De acuerdo con la acusación, la docente, en su carácter de profesora guía de un alumno de 12 años, habría omitido cumplir las obligaciones que le imponían la Ley n.° 4633/12 y, especialmente, el Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para Casos de Violencia entre Pares y/o Acoso Escolar, aprobado por Resolución n.° 8353/12 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Pese a tener conocimiento de reiteradas situaciones de acoso escolar que afectaban al estudiante, no habría activado el protocolo correspondiente.

En ese sentido, la acusada no habría comunicado los hechos a la Dirección de la institución ni a las autoridades competentes del MEC; tampoco habría elaborado el informe técnico correspondiente ni aplicado los indicadores previstos en el protocolo. Además, presuntamente no habría adoptado medidas urgentes de protección, implementado acciones de intervención ni realizado el seguimiento formal del caso. Estas omisiones, presuntamente, impidieron la activación del sistema institucional de protección previsto para situaciones de violencia entre pares.

Como parte de las diligencias, la fiscal Vivian Coronel dispuso la realización de una autopsia psicológica, herramienta técnico-científica que permitió reconstruir el estado emocional, conductual y psicosocial de la víctima durante el período previo a su fallecimiento. Mediante esta técnica especializada fue posible identificar indicadores sobre la evolución del deterioro psíquico del niño, establecer cronológicamente los hechos y verificar la existencia de señales de alerta relacionadas con el acoso escolar.

La investigación sostiene que las omisiones permitieron que el estudiante continuara expuesto a situaciones de hostigamiento escolar sin que se activaran oportunamente los mecanismos de protección establecidos por la normativa vigente. Como consecuencia, se produjo un progresivo deterioro de su salud psíquica, caracterizado por aislamiento, tristeza persistente, frustración, sintomatología depresiva, disminución del rendimiento académico, insuficiencia de la red de apoyo y aumento del riesgo suicida.

Asimismo, los antecedentes señalan que no se realizaron oportunamente entrevistas para determinar las causas del cambio conductual del alumno, ni se investigaron sus ausencias reiteradas o su solicitud de cambio de sección. Además, no se encontraron registros de la activación integral del protocolo ni de las comunicaciones obligatorias previstas en la Resolución n.° 8353/12, verificándose que dicho procedimiento habría sido activado recién con posterioridad al fallecimiento del niño. Tras reunir los elementos de convicción durante la investigación, el Ministerio Público sostiene que existen fundamentos suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que la conducta atribuida a la acusada reúne los presupuestos de tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad, motivo por el cual la fiscal Vivian Coronel solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

En ese sentido, la acusada no habría comunicado los hechos a la Dirección de la institución ni a las autoridades competentes del MEC; tampoco habría elaborado el informe técnico correspondiente ni aplicado los indicadores previstos en el protocolo.

Además, presuntamente no habría adoptado medidas urgentes de protección, implementado acciones de intervención ni realizado el seguimiento formal del caso. Estas omisiones, presuntamente impidieron la activación del sistema institucional de protección previsto para situaciones de violencia entre pares.

Como parte de las diligencias, la fiscal Vivian Coronel dispuso la realización de una autopsia psicológica, herramienta técnico-científica que permitió reconstruir el estado emocional, conductual y psicosocial de la víctima durante el período previo a su fallecimiento.

Mediante esta técnica especializada fue posible identificar indicadores sobre la evolución del deterioro psíquico del niño, establecer cronológicamente los hechos y verificar la existencia de señales de alerta relacionadas con el acoso escolar.

La investigación sostiene que las omisiones permitieron que el estudiante continuara expuesto a situaciones de hostigamiento escolar sin que se activaran oportunamente los mecanismos de protección establecidos por la normativa vigente.

Como consecuencia, se produjo un progresivo deterioro de su salud psíquica, caracterizado por aislamiento, tristeza persistente, frustración, sintomatología depresiva, disminución del rendimiento académico, insuficiencia de la red de apoyo y aumento del riesgo suicida.

Asimismo, los antecedentes señalan que no se realizaron oportunamente entrevistas para determinar las causas del cambio conductual del alumno, ni se investigaron sus ausencias reiteradas o su solicitud de cambio de sección. Además, no se encontraron registros de la activación integral del protocolo ni de las comunicaciones obligatorias previstas en la Resolución n.° 8353/12, verificándose que dicho procedimiento habría sido activado recién con posterioridad al fallecimiento del niño.

Tras reunir los elementos de convicción durante la investigación, el Ministerio Público sostiene que existen fundamentos suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que la conducta atribuida a la acusada reúne los presupuestos de tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad y punibilidad, motivo por el cual la fiscal Vivian Coronel solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Diez personas, cinco hombres y cinco mujeres, fueron beneficiadas este martes con cirugías gratuitas de cataratas en el Hospital Regional de Concepción, con lo que la cifra de pacientes intervenidos asciende a 114 desde el inicio del programa, el pasado 13 de abril.

