El ministro de Economía, Óscar Lovera, confirmó en conversación con Universo 970 AM que el Poder Ejecutivo mantuvo una mesa de discusión con exministros de Hacienda con el objetivo de “tener un retorno del trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Al inicio del mandato, el Gobierno concretó la emisión de bonos por USD 600 millones para cancelar pasivos acumulados. Un diagnóstico elaborado en diciembre de 2023 reveló obligaciones pendientes con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por USD 280 millones y con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) por USD 320 millones. Dentro de la cartera sanitaria figuraban además contratos en ejecución de la administración anterior por USD 260 millones.

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Debido a “un proceso de expansión de la oferta pública sanitaria y también una mayor demanda de la población”, la deuda total trepó a un monto superior a los USD 1.270 millones. Frente a esta cifra, el Fisco aplica cronogramas de pago e implementa la cesión de derechos de cobro para “ponerse al día con los proveedores y generar una dinámica que no genere nuevas deudas”.

UN CAMINO DE AJUSTE FISCAL HACIA EL 2028

El plan de pagos impactará de manera directa en el presupuesto nacional. Lovera explicó que este esquema “genera una presión adicional fiscal para el año 2026 y el 2027”, período en el cual las proyecciones ubican el déficit fiscal (indicador que mide la brecha existente cuando los gastos del Estado superan a sus ingresos) con un saldo que “estaría por el 3 % encima del PIB”.

Esta brecha presupuestaria representa una consecuencia directa de la gestión anterior, período en el cual rompió el tope del 1,5 % permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal a causa del incremento del gasto público y el fuerte endeudamiento.

Con el nuevo esquema de pagos, la cartera económica busca retornar de forma paulatina a ese límite legal. El ministro detalló que el plan financiero contempla “una expectativa de retorno para el 1,5 % para el año 2028, al finalizar la administración de Peña”.

La medida se ampara en la Ordenanza Municipal N° 408/2014, normativa que regula la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y promueve la estrategia de Basura Cero. Este marco legal faculta a la comuna asuncena a fiscalizar la correcta eliminación de los desechos en todo el ejido urbano y a aplicar las penalizaciones correspondientes.

Sin embargo, el alcance de las fiscalizaciones trasciende el plano municipal cuando se detectan faltas severas. El marco legal nacional contempla en el artículo 200° del Código Penal castigos específicos para quienes viertan, almacenen o traten desechos de manera indebida, siempre que estas acciones pongan en riesgo la pureza del agua, el aire o el suelo.

A esto se le suma la Ley N° 716/96, que sanciona los delitos contra el medio ambiente, con especial énfasis en el vertido no autorizado de efluentes industriales y la mala gestión de residuos hospitalarios o laboratoriales.

Desde la comuna trabajan de manera articulada con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio Público, estamentos encargados de intervenir ante indicios de la comisión de hechos punibles.

Desde el municipio enfatizaron que los operativos de control continuarán de forma estricta en distintos puntos de Asunción. Las autoridades apelaron a la conciencia de los frentistas y del sector privado.

De acuerdo con la hipótesis formulada por la Unidad Especializada en Delitos Económicos, la pareja realizó operaciones patrimoniales millonarias durante el periodo investigado que no guardan relación con sus salarios declarados.

Del total bajo la lupa, unos G. 1.617 millones corresponden a adquisiciones conjuntas, mientras que el saldo restante responde a movimientos individuales.

Los investigadores destacaron que el pico más alto de incremento patrimonial no sustentado coincide con la época en que uno de los procesados se desempeñaba como jefe de Inteligencia de la SENAD.

Además, habría incurrido en la producción de documentos no auténticos para la compra de un vehículo.

Entre los bienes detectados figura la compra de un automóvil de alta gama Volvo New XC60 T8, valuado en USD 85.000, cuyo pago se habría concretado abonando unos G. 620 millones en efectivo mediante fondos de origen desconocido.

A eso se le suma la adquisición de dos inmuebles en Villa Elisa, en uno de ellos se habría declarado en la escritura un valor de G. 170 millones, cuando la investigación señala que la operación real habría ascendido a los G. 765 millones.

La pesquisa del Ministerio Público reveló además la existencia de depósitos bancarios en efectivo por aproximadamente G. 419 millones y la cancelación de diversas deudas con dinero de procedencia no justificada. Además, los agentes identificaron una operación por G. 200 millones que fue convertida en un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA).

La medida fue oficializada tras una reunión entre la ministra de Salud, Dra. María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego, y los profesionales de la salud.

El documento firmado establece el compromiso de trabajar de forma conjunta para implementar un régimen de salario diferenciado destinado a médicos de alta complejidad y medicina crítica, incluyendo áreas de Anestesiología, Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular y Terapia Intensiva en sus vertientes neonatal, pediátrica y adultos, además de otras especialidades.

Para viabilizar el aspecto económico de este reajuste, las senadoras Cabrera y Samaniego se comprometieron a impulsar una propuesta técnica y legislativa que permita incluir el financiamiento dentro del Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo al documento, los fondos se prevén canalizar a través del Objeto de Gasto 183, correspondiente al “Fondo de Recategorización”, asegurando así la sostenibilidad financiera del salario diferenciado acordado.

Con este acuerdo, los profesionales especialistas no se adherirán a la huelga anunciada para los próximos 21 y 22 de septiembre.