicio contra estas cuatro personas por prevaricato, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, además de formas de participación como complicidad e instigación.

El caso investigado corresponde a la tramitación de una acción preparatoria de juicio ejecutivo basada en siete pagarés que habrían avanzado sin conocimiento de la mujer demandada, lo cual afectó su derecho a la defensa.

ELEMENTOS

Una notificación supuestamente fue realizada el 14 de junio de 2024 en San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, la ujier que informó haber practicado la diligencia cumplió funciones ese día en el Juzgado de Paz de La Encarnación y no registró salida del Paraguay. Pese a ello, la notificación habría sido considerada realizada “en legal forma”, lo que permitió la continuidad del proceso ejecutivo.

Este es uno de los elementos recogidos en la pesquisa, entre varios otros que serán expuestos en el juicio oral, una vez que se confirme le petición del Ministerio Pública de elevar la causa a dicha instancia.