Las intervenciones son realizadas todos los martes, con un promedio de entre ocho y diez cirugías por jornada, mediante un servicio especializado y sin costo para los pacientes.

El programa es impulsado por el Ministerio de Salud Pública, a través de la I Región Sanitaria, y busca ampliar el acceso a tratamientos oftalmológicos para personas que necesitan recuperar su capacidad visual.

Durante la jornada, el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, la ministra de Salud, María Teresa Barán, y la gobernadora de Concepción, Liz Meza, visitaron el Hospital Regional para conocer el funcionamiento del servicio y dialogar con pacientes y profesionales.

¿Cómo acceder a una cirugía gratuita de cataratas?

Las personas interesadas deben acudir de lunes a viernes al Hospital Regional de Concepción. El agendamiento se realiza en el día, a partir de las 06:00.

Posteriormente, los pacientes pasan por una evaluación en el Consultorio de Oftalmología, donde se realizan la consulta médica, los estudios prequirúrgicos y la valoración para determinar si requieren la intervención.

Los beneficiarios provienen de diferentes zonas del país, entre ellas Pedro Juan Caballero, San Pedro, Puerto Casado, Horqueta y varios distritos del departamento de Concepción.

Una cirugía de rápida recuperación

Las operaciones se realizan mediante facoemulsificación, una técnica considerada estándar para el tratamiento de las cataratas.

El procedimiento consiste en fragmentar mediante ultrasonido el cristalino que perdió su transparencia, a través de una pequeña incisión, para luego reemplazarlo por un lente intraocular plegable.

Se trata de una cirugía mínimamente invasiva que permite una recuperación rápida y una importante mejoría de la visión.

Desde el inicio del programa, los pacientes intervenidos han recibido el alta médica con evolución favorable, permitiéndoles recuperar su capacidad visual y mejorar su calidad de vida.

Con estas jornadas, Salud Pública busca descentralizar la atención oftalmológica y acercar cirugías especializadas, gratuitas y de calidad a pacientes que necesitan recuperar la visión.

La advertencia municipal surge tras una seguidilla de denuncias vecinales recibidas en las últimas semanas, las cuales alertaron sobre intervenciones ilegales en distintos puntos de la capital. Ante esta situación, el director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, recordó que el derribo de ejemplares debe ser siempre el último recurso, sujeto a una previa verificación técnica.

El titular de la dependencia ambiental explicó que las sanciones económicas se establecen según la gravedad del hecho y oscilan entre 20 y 2.700 jornales mínimos. Por esta razón, la comuna exhorta a los frentistas y propietarios a gestionar la consulta formal ante el municipio antes de realizar cualquier intervención.

Desde la Dirección de Gestión Ambiental recalcaron que no todo árbol con problemas sanitarios debe ser talado, ya que en muchos casos se pueden aplicar tratamientos fitosanitarios o podas controladas de sanitación.

La autorización para la remoción se reserva únicamente para situaciones irreversibles, como ejemplares completamente secos, huecos, con alto riesgo de caída inminente o pertenecientes a especies invasivas no recomendadas para el entorno urbano.

De forma paralela a las fiscalizaciones ciudadanas, la comuna lleva adelante un relevamiento continuo en avenidas, paseos centrales y plazas de la ciudad. Como resultado de estos monitoreos, se proyecta intervenir cerca de un centenar de árboles en espacios públicos que registran riesgo potencial.

Las autoridades destacaron el rol clave del arbolado como aliado esencial para mitigar las extremas temperaturas del verano capitalino, generar sombra y aportar frescura y oxígeno a los barrios.

A través de una carta abierta remitida a las autoridades, la organización advirtió que el nulo avance en los procesos de provisión deja a decenas de personas sin la posibilidad de someterse a este examen en el momento indicado por los médicos.

Desde el gremio remarcaron que el retraso se debería a deudas pendientes con los prestadores del servicio, por lo que urgieron medidas presupuestarias para destrabar las contrataciones y regularizar los compromisos asumidos.

Los representantes de APACFA destacaron que el acceso a este estudio no representa un privilegio, sino un derecho esencial para la salud de quienes luchan contra la enfermedad, señalando que cada día de demora se traduce en angustia y en la pérdida de oportunidades críticas para la efectividad del tratamiento.

“No estamos solicitando un privilegio. Estamos solicitando que los pacientes con cáncer puedan acceder a un estudio esencial para su atención en el momento en que lo necesitan. Los pacientes necesitan respuestas. Los pacientes necesitan acceder al estudio de PET Scan. Los pacientes necesitan que las soluciones lleguen ahora”, concluye el comunicado.

El pedido formal fue dirigido al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana, a la ministra de Salud María Teresa Barán y al ministro de Economía Óscar Lovera.